- La “batalla de las botas” inició cuando Intosa demandó por la vía civil a la empresa de trabajadores “Tenería y Calzado S.A.” (Tecalsa) por —supuestamente— ocasionarles daños y perjuicios en el orden de los C$15.9 millones de córdobas (aproximadamente U$1.1 millón de dólares), al usar de forma ilegal, las marcas e identificaciones de sus productos; entre éstos, la bota estilo “Standard” y la “Jungla americana”. Tecalsa niega que hayan usurpado dichas marcas
Jorge Loáisiga y Eduardo [email protected]
Una batalla judicial entre dos fábricas de botas, ha puesto al descubierto la nebulosa que todavía existe alrededor de las exoneraciones fiscales que recibe la empresa “Industrias Toro S.A.” (Intosa), perteneciente al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) del Ejército Nacional.
¿Quién controla las exoneraciones fiscales en gravámenes de importación que son otorgadas a las empresas del IPSM? ¿Cuánto deja de percibir el Estado por dichas exoneraciones? Estas preguntas han surgido luego que “Tenería de Calzado S.A.” (competencia de Intosa), denunció a esta última de beneficiarse de las exoneraciones fiscales que la Ley permite a las empresas del IPSM, para comercializar botas en el mercado nacional. Intosa, a través de su gerente general, Julián Salaverry, negó que sea así.
En el centro de la controversia está el inciso 5 del artículo 30 de la Ley de Justicia Tributaria y Comercial, que permite la exoneración de gravámenes de importación, a las empresas del IPSM.
La ley indica que “las importaciones de bienes, materiales, útiles e implementos destinados al Ejército de Nicaragua y a la Policía Nacional, utilizados en el cumplimiento de los fines que fueron creados por la Constitución y las Leyes”, estarán exonerados de impuestos de importación.
De acuerdo a las cifras oficiales de Aduanas, el Ejército importó en el 2001, US$731,481 dólares en materiales para la industria textil y del cuero, debiendo pagar C$1.56 millones de córdobas en impuestos, pero recibió una exoneración de C$1.39 millones de córdobas, pagando únicamente C$167,829 córdobas, es decir, el 10.7 por ciento del total de impuestos a pagar.
En 1995, en el contexto de la profesionalización de las fuerzas armadas, las cuales, de ser un brazo armado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se constituyeron en el Ejército Nacional, se promulgó el Código Militar, el cual contempló la creación del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).
Según el Código Militar y los Estatutos del IPSM, éste fue creado con la finalidad de organizar la seguridad social y el “mejoramiento económico y social” de los oficiales, clases y soldados del Ejército, para garantizar sus pensiones de retiro mediante la cotización a su propio seguro, aportaciones del Estado y gracias a las ganancias de las empresas pertenecientes a la institución armada; en las ramas de la construcción, ferretería y banca.
El Código estableció que el IPSM no tiene fines de lucro, estipulando en su artículo 92, que “todos los bienes, derechos y acciones que hubiere adquirido el Ejército y le pertenecieren a la fecha de la entrada en vigencia de este Código, pasarán a integrar parte del patrimonio del Instituto de Previsión Social Militar”. La Contraloría fiscaliza la operación del Instituto.
De este modo, La Chontal pasó a manos del IPSM. Esta operación, como los traspasos al IPSM, estuvo exenta de impuesto.
Sin embargo, el artículo 68 del Código Militar, también establece que “la porción del patrimonio del Instituto de Prevención Social Militar que genere rentas para el mismo no podrá recibir ningún tipo de privilegio o facilidad especial de parte del Estado o del Ejército que les permita operar con ventaja o competir deslealmente con las empresas del sector privado”.
Agrega: “Sus actividades, operaciones y rentas estarán sujetas a todos los impuestos y gravámenes que la ley establece. Los bienes, muebles e inmuebles destinados al uso del Instituto para su funcionamiento, las rentas del Instituto de Previsión Social Militar estarán exentas de impuesto”.
