Daysi Ramírez Morales [email protected]
Cifras registradas en el Anuario Estadístico de la Policía Nacional de 2000 muestran que los delitos contra las niñas, niños y adolescentes son mayores que los que ellos comenten, aunque un artículo de LA PRENSA del lunes 6 de mayo indica lo contrario.
El Informe Anual 2001 del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) cita índices oficiales de la Policía Nacional registrando de enero a octubre aumentos en el número de delitos contra la niñez y adolescencia de 7,182 a 6,757 que se cometieron en 2000.
Si comparamos los 3,452 delitos en que incurrieron los adolescentes de la tasa global de 37 mil 73 en 2000, éstos representan un 9.3 por ciento ante 90.7 por ciento cometidos por mayores de 18 años, entonces, me pregunto: cuál grupo de la población representa la inseguridad ciudadana en Nicaragua.
Muy contrariamente de lo que indica la propuesta de algunos diputados de reformas el Código de la Niñez, esta ley no promueve la impunidad cuando los artículos 95, 124 y 203 expresan con claridad que los adolescentes acusados de cometer delitos pueden ser privados de libertad, siempre que se regule su aplicación.
No se debe enviar a la cárcel a niñas, niños y adolescentes a cumplir penas iguales que los adultos sin considerar el interés superior de la niña, niño y adolescentes que se establece en la Convención Internacional de los Derechos Humanos del Niño de Naciones Unidas que Nicaragua firmó y ratificó en 1990 como aquello que favorece su pleno desarrollo físico, psicológico, moral, cultural, social en consonancia con la evolución de sus facultades que le beneficien al máximo grado.
