EFE
BRUSELAS.- La sala de acusación del Tribunal de Apelaciones de Bruselas decidió el miércoles no admitir a trámite la denuncia contra el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, por su supuesta responsabilidad en las matanzas de Sabra y Chatila, ocurridas en Líbano en 1982.
Según informó a la prensa el presidente y portavoz del Tribunal, Guy Delvoie, la denuncia resulta “inadmisible” sobre la base del artículo 12 del Código Penal belga, que impide juzgar a una persona acusada de crímenes cometidos en el extranjero, si no ha sido detenida en territorio belga.
La instrucción del llamado “Caso Sharon”, que se hallaba suspendida desde el pasado mes de septiembre en espera de la decisión de la sala, no podrá continuar, añadió el portavoz.
Simultáneamente, la sala rechazó también las denuncias contra el presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, y los ministros de Interior y Defensa de ese país, Emile Boga Dudu y Mosie Lida Kuassi, respectivamente.
Las denuncias contra Sharon por crímenes de guerra y contra la humanidad, y por genocidio, fueron presentadas por 23 víctimas directas o indirectas de las matanzas cometidas 1982 en los campamentos palestinos de Sabra y Chatila, situados en las afueras de Beirut (Líbano).
Entre 700 y 3,500 civiles palestinos fueron asesinados por las milicias falangistas ante la pasividad del Ejército israelí. En el momento de los hechos Sharon era ministro de Defensa y general del Ejército de Israel. Una investigación israelí halló a Sharon responsable indirecto de la carnicería de mujeres, hombres y niños.
Las denuncias contra Sharon en Bélgica fueron introducidas en 2001 en virtud de la ley belga de 1993 que confiere competencia universal a los tribunales de este país para juzgar crímenes de derecho internacional.
La instrucción de la denuncia contra Sharon había sido suspendida temporalmente el pasado 5 de septiembre a la espera de que la sala de apelaciones se pronunciara sobre si el juez belga encargado del caso, Patrick Collignon, es competente o no.
En su sentencia de ayer, la sala confirma, no obstante, que, sobre la base de la ley de 1993, la justicia belga es competente en materia de denuncias relativas a violaciones graves del derecho humanitario.
Ahora bien, para que la instrucción basada en esta competencia universal pueda proseguir de forma válida en relación con crímenes que no han sido cometidos en Bélgica, “es necesario que los presuntos autores hayan sido encontrados en el territorio del Reino (artículo 12 del título preliminar del Código de instrucción criminal)”, precisa un comunicado.
La decisión anunciada “no constituye una interpretación restrictiva de la ley (de 1993) ni una restricción de la competencia universal querida por el Legislador”, puntualiza la nota.