UNA BATALLA DE MARCAS
La “batalla de las botas” inició cuando Intosa demandó por la vía civil a la empresa de trabajadores “Tenería y Calzado S.A.” (Tecalsa), por —supuestamente— ocasionarles daños y perjuicios en el orden de los C$15.9 millones de córdobas (aproximadamente U$1.1 millón de dólares), al usar de forma ilegal, las marcas e identificaciones de sus productos; entre éstos, la bota estilo “Standard” y la “Jungla americana”.
La empresa “Industrias Toro” acusó a Tecalsa de usurpar sus marcas (“Standard Chontal”, “Jungla negra especial Chontal”, “Jungla lona verde especial chontal americana”, “Súper Standard Chontal”, “original Chontal”, entre otras. Tecalsa niega que hayan usurpado dichas marcas, pero las suyas también usan las palabras “Standard” y “Jungla”.
Julián Salaverry, gerente general de Intosa —también conocida como Industria Chontal y/o Complejo Industrial Gabriel Cardenal— mostró a LA PRENSA la similitud existente entre los logotipos de las bolsas y las cajas de empaque con que la Chontal comercializa sus botas, con los de Tecalsa.
“Han copiado nuestras marcas”, señala Salaverry, lo cual es negado por Tecalsa. La batalla por las marcas de las botas se dirime en el Juzgado Civil de Masaya.
TRES RAZONES SOCIALES Y UNA SOLA EMPRESA VERDADERA
En el escrito que el abogado de Intosa, David Lechado Castrillo, presentó al demandar por la vía civil a Tecalsa, el 29 de julio de 2002, aseguró que representaba a “Industrias Toro S.A. (Intosa), también conocida como La Chontal o Complejo Industrial “Comandante Gabriel Cardenal”.
Esta aseveración deja claro que los beneficios fiscales que recibe La Chontal, como fábrica de zapatos del Ejército son los mismos que recibe Intosa, pues se trata de tres razones sociales y una sola empresa verdadera.
LA PRENSA tuvo acceso a cuatro autorizaciones de exoneración de gravámenes a la importación, otorgadas por la Dirección General de Servicios Aduaneros, a nombre del Ejército Nacional, por la importación de materia prima para la fabricación de botas.
La materia prima para la fabricación de botas, comprende el P.V.C., el cuero, remache, cordones, la vaqueta (plantilla), hilos, etiquetas y productos químicos.
En el acta de constitución de Intosa aparecen como accionistas fundadores de la sociedad, el general Roberto Calderón Meza, inspector general del Ejército; el militar retirado, Carlos José Zarruk Pérez; y el gerente general de “Industria Chontal” o “Industrias Toro”, Julián Salaverry. Esto fue certificado por el Registro de la Propiedad de Managua el pasado seis de agosto.
La sociedad fue constituida el 26 de junio de 1991, ante los oficios notariales del abogado Adán Antonio Barillas Jarquín, con un capital social de C$20,000 córdobas de la época, dividido en 200 acciones. El general Calderón Meza aparece como portador de 100 acciones, Zarruk de 60 acciones y Salaverry de cuarenta acciones.
Hasta la fecha, no se refleja ningún cambio en la distribución accionaria de la sociedad anónima, según hizo constar el Registro Mercantil de sociedades.
Según Salaverry, el general Calderón y Zarruk ya no pertenecen a dicha sociedad anónima y los cambios en la sociedad se reflejan en el libro de actas de la misma.
El general Calderón confirmó a LA PRENSA que ya no es accionista de la fábrica de botas La Chontal, pues endosó las acciones al IPSM en 1999, cuando abandonó la jefatura de logística del Ejército Nacional. Dijo que la fábrica no es un negocio personal y que fue accionista de la misma en representación de la institución armada.
