“Planes contrainsurgentes fomentaron los grupos irregulares colombianos”

TERCERA Y ÚLTIMA ENTREGA

¿Cuál es el origen del paramilitarismo en Colombia? El historiador colombiano, César Torres Del Río, demostró en su libro “Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional” cómo el primer Plan Contrainsurgente de las Fuerzas Armadas de Colombia, devino en la promoción de “autodefensas campesinas” en las regiones rurales del país. Fue como apagar un incendio con gasolina.

El plan contrainsurgente, conocido como “Plan Lazo” (1962), fue creado por el general Alberto Ruiz Novoa, pero tuvo un efecto boomerang, pues, a su juicio, promovió la organización político-militar de las guerrillas y de los paramilitares.

LA PRENSA conversó con el académico sobre el conflicto colombiano, las guerrillas y el paramilitarismo.

¿El Plan Lazo institucionalizó el paramilitarismo?

En mi opinión sí. Y es evidente porque, primero que todo, el fenómeno del paramilitarismo era un hecho en el país, que provenía del período conocido como “La Violencia”, en los años cincuenta.

En el Plan Lazo se permitía a los pobladores de los campos armarse para establecer una defensa frente a lo que se consideraba la principal amenaza para la democracia: las guerrillas. En ese sentido, el Plan Lazo —como está plenamente demostrado en el estudio— institucionaliza el fenómeno del armamento de las personas privadas. Se le echó gasolina a la hoguera, entre los años sesenta y setenta. Ahora, en los inicios del siglo XXI, el fenómeno se está repitiendo.

La operación militar “Marquetalia” se produjo en el contexto del Plan Lazo. Usted señala que esta operación contrainsurgente de alguna manera catapultó la oficialización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)…

Hay una estrecha relación, además histórica, entre el surgimiento de las guerrillas comunistas, el Plan Lazo, la Operación Marquetalia y la supervivencia de esas guerrillas. El Plan Lazo, en tanto que un plan nacional de carácter estratégico de largo alcance, pretendía solucionar el problema atacando la raíz, vale decir: la desigualdad social, la injusticia, la inequitativa distribución de la riqueza, etc. Sin embargo, el Plan solamente pudo ser aplicado en sus aspectos militares.

Con base en el Plan Lazo, se diseñó la Operación Soberanía, conocida como Operación Marquetalia, la cual fue un fracaso en términos militares, porque su intención era capturar a los jefes rebeldes, en particular a quien ya se le llamaba entonces “Tiro Fijo” (Manuel Marulanda). Y no se le pudo capturar. Se afectó a buena parte de la población civil. Y además, la consideración de que los problemas por los cuales luchaba ese reducto guerrillero no se hubieran resuelto llevó al surgimiento, dos años después, de las FARC. En mi opinión, el origen de las FARC, desde el punto de vista militar y de sus objetivos, se encuentra en la Operación Soberanía u Operación Marquetalia.

INSURGENCIA Y ESTATUTO DE SEGURIDAD

En Colombia, el antecedente inmediato de la implementación de un Estatuto de Seguridad Nacional es el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982), el cual estudia en su libro. ¿Cómo lo describiría? ¿Cuáles fueron las principales características de su lucha antisubversiva y cuáles fueron sus repercusiones?

El gobierno de Turbay Ayala marca el punto final de la politización de las Fuerzas Armadas. En virtud de ello, el gobierno de Turbay Ayala entrega todos los instrumentos y posibilidades legislativas para desarrollar militarmente sus operaciones. El Estado se encontraba amenazado por la violencia guerrillera del M-19 (Movimiento 19 de Abril), y debido a la presión del gobierno estadounidense, la vía militar se consideraba la más expedita para enfrentar la guerrilla. Paralelamente, Turbay Ayala dotó al Estado de un instrumento jurídico que recortó las garantías ciudadanas, las libertades democráticas, y la posibilidad de actuar libremente por parte de los colombianos, como fue el Estatuto de Seguridad. Este instrumento le otorgaba a las Fuerzas Armadas no sólo las prerrogativas para actuar sin control, sino que, además, impedía a los colombianos la posibilidad de la crítica y de la protesta en términos democráticos, frente a un Estado que demostraba los excesos que se podían cometer en virtud de que no se les podía controlar.

