- Al igual que en años anteriores,
las instituciones del Estado fueron señaladas como las principales violadoras de los Derechos Humanos, por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), sobre la que pende un recorte de personal
y la reducción de actividades en algunas regiones del país durante el 2003, debido al recorte presupuestario de medio millón de córdobas que le aplicaron este año.
Mariela Ferná[email protected]
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH) finalizó este año con la amenaza de recortar personal y con cerrar oficinas en algunas regiones del país durante el 2003, debido a la reducción que sufrió este año, de medio millón de córdobas en su presupuesto.
Benjamín Pérez, titular de esa institución, dijo que con los 15.5 millones de córdobas asignados en el presupuesto para el próximo año, no podrán alcanzar los objetivos propuestos para el 2003.
Pérez señaló que con esta reducción no podrán hacer presencia en la Costa Atlántica y en Jinotega, a como lo habían previsto.
También indicó que esta reducción los obligará a efectuar recortes de personal y los afectará en la operatividad de las delegaciones de Siuna, Bilwi y Bluefields.
Agregó que contrario a la lógica, en vez de aumentar el presupuesto de la institución para que ésta trabaje a su capacidad, el gobierno lo ha venido reduciendo.
En el 2000 la asignación presupuestaria fue de 20 millones, en el 2001 le redujeron siete millones de córdobas, dejándolo en 13 millones, y para el presente año fue de 16 millones de córdobas.
Pese a esta constante reducción presupuestaria, Pérez señaló que la Procuraduría ha tratado a toda costa de brindarle una buena atención a la ciudadanía.
“Se han tutelado los derechos de la población y hemos reclamado a las instituciones que los violentan”, expresó. Igual que en años anteriores, la PDDH señaló a las instituciones del gobierno como las principales violadoras de los Derechos Humanos.
INSTITUCIONES DENUNCIADAS
Entre las instituciones más denunciadas durante el 2002, ante la Procuraduría de Derechos Humanos destacan el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Cultura y Deportes, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Familia.
Cabe señalar que las principales denuncias que registró la PDDH fueron por violación al derecho a la educación, a la salud, a la indemnización, al seguro social, al derecho al trabajo, nivel de vida adecuado, libre circulación, libertad sindical, medioambiente sano y derecho a la vida, entre otras.
Pese a los pronunciamientos emitidos por esta instancia del Gobierno, las otras instituciones parecen haberle echo caso omiso a esto, pues desde inicio de año se vino exigiendo un mejor comportamiento de parte de éstas. A pocos días de finalizar el año la situación sigue igual.
Entre los comunicados que emitieron los procuradores fue en rechazo a los actos de corrupción que están en la palestra pública, señalando que ésta es producto de la frágil institucionalidad del Estado de Derecho, lo que facilita el abuso de algunos funcionarios y funcionarias públicas en el cumplimiento de los mandatos establecidos en las leyes y en la Constitución Política de la República.
TENSIÓN EN LA PDDH
A como dice un refrán “En casa de herrero cuchillo de palo”. Es importante señalar que hasta en la misma procuraduría se generó un conflicto, por supuesta violación a los derechos de los trabajadores de esa institución.
A mediados de año la Procuraduría se mantuvo bajo tensión luego que los procuradores especiales y el sub procurador Julián Corrales mantuvieran un rifi-rafa con el titular de los Derechos Humanos, Benjamín Pérez.
Violación a los derechos humanos, falta de ética, nepotismo y autoritarismo son parte de las acusaciones que le hizo el sub procurador Corrales a Pérez.
El conflicto se originó, luego que en una comisión presidida por los procuradores especiales, directores, sub procurador y el procurador, este último manifestó que la persona que quisiera pronunciarse en contra de sus decisiones, primero tenía que poner su renuncia y que después hablara.
Esta disputa entre las autoridades de la procuraduría creo una serie de pronunciamientos de parte de la sociedad civil, quienes manifestaron el apoyo a los procuradores especiales, para que no fueran destituidos de su cargo.
El conflicto se resolvió hasta que el procurador Pérez confirmó en sus cargos a los procuradores especiales, Carlos Emilio López, Patricia Independencia Obregón, Norman Bent y al sub procurador Julián Corrales.
