Violencia contra menores: un mal regional

El problema de las pandillas juveniles y la explotación infantil son los temas comunes que deben enfrentar los cuerpos policiales de Latinoamérica, según los resultados finales de un encuentro de representantes policiales de la región celebrado en Nicaragua a finales del presente año.

Ahí se abordaron los principales problemas que aquejan a estos países, con el fin de compartir las experiencias y buscar soluciones al fenómeno.

Sin embargo, no todas las instituciones cuentan con la misma capacidad —humana y material— para enfocar su atención en un sector de la población regional que se ha convertido en un gran problema: los niños, niñas y adolescentes en riesgo.

Pese a las limitaciones, Nicaragua destaca en su experiencia para la atención de este sector en riesgo. No obstante, las autoridades de la Policía Nacional reconocen que no cuentan con un registro de la cantidad de niños en riesgo ni con las leyes a su favor.

Según el jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC), comisionado mayor Julio González, la Policía busca que el delito de la violencia intrafamiliar se convierta en un delito de acción pública, lo que permitiría a la institución actuar de oficio y evitar que se empuje a los niños a las calles.

Desde 1998, cuando se aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia, se conformaron las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia, lo que resultó en la creación de una subespecialidad en el área de investigación de hechos delictivos en contra de este sector, la Policía Nacional cuenta con un reglamento policial, mediante el cual establecen los deberes que tienen para con los niños y adolescentes.

FALTA INFRAESTRUCTURA PARA MENORES INFRACTORES

Además, según González, han capacitado a sus fuerzas en materia de Derechos Humanos a través de cursos impartidos sobre este tema en la Academia “Walter Mendoza”, para disminuir “lo más que se pueda el índice de violencia en contra de los menores”.

A la fecha, la Policía Nacional ha capacitado a un 60 por ciento de la fuerza policial en materia de protección de Derechos Humanos, pero pese a los avances en materia de niñez, la entidad policial no cuenta con los recursos económicos para la total aplicación del Código; la falta de dinero les impide construir los pabellones exclusivos para menores infractores y los centros de rehabilitación, por lo que los jóvenes transgresores de la ley salen libres e incurren de nuevo en delitos.

EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL CRECE

Denuncias de Organismos no Gubernamentales, comprobadas por la Policía Nacional, indican que en Nicaragua la explotación sexual a menores es uno de los principales casos de violencia que se registra contra los menores de edad.

Esta explotación se da principalmente en los nigth clubs, pero según el comisionado González, no le compete a esta institución actuar en contra de este hecho, sino al Ministerio de Gobernación.

“Hemos tenido conocimiento de adolescentes que han sido trasladadas a Guatemala con fines sexuales, pero esto es difícil de detectar porque estas menores se van por su voluntad, no son secuestradas, al contrario, creen que van a trabajar y a ganar mucho dinero”, afirmó González

Por su parte, Carlos Emilio López, Procurador Especial de la Niñez y la Adolescencia, reconoció la labor de la Policía, aunque señaló que les hace falta mucho en cuanto a la infraestructura, pues todavía no se han podido establecer los centros de rehabilitación ni los pabellones exclusivos para menores.

“Ellos se han capacitado, hay un mejor trato para los menores, aunque a veces se dan abusos de autoridad, pero esto es algo que vamos a ir superando poco a poco, lo importante es que la Policía ya reconoce los derechos de los menores de edad”, dijo el Procurador de la Niñez y la Adolescencia.

HONDURAS TRAS DELITO DE TRATA DE BLANCAS

Pero si a la Policía de Nicaragua le va mal, en Honduras las cosas están peor. A inicios de 1995 en este vecino país se registraron varios casos de tráfico de órganos de menores, por lo cual se capturó a varias personas, entre las cuales estaban profesionales del Derecho que se prestaron para cometer este tipo de delitos, afirma Sulma Selenia Reyes Amaya, inspectora de la Policía hondureña.

Además de combatir la explotación sexual infantil, uno de los principales flagelos que afecta a la niñez y adolescencia hondureña es la trata de blancas, de lo cual son víctimas muchos niños y niñas de ese país.

Actualmente esperan el regreso de unos 24 niños que iban a ser vendidos en México y El Salvador.