Con base en el Estatuto de Seguridad, el país vivió un período de tortura a los presos políticos como nunca había vivido. Los militares juzgaban a los civiles. Hubo cortes marciales de guerra contra los civiles alzados en armas. El más famoso fue el Consejo Verbal de Guerra contra los miembros del M-19, que en total sumaron penas de 400 años. Hubo juicio verbales de guerra a ciudadanos que podían estar involucrados en delitos comunes.

¿Se puede presentar un escenario similar durante el gobierno de Alvaro Uribe Vélez?

Es difícil. Hay una mayor participación de la sociedad civil que no permitirá una actuación de primer orden de las Fuerzas Armadas, si bien esta sociedad desea que las Fuerzas Armadas tengan un mayor nivel de éxito frente a los subversivos. La sociedad civil pide seguridad.

Se piensa que la idea del presidente Uribe de que un millón de colombianos asistan a las Fuerzas Armadas para mejorar la seguridad, podría promover el paramilitarismo. ¿Qué opina al respecto?

Ese es un peligro latente. Ojalá que ello no sea así. La comunidad internacional le pide que trate con cuidado el tema del millón de informantes. Sin embargo, en las condiciones actuales de Colombia, si no hay un control de la sociedad civil y de los organismos judiciales respectivos, esta idea puede derivar en un fenómeno paramilitar de consecuencias imprevisibles. Una medida de tales características nos convertirá en un Estado policíaco social: todos los colombianos sentiremos que nos vigilan por todas partes y entre nosotros mismos. Nuestros vecinos se pueden convertir en delatores de nuestras actividades. Llegados al extremo, hasta familiares denunciarán a familiares considerando que la seguridad del Estado está en peligro. En mi opinión, es una medida que no se debería llevar a cabo.

En declaraciones recogidas por el diario El Tiempo, el recién nombrado ministro de Justicia e Interior, Fernando Londoño, se refiere a los colombianos como “súbditos” y no como ciudadanos. Eso nos remite a la noción de súbditos del filósofo inglés Thomas Hobbes (1588-1679), cuya preocupación era el orden y la seguridad. ¿Estamos ante la conformación de un Leviatán (un Estado fuerte, autoritario) para Colombia?

Puede ser. Sobre todo porque tanto el ministro como el presidente electo han dado muestra de su dureza en relación al futuro inmediato de Colombia. Todo indica que sus medidas irán en ese sentido. Además de la naturaleza misma del ministro Fernando Londoño: belicosa, agresiva, elitista; considerando a los colombianos de segundo orden, y que la verdad revelada la tiene él y el nuevo equipo de gobierno. De hecho, es también una visión racista: considerar inferiores a los otros ciudadanos y que hay un grupo iluminado que será encargado del control del Estado.

SOBRE LAS FARC Y ESCENARIO DE NEGOCIACIÓN

¿Es posible entender a las FARC como una organización estrictamente terrorista?

Las FARC no son una organización terrorista así como no son un cartel de la droga. Su principal motivo de lucha continúa siendo ideológico. Luchan por derrocar el Estado capitalista para instaurar un nuevo Estado de carácter socialista, en donde la propiedad privada comience a ser abolida. En la medida de que no tienen una fuerza suficiente, si bien asestan golpes a las Fuerzas Armadas y al establecimiento, tienen que apelar a métodos de terror dentro de su accionar político-militar. Eso es condenable.

En segundo lugar, las FARC no son un cartel de droga: si bien reciben el dinero por permitir el cultivo en sus zonas de influencia, su principal actividad no es el cultivo, el procesamiento, la distribución y la venta de la droga. Pero sí reciben miles de millones de dólares por vigilancia de dichos cultivos. Ni son terroristas ni son un cartel de la droga.

Sin embargo, de continuar la situación como va y en la medida en que el gobierno endurezca sus posiciones, podríamos asistir a un tránsito de las FARC a una organización de carácter estrictamente terrorista.

¿Qué distinciones se puede hacer entre las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN)?

