- Afirman que Salas de la Propiedad son demasiado caras para la cantidad de casos que reciben y resuelven
- Niegan presiones contra jueces
árbitros, pero documentos en poder de LA PRENSA indican otra cosa
Freddy Potoy Rosales yJosé Adán [email protected]
La denuncia sobre las presiones que supuestamente hacen algunos magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre jueces que atienden conflictos de propiedad, ha desembocado en una amenaza de cierre de los Tribunales de la Propiedad, bajo el argumento de que son demasiado caros y no resuelven.
Los magistrados de la CSJ, incluyendo al presidente Iván Escobar Fornos, rechazaron la denuncia de la ex presidenta de la Sala II de la Propiedad del Tribunal de Apelaciones de Managua, doctora Marina Pérez Aguilar, quien afirmó que los magistrados sandinistas Rafael Solís Cerda y Yadira Centeno, presionan para que algunos casos sean fallados a favor de personas vinculadas al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
“Desde que he estado aquí nunca he visto situaciones como esa que señalan contra estos magistrados; yo puedo asegurar que son personas, todas ellas, correctas, que han desempeñado bien su papel”, dijo Escobar Fornos.
El presidente de la CSJ le restó importancia a la denuncia de Pérez y dijo que “sus razones tendrá para hablar, pero yo puedo asegurar la honorabilidad de estos magistrados”.
La presidenta de la Comisión Disciplinaria de la CSJ, magistrada Yadira Centeno, negó haber presionado a la mencionada juez-árbitro para que fallara a favor de personas que ocupan propiedades conseguidas al amparo de la Ley 85, que otorgaba los bienes confiscados por el gobierno sandinista a personas afines al FSLN.
Centeno recalcó que Pérez tiene varias quejas que han sido analizadas en la Comisión Disciplinaria y por eso la CSJ la sancionó. “A esta señora la suspendimos porque cometió varias irregularidades de procedimientos en su cargo de juez-árbitro”, dijo la magistrada, quien invitó a los periodistas a ver el expediente que Pérez tiene en la Inspectoría de la CSJ.
DOCUMENTO REVELADOR
El cinco de junio de 2001, la Juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, doctora Juana Méndez (de filiación sandinista), envió desde su despacho judicial al magistrado sandinista Rafael Solís Cerda, una copia de un caso que ella considera similar al suyo, sugiriendo que se tomara en cuenta para que se le resolviera de forma favorable.
El envío fue hecho desde el fax número 505-2650025 y Méndez, con su puño y letra, le hace la observación a Solís de que su caso también podría ser resuelto con base en el artículo 97 de la Ley de la Propiedad Reformada Urbana y Agraria (Ley 278).
El artículo 97 de la Ley 278 establece que se convalidarán las adquisiciones de casas al amparo de la Ley No. 85, hechas por la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, para uso institucional, y las asignaciones de las mismas en dominio pleno a sus miembros activos o retirados. El derecho de propiedad así adquirido no estará sujeto al impuesto a que se refiere el siguiente artículo.
El artículo 98 indica que los deudores del Impuesto de Bienes Inmuebles adquiridos en virtud de la Ley No. 85, a que se refiere la Ley No. 209, deberán cumplir el pago de dicho impuesto, constituido conforme lo dispuesto en el artículo 22 de esa Ley, en los términos y condiciones siguientes: La cancelación de este impuesto se hará en quince cuotas iguales pagaderas en forma sucesiva anual, y sobre el monto de las cuotas pendientes de pago se reconocerá el interés del cinco por ciento anual.
Al día siguiente, el magistrado Solís Cerda ordena a su asistente que le envíe este mismo escrito que le facilitó la juez Méndez, a la ex juez de la Sala II de la Propiedad, Reina Trigueros, lo que hace suponer que la juez-árbitro tenía que tomarlo en cuenta para favorecer a Méndez.
MEJOR CERRARLOS
Los magistrados negaron las acusaciones en este sentido, desmintieron a la juez-árbitro Pérez y anunciaron una propuesta para eliminar o reducir las Salas de la Propiedad.
La propuesta fue presentada por la magistrada Centeno, quien informó que a la también suspendida juez-árbitro Reina Trigueros, le suspendieron definitivamente el salario de 26 mil córdobas mensuales. Ella recibía su pago aun estando suspendida del cargo desde octubre pasado.
Según Centeno, los Tribunales de la Propiedad son demasiado caros para la cantidad de casos que reciben y resuelven.
FISCAL SE OPONE
El presidente de la CSJ, Iván Escobar Fornos, se opone a la idea de suspender los Tribunales de la Propiedad.
“Esto tiene que ser estudiado, tiene que hacerse un estudio y luego consultar con la comunidad donante, con la sociedad civil, los confiscados, con el gobierno, con todos; mientras tanto no debe aprobarse, no puede hacerse así nomás, para que no haya malos entendidos en un tema tan delicado como es la propiedad”, dijo Escobar.
El fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, también se opone al cierre. “Entiendo que no estén operando a como ilusamente lo pensamos al inicio, pero no creo que sea conveniente cerrarlos; lo más acertado sería eliminar los arbitrajes y otros procedimientos engorrosos y volverlos más operativos y eficaces”, comentó.
CASOS CAROS
Según datos de la CSJ, desde que los Tribunales de la Propiedad comenzaron a operar en 2000, han gastado 5,852,524 córdobas para resolver sólo 83 casos.
En la Sala I de Managua han recibido hasta la fecha sólo 100 casos. De estos juicios sólo 42 han sido fallados y resueltos, 15 están pendientes de sentencia y 43 juicios en trámites.
En la Sala II, desde agosto de 2000 han recibido 84 expedientes de los juzgados, han resuelto 41 y existen en trámite 43.
De acuerdo con estos datos, cada caso resuelto por los Tribunales de la Propiedad le cuestan al Estado 70,512 córdobas.
Existen cuatro salas de la Propiedad, cada una tiene tres magistrados titulares y tres suplentes. Cada magistrado recibe un salario mensual superior a 25,000 córdobas.