- En un Juzgado de León acusaron criminalmente a funcionario de Tritón Minera, juez Local de Malpaisillo y jefes policiales
Mercedes Peralta/[email protected]
LEÓN.- Los representantes y funcionarios de la Empresa Tritón Minera, su asesora legal, la Juez de Malpaisillo y varios jefes policiales fueron acusados criminalmente por obreros y pobladores de Mina El Limón, por los presuntos delitos de lesiones dolosas, exposición de personas al peligro, amenazas condicionadas, robo con violencia en las personas, daños en la propiedad y abuso de autoridad.
Entre los funcionarios de Tritón Minera acusados se encuentran el norteamericano Robert Byrd, Róger Labonte, Ross Lane, Pablo Benturo Tord Ardvidsson, Leonel Silva y el gerente Omar Vega Sevilla; la asesora legal Dra. María Elena Palacios y la Juez Local Único de Malpaisillo, Jazmina Serena López Urbina.
Además, el segundo jefe de la Policía de León, subcomisionado Miguel Ángel García, los subcomisionados César Díaz Baltodano, Leonel Guerrero Vallejos, Javier Chávez, Leonardo Carmona Pineda y Oscar Mayorga, entre otros.
Mientras, entre los ofendidos figuran las personas que se encontraban detenidas y a quienes el Juez Primero de Distrito del Crimen de León, Douglas Toruño Téllez, les revocó la orden de arresto “por no encontrar mérito suficiente para su detención”; además Jorge Luis Vega, secretario general del sindicato de Mina El Limón, contra quien existe un proceso judicial.
La acusación la introdujo ayer ante el Juzgado Primero de Distrito del Crimen de León, el abogado Pánfilo José Orozco Izaguirre, acompañada de un poder especial para acusar, otorgado en Mina El Limón por sus mandantes, ante los oficios del notario Vicente Maltez Montiel.
Tras una relación del conflicto laboral suscitado entre los obreros mineros y funcionarios de la Empresa Tritón Minera, el abogado Orozco Izaguirre señala con detalle los hechos ocurridos el 23 de noviembre en el poblado de Mina El Limón, cuando se presentó la Juez Local Único de Malpaisillo, Jazmina Serena López y la doctora María Elena Palacios Pastora, con los jefes policiales, subcomisionados César Díaz Baltodano y Javier Chávez.
En su escrito señala que éstos sostuvieron una reunión en el interior de la empresa con los funcionarios mineros y que “la judicial quiso con su presencia legalizar la actuación ilícita de los jefes policiales y demás efectivos de la Policía”.
PRESUMEN MONTAJE DE LA EMPRESA
Agrega que la juez salió de la empresa minera escoltada por casi quince policías, quienes presuntamente provocaron a los huelguistas y pobladores al tomar frente al parque al obrero Marlon González, “golpeándolo bárbaramente, lo que provocó que los pobladores se aglomeraran y protestaran por la actitud policial”.
Asegura que la juez “estimuló con sus palabras y actitud personal a los policías para que agredieran y golpearan a trabajadores y pobladores; mientras los directivos de Tritón Minera junto a los policías reforzados por antimotines procedieron a provocar a los pobladores, que al contestar los insultos, recibieron una lluvia de bombas lacrimógenas”.
LISTA DE DELITOS
Detenciones, golpes y otras situaciones como “el estado de sitio” que violan los derechos humanos y han dejado lesiones psicológicas, son señalados en el libelo acusatorio, donde se detallan como víctimas de asfixia por los gases de las bombas lanzadas en el pueblo, a Génesis Anahí López y Rafaela Mendoza Mendoza, de nueve y dos meses de edad, respectivamente.
Los delitos de amenazas condicionadas fueron presuntamente cometidos por los subcomisionados César Díaz y Javier Chávez en contra de Jorge Luis Vega, mientras policías no identificados supuestamente amenazaron a Nelson Alcides Betanco Sánchez y Ángel Medina Rivera, quienes sufrieron intoxicación por gases.
En tanto, los daños a la propiedad se le atribuyen a fuerzas antimotines, en contra de un vehículo propiedad del sindicato minero y la muerte por efecto de gases lacrimógenos, entre cerdos, aves de corral y otros animales domésticos.
“Abuso de autoridad en perjuicio de los trabajadores de la Empresa Tritón Minera, porque las autoridades policiales impusieron estado de sitio sin orden legal superior, los días sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de noviembre del año en curso”, detalla la acusación en contra de los funcionarios de Las Minas, y miembros la Policía Nacional en León.
