- Presidente tiene potestad de vetar decreto
ACAN-EFE
SAN SALVADOR.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un decreto que prohíbe la privatización del Seguro Social y la concesión de servicios de salud en el mismo a la empresa privada, contrario a lo esperado por el Gobierno que había presentado un plan para reformar la institución en esa dirección.
El “Decreto de Garantía Estatal de la Salud y la Seguridad Social” fue aprobado la noche del jueves con 53 votos de los 84 diputados que conforman el Parlamento, sin el aval de la gubernamental Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha).
El decreto establece que la Salud Pública y la Seguridad Social son bienes públicos y es obligación del Estado garantizarlos, y considera que éstos son todas aquellas prestaciones y atenciones que proporcionan los hospitales del ISSS y de la red hospitalaria nacional que administra el Ministerio de Salud.
El mismo prohíbe la privatización, concesión, compra de servicios, subcontratación o cualquier modalidad que se encamine a transferir a entidades privadas la prestación de los servicios de Salud Pública o Seguridad Social y la red nacional hospitalaria.
UNA EXCEPCIÓN
Sin embargo, permite la compra de servicios privados de diagnóstico por imagen y laboratorios que las instituciones no dispongan, en casos de emergencia ocasionados por una epidemia que afecte al país o por calamidad pública causada por desastres naturales.
El decreto también permite la compra de servicios privados en caso de enfermedades cuyo tratamiento no pueda ser ofrecido por las instituciones del sistema nacional de salud y del ISSS.
Los partidos de oposición aprobaron el decreto con base a la petición hecha por el Sindicato de Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), que mantiene desde hace un mes una huelga en contra de la privatización de la institución y ha advertido que la mantendrá hasta que la medida legislativa se convierta en ley.
La Constitución establece que todo proyecto de ley aprobado se enviará a más tardar dentro de diez días al Presidente de la República y si éste no tuviera objeciones lo sancionará y lo hará publicar como ley.
Agrega que si el presidente veta el decreto lo devolverá a la Asamblea Legislativa dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que lo recibió, explicando las razones por las que tomó la decisión.
En caso de veto, el Parlamento puede reconsiderar el proyecto de ley y ratificarlo con 56 votos y lo debe enviar al Presidente de la República que estará obligado a sancionarlo.
El secretario general del SIMETRISS, Ricardo Alfaro, manifestó ayer su satisfacción por la aprobación del decreto, pero dijo que la huelga se mantendrá hasta que el mismo se convierta en ley.
La huelga comenzó el 18 de septiembre pasado y desde el día 27 de ese mes grupos de médicos han abandonado seis hospitales del ISSS y dos nacionales en San Salvador, así como los hospitales de la seguridad social en las ciudades de Santa Ana y Sonsonate, en el oeste del país, y el de San Miguel, en el este.
