- Caso de periodista de La Nación a la CIDH
ACAN-EFE
SAN JOSÉ.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó a Costa Rica ante la Corte Interamericana por una condena impuesta a un periodista costarricense, la cual considera violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Ésta será la primera vez en que Costa Rica figura como acusado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José.
El periodista Mauricio Herrera, quien trabaja para el diario local “La Nación” fue sentenciado, en lo penal, al pago de 120 salarios mínimos, y en lo civil al pago, solidariamente con el diario, de cerca de 200,000 dólares, en un fallo ratificado el 24 de enero de 2001 por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
“La Nación” informó ayer de que la Comisión presentó la demanda contra el Estado costarricense ante la CIDH, el pasado 3 de febrero tras considerar que la condena penal contra Herrera viola la Convención Americana de Derechos Humanos.
La sanción contra el periodista se dio a causa de informaciones publicadas por Herrera en torno a Felix Przedborski Chawa, cuando éste se desempeñaba como embajador honorario de Costa Rica ante la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Herrera escribió una serie de artículos publicados por “La Nación”, entre mayo y diciembre de 1995, en los que reprodujo parcialmente publicaciones belgas que relacionaban al diplomático, de origen belga y nacionalizado costarricense, con supuestos actos ilícitos mientras desempeñaba el cargo.
En un documento de 47 páginas, la Comisión, con sede en Washington, solicita a la Corte que anule la sentencia contra Herrera del 12 de noviembre de 1999, dictada por el Tribunal Penal de San José y ratificada por la Sala Tercera.
Argumenta que la sanción penal contra Herrera es excesiva y desproporcionada, y provoca un efecto amedrentador “acallando la emisión de información sobre asuntos de interés público que involucran a funcionarios públicos”.
La Comisión también solicita a la CIDH que se ordene a Costa Rica modificar la legislación en materia de delitos contra el honor, por considerar que tal como está atenta contra la libertad de expresión, según publicó ayer “La Nación”.
