- Dice que no asistirá a reunión en la que modificarán la resolución que establece presunción penal por una sanción administrativa
- Asegura que mantiene su posición aunque sus colegas se echen para atrás
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
El contralor Luis Ángel Montenegro anunció su oposición a que sus colegas contralores modifiquen el acta del 19 de septiembre, en la que habían acordado establecer presunción de responsabilidad penal contra el reelecto presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas.
“Es una presunción de responsabilidad penal, si quieren mis colegas cambiarlo porque tienen nuevos elementos de juicio y consideran que se equivocaron en su fallo, tendrán que hacer una nueva reunión en la que yo, de antemano adelanto, no participo porque para mí es cosa juzgada”, dijo.
La ausencia de Montenegro no tendría ningún efecto en la decisión de la Contraloría, ya que el Consejo hace quórum con cuatro contralores.
Agregó que él tomó una decisión apegado a lo que dice el dictamen de los auditores de la Contraloría, que indicaba que en el libro de actas del CSE no estaba inscrita la resolución que ahora dicen que firmaron todos los magistrados de ese poder del Estado, autorizando donaciones de 18 mil dólares a monseñor Eddy Montenegro, cura párroco de la Iglesia Santa Marta.
“Estoy respetando el dictamen de la Dirección General Jurídica y el fallo que en conjunto tomamos. No puedo salir ahora a desmentirme a mí mismo porque sería vergonzoso”, precisó.
“Las leyes de la República nos mandan a nosotros precautelar los recursos del Estado y no a buscarles justificaciones. No hay justificación alguna, y Roberto Rivas tiene una responsabilidad penal”, dijo el contralor Montenegro.
Recordó el caso del ex ministro de Transporte e Infraestructura, Jaime Bonilla, que fue sancionado por la CGR con una presunción de responsabilidad penal por haber donado dinero de la Coerco y el MTI.
Montenegro no quiso comentar sobre el presunto acuerdo entre Daniel Ortega y el cardenal Miguel Obando y Bravo para salvar a Rivas a través de la Contraloría.
Tampoco hizo comentarios sobre el hecho de que la ley señala que los contralores serían cómplices en caso de no hacer cumplir y no aplicar las leyes del ente fiscalizador del Estado.
ARGUELLO DEFIENDE A RIVAS
Por su parte, el contralor Guillermo Argüello Poessy señaló que la diferencia entre el caso de Bonilla y Rivas radica en que existe un acta firmada por los cinco magistrados del CSE autorizando las donaciones a la Iglesia Santa Marta.
“No existe presunción de responsabilidad penal por enriquecimiento contra el licenciado Rivas, lo que existe es una presunción por haber hecho donaciones a la Iglesia Santa Marta”, expresó Argüello, tras señalar que ayer Montenegro no se presentó a la Contraloría y que lo estuvieron esperando para sostener una reunión y hablar del tema.
“No quisiéramos llegar a los extremos de no tener el quórum necesario para sesionar como en el Consejo Supremo, esperamos que él se presente, y si no le parece que vote en contra o se abstenga”, agregó Argüello.
“Si alguien piensa que el acta del Consejo Supremo Electoral es falsa que acuda a los tribunales de justicia. Nosotros no tenemos la autoridad para determinar la falsedad de un documento público”, dijo el contralor Guillermo Argüello al ser consultado sobre las declaraciones de Montenegro.
NI 10 MIL ACTAS JUSTIFICAN…
“Independientemente de que se inventen diez mil actas o asumiendo que fuera correcto que existe un acta firmada por los magistrados del CSE… nadie, ningún funcionario del Estado, ningún poder del Estado puede donar plata a particulares. Ninguno estamos facultados para donar los impuestos de los nicaragüenses”, agregó Montenegro.
