Critican “tijera” presupuestaria

El primer secretario de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, Bayardo Arce, dijo ayer que la propuesta del Ejecutivo para reformar el Presupuesto General de la República del año 2002, contiene una serie de incongruencias que deberá aclarar ante el Legislativo el ministro de Hacienda Eduardo Montealegre.

“Las reformas propuestas son incongruentes en cuanto a la lucha contra la corrupción, el estímulo a la inversión. No se puede estimular el empleo si se reduce el presupuesto al IDR (Instituto de Desarrolo Rural) y al FISE (Fondo de Inversión Social de Emergencia). No se contibuye a combatir la pobreza reduciéndole al Ministerio de Educación (MECD) y al Minsa (Ministerio de Salud), y en cuanto a la seguridad ciudadana, se le recorta al Ministerio de Gobernación (Mingob)”, aseguró el diputado sandinista.

Sin embargo, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre, dijo que un programa de crecimiento y reducción de pobreza “es parte de un ordenamiento a las finanzas públicas por un lado, reordenamiento y parte para el programa del Fondo Monetario (Internacional), que va a traer beneficios en forma de recursos líquidos mayores que los recortes que estamos teniendo”.

Montealegre fue categórico al asegurar que el presupuesto del sector Salud no se tocó, y el presupuesto de Educación fue reducido solamente en algunas cuestiones de inversión pública.

Arce dijo que en una primera lectura del proyecto “surgen algunas preocupaciones, porque lo vemos contradictorio con el discurso que ha manejado el presidente (Enrique) Bolaños. De acuerdo con este anteproyecto de reformas, se propone una reducción de 1,004 millones 330 córdobas, y, a su vez, nos pide aumentar el gasto en 439 millones, lo que implica una reducción neta de más de 500 millones de córdobas”, detalló.

Según Arce, es contradictorio reducir el presupuesto a la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuando se combate la corrupción. “A la CSJ se le reducen 22 millones de córdobas de gastos corrientes, lo que es un contrasentido, porque el presidente Bolaños le pide al Poder Judicial más profesionalismo y eficiencia. Hay una reducción de cuatro millones de córdobas para la Fiscalía en momento en que está enfrascada en una lucha contra la corrupción”, observó.

RESPALDO A PROCURADURÍA

“La única compensación que vemos en esta lucha contra la corrupción es que se aumenta a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) dos millones y medio de córdobas, pero no compensa que le bajés 22 milones a la CSJ, cuatro millones a la Fiscalía y le den sólo dos millones a la PGJ. Incluso, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que se ha quejado del pobre presupuesto, se le baja medio millón de córdobas”, agregó.

Al respecto, Montealegre dijo que el monto propuesto se desglosa en “una reducción relativamente pequeña” en los gastos corrientes, pues al quitar 123 millones de los 8 mil millones y medio asignados inicialmente, la reducción equivale al 1.5 por ciento. “Por otro lado, está la reducción en 440 millones de córdobas en la inversión pública, donde se buscaron proyectos que a pesar de que formaban parte del presupuesto, no contaban con financiamiento”.

El primer vicepresidente del Parlamento, Wilfredo Navarro, también miembro de la Comisión Económica, consideró las declaraciones de Arce como “un análisis simplista, porque fue presentada el miércoles por la tarde. De manera que no ha sido suficientemente analizada”.

“Creo que don Enrique ha dado una clara muestra de combatir la corrupción. Por eso, no se puede decir simplistamente que con esta reforma se debilita la lucha contra la corrupción. Hay partidas que se están ajustando, de programas y proyectos, para fortalecer otros”, indicó el diputado liberal.

CORRUPCIÓN GENRA GASTOS

“Si se elimina la corrupción es como que comience una revolución en este país, no se va a eliminar nunca, pero con que se disminuyan los niveles de corrupción a un 50 por ciento, seguro que tenés ingresos, por lo menos de más de 500 millones de córdobas”, indicó el economista Sergio Santamaría.

Recordó que Nicaragua enfrenta un déficit fiscal de más de 4 mil millones de córdobas, el cual no es posible financiar a corto plazo “por lo que, en definitiva, el gobierno tiene dos opciones: la reducción del gasto —parece ser que es donde se está apuntando—, y luego mejorar la eficiencia en la recaudación”.

A su juicio, habría que estudiar los rubros que han aumentado sus gastos, como por ejemplo la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República y el Consejo Supremo Electoral (CSE), que han sufrido recientes reformas. “Hay que valorar la efectividad de esos cambios. En el caso del CSE, pareciese ser que no ha sido muy positivo, porque más bien ha sido la institución más conflictiva que se ha tenido”, recalcó.