William Briones Loáisiga [email protected]
El ocho de abril próximo, vence el plazo para que la Comisión Especial para el Desafuero por solicitud judicial, de la Asamblea Nacional, dictamine las solicitudes para desaforar a unos 24 diputados, entre los que destacan Arnoldo Alemán, Marco Aurelio Sánchez, Donald Spencer, Miriam Fonseca y Eliseo Núñez Morales, así como algunos funcionarios públicos, como el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez.
Orlando Tardencilla, presidente de esa comisión, dijo que ya está suficientemente documentado cada uno de los casos que van a conocer y que a partir de mañana jueves que se instalen, será notificados cada uno de ellos, para que acudan a exponer lo que tengan a bien.
Aunque Alemán fue desaforado en diciembre pasado, por el caso de “la huaca” y el Canal 6, afronta otras tres causas por diferentes delitos: desacato a la resolución de una autoridad judicial que mandó a la Junta Directiva del Parlamento a darle trámite a una anterior solicitud de desafuero del mismo Alemán, delitos económicos, vinculados al famoso corralito y delito electoral.
Tardencilla rechazó que haya algún tipo de negociaciones con los diputados involucrados en estas investigaciones y que la prolongación para constituirse tenga alguna relación con la reciente aprobación del veto parcial al Presupuesto General de la República. “Yo he dado testimonios evidentes de que no aguanto presiones ni halagos. Más allá de cálculos partidarios, haremos caso omiso a esas cosas y nos concretaremos a la independencia de los criterios. Es más, quienes han presionado porque se instale la comisión, han sido los diputados liberales Oscar Moncada y Gabriel Rivera, para que salgamos de estos casos lo más rápido posible”, aseguró.
Explicó que el plazo de la comisión para pronunciarse a estas solicitudes formuladas por judiciales, se vence exactamente 47 días después de su instalación el jueves o sea el ocho de abril próximo.
“En el caso del diputado suplente Eliseo Núñez Morales, se le acusa de supuesta sustracción de documentos públicos, en (la Dirección General de) Aduanas. La acusación la interpone un funcionario de esa institución”, aseguró.
