- Comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional los reunirá el miércoles
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La presidenta de la comisión parlamentaria de Asuntos Laborales, Alba Palacios, confirmó ayer que convocó a los representantes sindicales de los trabajadores del Estado a una reunión urgente para analizar las consecuencias negativas que conllevaría el cumplimiento de las amenazas del gobierno, de despedir al 40 por ciento de los empleados del sector público.
“Estamos citando para el miércoles a todos los sindicatos de las instituciones del Estado que puedan ser afectados por esta posición del gobierno, para discutir una posición conjunta con los trabajadores y evitar estas amenazas de despido porque consideramos que el presupuesto como está aprobado bien puede ajustarse para no afectar a los trabajadores de menor categoría”, argumentó.
El gobierno advirtió que adoptará como medida contingente el despido del 40 por ciento de los trabajadores públicos, en caso que el Parlamento no apruebe el veto al Presupuesto, porque de lo contrario, Nicaragua sería excluida del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y no obtendría el financiamiento para sufragar el déficit fiscal que asciende a 4.000 millones de córdobas.
Palacios informó que la Comisión Laboral definió tres prioridades para este año y que contempla la aprobación de leyes de indexación salarial de los empleados públicos, regulación salarial de los altos funcionarios estatales y la generación de empleos.
Explicó que la Ley de Indexación Salarial será promovida para favorecer a los trabajadores más desprotegidos, considerando que los servicios básicos, alimentos, transporte se han incrementado, en cambio, el salario mínimo se mantiene estático y se ha devaluado.
“Hay una Comisión Nacional de Salario Mínimo ineficiente que está presidida por el ministro del Trabajo, en donde los empresarios imponen que no se les suba el salario a los trabajadores; con la ley se pretende que en la medida que va subiendo el costo de la vida, el salario se vaya ajustando proporcionalmente, al menos con relación a la canasta básica”, expresó.
Paralelamente, agregó, iniciarán el proceso de dictaminar un proyecto de regulación salarial de los altos funcionarios públicos con el objetivo de bajar sus elevados ingresos para aumentarle a los trabajadores del Estado.
Dijo que el proyecto de generación de empleo contempla la promoción de una política articulada vinculada a la responsabilidad social de las empresas nacionales y extrajeras, así como a una legislación que establezca los elementos jurídicos para la creación ordenada de fuentes de trabajo.