“Cuando llegué a Logística en el 92, se constituyó la comercializadora de botas Intosa, siendo sus directivos Julián Salaverry, Carlos Zarruk y yo, en carácter estrictamente oficial; cuando concluí mi labor en logística en 1999, endosé mis acciones al IPSM”, señaló Calderón.
En relación a las exoneraciones fiscales de gravámenes de importación, dijo que la única materia prima que ha importado La Chontal ha sido el P.V.C., para la fabricación de la suela de la bota, ya que el cuero se produce en la tenería de la fábrica.
Sin embargo, en las autorizaciones de exoneración a las que tuvo acceso LA PRENSA, se incluye la importación de etiquetas impresas, ojillos y remaches de acero y productos químicos, para la fabricación de botas.
El jefe del Ejército, Javier Carrión, confirmó a LA PRENSA la versión de Calderón. “Él no tiene nada que ver con eso”, dijo, “en lo absoluto”.
El general Calderón se quejó de que existe una campaña informativa en contra suya: “Si no es Chana es Juana, como dicen los mexicanos; como si yo fuera un político, pero insisto en que yo tengo mis cosas en regla”, dijo.
Zarruk no devolvió las llamadas de LA PRENSA.
EL DILEMA DE LAS EXONERACIONES
Industrias El Toro, Chontal y/o complejo Gabriel Cardenal, tienen el mismo domicilio, los mismos teléfonos y el mismo representante legal, David Lechado Castrillo, según consta en la demanda interpuesta por este último en contra de los trabajadores de Intosa.
Según facturas de comercialización, Industrias El Toro no solamente produce botas a favor del Ejército Nacional sino para comercializarlas en el mercado nacional, lo cual nada tiene que ver con “el cumplimiento de los fines creados por la Constitución y las leyes para” el Ejército.
Julián Salaverry, gerente general de Intosa, admitió a LA PRENSA que hacen uso de las exoneraciones de importación a nombre del Ejército, para adquirir materia prima para la producción de botas para los efectivos militares.
“Tenemos un acuerdo con ellos. Ellos nos autorizan a importar materia prima —a nombre del Ejército— para la fabricación de las botas. Se las vendemos a 68 córdobas, un precio muchísimo más barato que en el mercado nacional, donde está a 130 córdobas”, aseguró Salaverry.
Sin embargo, según los trabajadores de Tecalsa, las botas que produce Chontal se ofertan a C$75 córdobas en el mercado nacional, mientras ellos la comercializan a C$105 córdobas. “¿Cómo competir de esa manera?”, se preguntan.
Según Salaverry, Intosa no hace uso de las exoneraciones fiscales para introducir la materia prima con la que producen las botas que comercializan en el mercado nacional. Pero dudas razonables persisten.
El general Javier Carrión indicó que Industrias Toro les provee las botas para los soldados, a un precio de once dólares por unidad (C$158 córdobas aproximadamente), lo cual se contradice con la versión de Salaverry, quien asegura que se las ofrecen a C$68 córdobas. ¿Por qué la diferencia de noventa córdobas?
El jefe de las Fuerzas Armadas añadió que el Estado les financia únicamente siete dólares de los once que necesitan para comprar las botas, de modo que, “subvencionamos nosotros mismos la compra de nuestras propias botas”.
Pero según Salaverry, al Ejército se las ofrecen a US$4.7 dólares, de modo que hay una diferencia de US$2.3 dólares por bota. En cincuenta mil botas, esta diferencia equivale a US$115,000 dólares al año. ¿Y entonces?
INTOSA GANA MAYORIA DE LICITACIONES
Según el abogado de Tecalsa, Jairo Barrios Calonge, La Chontal es una empresa cinco veces más grande que la que él representa, con una capacidad de producción de unos 500,000 pares de botas al año, frente a unos 40,000 pares que produce Tecalsa.
“Esos remanentes de 460,000 pares los meten al mercado a un precio mucho más barato que el de nuestras botas”, insiste Barrios Calonge, lo que es negado por Salaverry, quien no quiso detallar el nivel de producción de Intosa.
