ACAN-EFE
PANAMÁ.- El encargado de Negocios de la embajada estadounidense en Panamá, Frederic Becker, reiteró que los países de la región deben unirse para combatir el tráfico de armas en Latinoamérica.
Becker dijo a la prensa panameña que “todos estamos preocupados sobre el tráfico de armas en la región”, con relación al desvío de armas de Nicaragua a Colombia en noviembre pasado, en una operación en la que se involucró a Panamá.
El diplomático estadounidense señaló que “todos los gobiernos tenemos que trabajar en conjunto para investigar este tráfico y terminar con esta actividad ilícita”.
Sobre este caso, el canciller panameño, José Miguel Alemán anunció que un experto de la Organización de Estados Americanos (OEA) investigará el trasiego de 3,000 fusiles y al menos cinco millones de balas, que fue desviado de Nicaragua a Colombia.
El experto deberá rendir un informe final sobre el caso a más tardar en agosto, según dijo hoy a la prensa el funcionario.
Los embajadores de Panamá, Nicaragua y Colombia en la OEA entregaron al experto, cuyo nombre no ha sido revelado, toda la documentación en su poder sobre el caso, destacó Alemán.
El escándalo estalló el pasado 21 de abril, cuando el diario colombiano “El Tiempo” publicó que en noviembre de 2001 se introdujeron a ese país 3,000 fusiles AK-47 y unos 5 millones de cartuchos “procedentes de Nicaragua”, en el barco de bandera panameña Otterloo.
Según los empresarios israelíes Oris Zoller y Uzi Kisslevich, representantes de la empresa guatemalteca GIRSA, que negoció la transacción de las armas, la Policía de Panamá les contrató para adquirir el arsenal.
Ambos empresarios, en declaraciones a la prensa a finales del mes pasado, insistieron en que el negocio con la Policía Nacional de Panamá fue legal.
Sin embargo, el director de la Policía Nacional de Panamá, Carlos Barés, ha negado la complicidad de su institución.
Las cancillerías de Colombia, Nicaragua y Panamá pidieron el pasado día 7 a la OEA que colabore en las investigaciones sobre el desvío del armamento.
