Róger E. Sánchez [email protected]
Cualquier servidor público, ocupando un cargo dentro del Gobierno, está obligado a ejercer su trabajo con la mayor honestidad posible. Intrínsecamente está obligado a servir al pueblo, no a servirse de él para fines deshonestos, como el enriquecimiento ilícito.
En el caso del presidente de una nación, con mayor razón debe dar el ejemplo de honestidad y transparencia en el desempeño de sus funciones como tal. Dando este ejemplo de honestidad y honradez, tendrá el derecho moral de esperar que todos los demás funcionarios del gobierno actúen como él: honradamente.
Pero cuando el presidente comete actos delictivos, y arrastra consigo a quienes lo rodean en el gobierno para que ellos también los cometan, estos últimos se convierten en cómplices del primero en todos sus delitos, y es lógico esperar, como sucede actualmente en Nicaragua, que los cómplices apañen al delincuente, que le den muestras de solidaridad y, en última instancia, que digan que no le van a quitar su inmunidad.
¿Qué le queda hacer entonces a la sociedad nicaragüense? ¿Permitirán que la inmunidad se convierta en impunidad de delitos? ¿O en caso de que el ex-presidente Alemán se presente nuevamente como candidato a presidente, votarán por él para que siga saqueando las arcas del Estado? ¿Quedará sin castigo quien desvalijó al Estado y, por ende, a todo el pueblo de Nicaragua? ¿O acaso le van a permitir que disfrute, sin pagar por su delito, de todo el dinero que le robó al pueblo? Ojalá que no.
Como dice nuestra moneda: “En Dios confiamos” que se hará justicia.