“En una licitación de la Alcaldía de Managua, ellos ofrecieron en setenta córdobas cada bota y nosotros en noventa y cinco córdobas, entonces, ¿Cómo podemos competir pagando todos los impuestos?”, dice el trabajador, Manuel Sandino Navarro, quien ha laborado durante treinta y tres años en “Tecalsa”.
En cambio, el general Carrión aseguró que la producción de La Chontal alcanza las 50,000 ó 40,000 botas aproximadamente y que en la producción de botas para la comercialización nacional se pagan todos los impuestos que exige la ley.
De modo que, el Estado otorga el equivalente a US$350,000 dólares al Ejército para la compra de 50,000 botas, a siete dólares cada una.
Dijo que la controversia de fondo, “es un pleito comercial” por las marcas registradas. “Somos los primeros en querer todo en regla, en evitar caer en competencia desleal”, dijo el jefe militar a LA PRENSA.
Carrión confirmó que La Chontal tiene pagos atrasados al Instituto de Seguridad Social (INSS), correspondientes a las cotizaciones de sus trabajadores. También admitió que tienen problemas con la tenería de la fábrica porque ocasiona problemas al medio ambiente. Actualmente la tenería está cerrada.
“La industria no está modernizada, entonces la tenería, la seguridad laboral, el problema sindical, la administración misma, la contabilidad, todo eso lo estamos modernizando y mejorando, y llevamos ocho meses en esa dirección”, informó.
LA HISTORIA DE TECALSA
Originalmente llamaba “Centroamericana de Calzado S.A.” (Cecalsa), se especializó en la producción de calzado para niños y niñas, siendo constituida como sociedad anónima en noviembre de 1964, e iniciando sus actividades fabriles en mayo de 1965.
En ese entonces las instalaciones estaban ubicadas en el barrio “Países Bajos” de Masaya, donde antes había operado la Fábrica “Lorena”.
Durante la insurrección popular de septiembre de 1978 la planta fue saqueada e incendiada. Se perdieron todos los inventarios y el 75 por ciento de maquinarias y equipos.
En diciembre de 1979, al triunfo de la revolución sandinista, el Estado inició gestiones para adquirir la empresa. En febrero de 1980 “Financiera Industrial Agropecuaria”, que para entonces representaba a CECALSA, trasladó los derechos de administración a la “Corporación Industrial del Pueblo (COIP)”, ente que reactivó la empresa que estaba en la quiebra desde la insurrección de 1978.
En los años 90 mediante el proceso de privatización impulsado por el gobierno de Violeta Barrios y mediante la concertación nacional, la empresa pasó a manos de los trabajadores quienes hasta hoy la tienen en su poder, bajo una nueva sociedad anónima: “Tenería de Calzado” (Tecalsa). Uno de los antiguos trabajadores, Carlos García, ha acumulado acciones en los últimos años.
EL ORIGEN DE LA INDUSTRIA TORO
La Guardia Nacional (GN), el aparato militar de Somoza, instaló en los terrenos conocidos como “Jardines de Santa Clara”, en Managua, una empresa para la fabricación de sus botas militares bajo el nombre de “Fabrica Nacional de Cueros y Artículos Derivados” (Fancade).
En 1979, dicha empresa pasó a manos del Estado, siendo rebautizada con el nombre de “La Chontal”, o “Complejo Industrial Comandante Gabriel Cardenal”, dedicándose a la fabricación de botas para los soldados del entonces “Ejército Popular Sandinista” (EPS).
En 1991, la empresa del Ejército sufrió un cambio de razón social y pasó a llamarse “Industrias Toro Sociedad Anónima” (Intosa). La misma está inscrita en el registro mercantil de Managua, el número 18 075-B4, páginas 226 a la 238, tomo 679-B4, del Libro de Sociedades del Registro Público. Es una empresa adscrita al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).
