Noelia Sánchez Ricarte/[email protected]
RIVAS.- Un grupo de campesinos, originarios de la comarca El Astillero, municipio de Tola, solicitó recientemente al procurador general de Justicia en funciones, Francisco Fiallos, revise el proceso mediante el cual una propiedad de casi 100 manzanas, que fue asignada a ellos mediante Reforma Agraria, apareció en manos de un particular.
En comunicación enviada recientemente este grupo de campesinos expone al procurador Fiallos que la finca “San Martín”, antes de 1979 fue propiedad de Cornelio Hüeck, luego pasó a ser administrada por el Ejército Sandinista, institución que la tuvo en posesión y administración hasta 1995, fecha en que el área fue donada al Estado de Nicaragua.
La carta indica que mientras el Ejército estuvo en posesión de esta finca, “respetó el derecho de posesión que teníamos sobre un área de noventa manzanas” y fue hasta en 1995 que más de diez personas solicitaron el Título Agrario de esta propiedad.
En el año 2002, según consta en la comunicación, “se aprobó el plano y se otorgó el certificado catastral a favor del Estado para que se nos diera el título agrario”.
Pero ahí comenzaron los problemas, pues este grupo de campesinos conoció que existía un juicio para anular el título agrario que supuestamente había sido extendido en el año 1984 a favor del señor Carlos Castillo, quien aparecía como beneficiario de la misma área de terreno. Posteriormente Castillo vendió esta propiedad.
SORPRENDENTE
“No ha dejado de ser sorprendente que tenemos aproximadamente ocho años de luchar por nuestra tierra y en menos de dos meses el procurador de lo Civil, doctor Octavio Armando Picado, emitiera criterio jurídico sobre este asunto con el único propósito de darle legalidad a un título falso”, indica la comunicación.
Según este grupo de campesinos, el doctor Picado reconoció el título del señor Castillo como legítimo sin coordinarse con la Procuraduría de la Propiedad.
Este grupo de campesinos tiene en su poder una certificación del señor Marco Aurelio Centeno Caffarena, director general de la Oficina de Titulación Rural (OTR), emitida en el año 2000, la que indica que esa institución “no reconoce administrativamente la legitimidad” del título de reforma agraria a favor del señor Carlos Castillo González, “por no encontrarse ningún registro y antecedente de ningún tipo que demuestre la emisión del mismo”.