Según Reyes Amaya, desde hace tres años la Policía hondureña en coordinación con un organismo no gubernamental que protege a los niños, desarrolla un programa de atención a menores en riesgo de explotación sexual, mediante el cual han logrado rescatar de las garras de proxenetas a unos 70 niños y niñas.

PANDILLAS: UN DOLOR DE CABEZA

En Honduras, los delitos más comunes cometidos por menores de edad son daños a la propiedad, lesiones y homicidios. Este último delito está íntimamente ligado al problema de las pandillas.

Uno de los avances que señaló Honduras en cuanto al tema de la niñez y la adolescencia, es que de los 19,000 agentes del orden que tienen, 285 policías son destinados al servicio juvenil y de familia.

Cabe señalar que Honduras, a diferencia de Nicaragua, cuenta con una ley del menor infractor, la cual establece una pena máxima de siete años. También cuenta con jueces de menores y centros de internamiento para los jóvenes infractores. Sin embargo, los índices de delitos cometidos en Honduras por menores son casi el doble que los que ocurren en Nicaragua.

GuATEMALA ANALIZA SU CÓDIGO

En Guatemala la situación de violencia en contra de menores es similar al resto de países de Centroamérica. El comisario de la Policía de Guatemala, José Recino Orozco, expresó que en su país los menores de 12 años son imputables, por lo que el padre o el tutor deben responder por los delitos que éstos cometen, debido a que los menores de 12 años no pueden permanecer en una cárcel.

Mientras que los mayores de 12 años, infractores de la ley, son recluidos en cualquiera de los siete centros de rehabilitación que existen en dicho país.

Al igual que en Nicaragua, los policías guatemaltecos estudian el Código de la Niñez y la Adolescencia en la academia de formación de nuevos cadetes.

NIÑOS PANAMEÑOS VÍCTIMAS DE MALTRATO INFANTIL

Panamá es uno de los pocos países que cuenta con una Dirección de Policía de la Niñez y la Adolescencia, que trata de manera exclusiva los problemas de este segmento de la población.

Así mismo, existe un Código de la Familia que señala los deberes de los padres para con sus hijos, los derechos y obligaciones que éstos tienen. Aun así, los niños siguen siendo agredidos en sus propios hogares.

María Angélica de Celis, Directora de la Policía de la Niñez y Adolescencia de Panamá, aseguró que actualmente han tramitado decenas de casos de maltrato infantil comprobado, en donde se está estudiando la posibilidad de juzgar a los culpables. Mientras tanto, los menores permanecen bajo la custodia del gobierno.

Uno de los avances que señala Celis, y que está contenido en un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en materia de niñez y adolescencia, es que en Panamá no existen niños de la calle, sino en la calle, es decir, que durante el día permanecen fuera de su hogar, ya sea para trabajar o deambular, pero por las noches regresan a sus hogares.

Agregó que no hay registro de tráfico sexual, trata de blancas ni de pandillas.

COSTA RICA A LA CABEZA

Al igual que Nicaragua, Costa Rica aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia en 1998, sin embargo, cuenta con más instrumentos legales, como infraestructura física y recursos para hacerlo cumplir.

El comisario costarricense Mario Caldera, Director de las Unidades Especializadas de ese país, aseguró que ya cuentan con 10 tribunales para jóvenes infractores y con los institutos de rehabilitación para menores.

Agregó que en la mayoría de los casos los menores infractores no van a juicio, sino que hay un proceso en donde se llega a una conveniencia entre las partes, lo que ayuda a que este menor logre incorporarse rápidamente a la sociedad. Señaló que para este proceso cuentan con 20 especialistas en temas de la niñez.

Según Caldera, aunque no hay cifras exactas de cuántos son los menores infractores en Costa Rica, estiman que no superarán los 80.

TRáFICO DE MENORES EMPIEZA A PREOCUPARLOS

Pese a que el índice de menores infractores en Costa Rica es menor que en el resto de países latinoamericanos, la pena máxima que establece el Código para un menor de edad es de 10 años.

El alcohol y la marihuana son las drogas más consumidas por los jóvenes costarricenses, según Caldera, quien, sin embargo, destaca que no registran problemas de pandillas, aunque sí señaló que los robos menores son los principales delitos cometidos por adolescentes.