En primer lugar, luchan por sociedades distintas. Las FARC siguen siendo una organización de carácter estalinista. Eso lo demostraron durante los tres años que tuvieron un gobierno paralelo dentro de la zona de distensión. El ELN nunca ha sido estalinista, más bien su vocación ha sido de carácter castro-guevarista.

¿Considera a los paramilitares como un actor político?

No. Los paramilitares son una organización de carácter delincuencial, no creo que se les deba dar un tratamiento político.

Estados Unidos llamó al gobierno de Colombia a visualizar un escenario de negociación con este actor…

Por supuesto. Estados Unidos está colocando todas las bases para que a los paramilitares se les considere un actor político. Y eso está calando. Creo que lo será en el nuevo gobierno.

¿Por qué fracasaron las negociaciones de paz que adelantaba el presidente Pastrana?

En primer lugar, Pastrana no sabía en qué estaba metido. En segundo lugar, el Estado no tenía la posibilidad de respuesta frente a una negociación de esas características. Las Fuerzas Armadas tampoco estaban capacitadas para enfrentar una doble forma de actuación: mientras se negociaba se estaba dando la guerra. En cuarto lugar, aun en medio de la negociación el Estado no pudo resolver las necesidades inmediatas. Ni siquiera estructurales. De hecho, el Estado permitió la existencia de un gobierno paralelo. Asistimos a la incapacidad gubernamental y estatal para hacer frente a una situación de esas características.

¿Qué dificultades tendría un nuevo escenario de negociación de paz?

La negociación que viene, después de un período intenso de conflicto de mayor nivel del que vivimos antes, será una negociación difícil porque el contexto ha cambiado. Se dará en un contexto de posguerra fría, de lucha contra el terrorismo, y donde hay una legislación y un organismo internacional para luchar contra los crímenes de lesa humanidad. Los secuestros y los actos de terror son considerados como delitos de lesa humanidad. Y aquí en Colombia, con las FARC asistimos sobre todo a ese tipo de delitos.

Esto, combinado con las acusaciones que se le hacen a los máximos jefes guerrilleros de estar involucrados en el negocio del narcotráfico. De modo que las negociaciones serán complejas. Las FARC lucharán todo lo posible para que no se les lleve a una Corte Penal Internacional. Se puede presentar un caso similar al conflicto de la antigua Yugoslavia, con Mijlosevic, quien exigió para firmar la paz, no ser juzgado por un Tribunal Internacional. Y miren lo que pasa: ya está siendo juzgado por ese Tribunal Internacional Penal para la ex Yugoslavia, de modo que los guerrilleros colombianos saben que enfrentarán no solamente al Estado colombiano, sino a EE.UU. y a una comunidad internacional que está luchando contra el terrorismo.

La negociación será totalmente compleja, porque la primera exigencia que plantearán es que no deben ser extraditados. Que no pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Y, sobre todo, lucharán porque su estatus no sea el de una organización terrorista, sino el de una organización política que lucha contra un Estado. Además, las FARC exigirán medidas de tipo social para entrar a una eventual fase de desmonte de sus distintos organismos y entrega de las armas. Los colombianos tenemos que saber que durante el gobierno de Uribe Vélez esa negociación no será posible.

EL PLAN LAZO

El Plan Lazo (1962) contempló en su séptima disposición, la conformación de “unidades de autodefensa campesina” con ex miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o “individuos sobresalientes en algunos negocios”.

El acápite sostiene que cuando dichas unidades de autodefensa se encontrasen debidamente adoctrinadas psicológicamente, se haría la entrega del armamento necesario para “períodos críticos”.

Según Torres, el Plan Lazo no contribuyó a la pacificación de Colombia, sino que aumentó las tensiones sociales. “El énfasis en las operaciones militares y el hecho de que el plan contemplara la creación de autodefensas armadas fueron errores políticos y militares que, además… socavaban la autoridad del Estado y delegaban el monopolio del uso de la fuerza que debía estar concentrado en las fuerzas militares”, sostiene el especialista.

César Torres Del Río es economista y doctor en Historia, se desempeña como profesor de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, y es uno de los pocos autores expertos en Fuerzas Armadas en Colombia.