Superada la crisis, la instancia encargada de tutelar los derechos humanos emitió una serie de pronunciamientos en contra de la corrupción y las alzas a los servicios básicos, entre otras violaciones.
CRISIS EN SALUD
Una de las acciones que realizó la procuraduría este año fue la presentación del estudio “La salud: derechos humanos de los y las nicaragüenses”, en que una vez más quedó evidenciada la crisis que viven los hospitales en materia de calidad de atención.
Uno de los principales hallazgos que arrojó el estudio fue la falta de medicinas en los centros de salud y hospitales.
Pese a que la Constitución demanda que la salud debe ser gratuita, principalmente para los sectores más vulnerables, el estudio mostró que más del 35 por ciento de los encuestados no tenía ningún ingreso económico y aún así les cobran un aporte “voluntario”, además debían pagar por servicios de exámenes, ultrasonidos, placas, etcétera.
La procuraduría condenó esta situación e hizo un llamado al Gobierno para que tomara cartas en el asunto; es la fecha y muchos centros hospitalarios siguen desabastecidos.
Asimismo recomendó que la salud se viera como inversión social, no como gasto. También sugirió al Estado y la sociedad llevar “un estricto control sobre el cumplimiento real de la gratuidad”.
MUERTES POR HAMBRE
Luego amenazó al gobierno con demandarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por violación al derecho a la vida y alimentación, del que son víctimas miles de matagalpinos que perdieron sus trabajos debido a la caída del precio internacional del café.
Durante el año se reportaron más de 35 muertes por hambre y más del 50 por ciento eran menores de edad y el resto personas con estados de desnutrición crónica.
Miles de campesinos amenazaron con venir a plantarse frente a la casa presidencial, si el gobierno no les daba una repuesta. Producto de esto se firmó el “Acuerdo de las Tunas”, donde el gobierno se comprometió a otorgarle tierras a los campesinos y alimentos por comida, entre otros beneficios.
El procurador de la Niñez y la Adolescencia, Carlos Emilio López aseguró que mientras no se les otorgue tierra a los campesinos, semillas y créditos, no se podrá resolver el problema de la hambruna en la región, por lo que señaló que una de las prioridades para el próximo año será verificar qué tanto ha cumplido el gobierno lo establecido en el “Acuerdo las Tunas”.
DEFENSA DE LA NIÑEZ
Ante la propuesta de los diputados de Camino Cristiano, de reformar el Código de la niñez y la adolescencia, en su libro tercero, Carlos Emilio López, con representantes de organismos que trabajan a favor de la niñez, lograron que esa propuesta no se discutiera en el plenario de la Asamblea, porque vendría a violentar los derechos de los menores.
Se logró montar una campaña de sensibilización y propaganda para que el código de la niñez fuese conocido en su plenitud, alegando que éste no sólo otorga derechos sino también deberes.
“No pedimos impunidad para los niños sino que se les trate como lo que son, niños” señaló en su momento el Procurador de la Niñez y la Adolescencia.
La propuesta hecha por Camino Cristiano fue que se penalizara a los menores de 13 años que cometieran delitos.
Otro avance en materia de la niñez, que obtuvo la Procuraduría, fue que asistiera una comisión de menores de edad a la Cumbre Mundial a favor de la niñez, celebrada en New York.
JUSTICIA PENDIENTE
Pese a los logros obtenidos este año, el procurador de la Niñez y la Adolescencia lamentó que no se aplicara el rigor de la ley a personas que cometieron delitos en contra de menores de edad, como el caso del asesinato de su hermana Cintya Escarlata López Blanco, donde el indiciado como autor material del crimen sigue prófugo de la justicia, pese a que está entre los 10 más buscados que Nicaragua ha circulado a nivel internacional.
Lamentó que a pesar que el niño de Achuapa señaló a las personas que abusaron sexualmente de él, las autoridades judiciales los absolvieron de toda culpa; y el caso de un leonés a quien le encontraron más de 600 fotos de menores en situaciones sexuales, por lo que lo condenaron a ocho años de prisión.