Agregó que no hay registro de tráfico de menores y las adopciones hasta la fecha se han dado bajo los tramites normales.

Lo que sí señaló con preocupación es el incremento de los casos de explotación sexual de menores y adolescentes. “Estamos preocupados, se está trabajando fuerte para ver de qué manera se puede combatir este fenómeno”, manifestó Caldera.

LAS PELIGROSAS “MARAS” SALVADOREÑAS

Las pandillas constituyen uno de los problemas que más preocupa a las autoridades de El Salvador. A criterio de Eveling de los Ángeles Mallorquín, Inspectora de la Policía de El Salvador, las pandillas están aplicando una “operación limpieza” entre ellas mismas, cometiendo homicidios de pandilla a pandilla, lesiones y desórdenes públicos.

Pero el problema más grave que según Mallorquín enfrentan en ese país son las bandas del crimen organizado, denominadas “maras”, las que en la mayoría de los casos trascienden las fronteras.

BRASIL: FALTA POLÍTICA DE ESTADO

Pese a ser el primer país de Latinoamérica que aprobó el Estatuto del Niño y el Adolescente, Brasil —principalmente en Río de Janeiro— es uno de las países que registra todo tipo de delitos en contra de los menores, desde explotación sexual, problemas de pandillas y trata de blancas hasta tráfico de órganos.

“De nada sirve que haya una delegación preventiva para adolescentes, que los menores infractores sean sometidos a medidas socioeducativas con privación de libertad, si no hay una política de Estado que ayude a resolver verdaderamente este problema”, indicó el comandante de la Policía de Río de Janeiro, José Augusto de Oliveira.

Cabe señalar que Brasil es el país latinoamericano que contempla el castigo menor para los adolescentes infractores: dos años de prisión en un centro de rehabilitación.

Pero aun así, Oliveira afirma que hay muchos menores en la calle, principalmente en los semáforos, por lo que señaló la urgencia de políticas públicas en salud y educación en esta región.

Las drogas que más consumen los menores brasileños son el pegamento, alcohol, marihuana y cocaína.

PARAGUAY CON NUEVO CODIGO

Sin duda alguna, Paraguay es el país que más tardó en contar con su Código de la Niñez y la Adolescencia, que fue aprobado el año pasado. Pese a la tardanza en la aprobación de este documento, este país ya cuenta con la infraestructura para su cumplimiento.

“Ya hay tres jueces de menores, se está criando un nuevo juzgado, hay Fiscalía de Menores y Fiscalía de Infractor de Menores, así como dos centros de rehabilitación, para evitar en lo posible que el menor sea privado de su libertad”, anunció Juan Ángel Santacruz, Comisario Principal de Paraguay.

Santacruz dijo que antes existía la pena de muerte para los menores infractores y, además, se consideraba penas de hasta 30 años. Con el Código se suspendió la pena de muerte y se impuso una pena máxima de 25 años, siendo el país con la pena más alta para los menores infractores .

En cuanto a los delitos que cometen los menores, Santacruz señaló las lesiones, daños a la propiedad y robo.

Aunque dijo que no existe registro de tráfico de menores, señaló que están detectando un alza en los delitos de explotación sexual, por lo que solicitaron al Congreso modificaciones a las leyes, que permitan actuar en contra de los explotadores.

DOMINICANOS QUIEREN REFORMAR EL CÓDIGO

Un aumento de dos a cinco años en la pena máxima para los menores infractores es la solicitud de miles de pobladores de República Dominicana, quienes claman que se reforme el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, aprobado en 1994.

Gilsia Dolores León de Hernández, Teniente Coronel de la Policía de República Dominicana, señaló que a pesar de contar con la infraestructura para la aplicación del Código, la pena máxima de dos años no es suficiente para los adolescentes infractores de la ley.

República Dominicana cuenta con cuatro cárceles preventivas para menores, un Instituto de Niñas, un Centro de Evaluación de Menores, un Centro Integral para Menores y un centro de reeducación.

Los delitos más cometidos por los menores son el robo con intimidación, alteración al orden público, lesiones y daños a la propiedad.

Dominicana tampoco escapa a la explotación sexual de menores, y según León éste es un fenómeno que enfrentan todos los países latinoamericanos.