- CGR hará suyo el informe del auditor de la entidad estatal que señala hechos delictivos
- El Estado perdió más de 83.3 millones de córdobas, en compra de BPI
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La Contraloría General de la República (CGR) aceptará como suficiente el informe de auditoría interna del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), para establecer presunción de responsabilidad penal contra Martín Aguado, ex ministro del INSS, por haber comprado en sobreprecio Bonos de Pago de Indemnización (BPI), ocasionando pérdidas al Estado por más de 83 millones de córdobas.
“La decisión ya fue tomada, sólo se van a revisar los papeles de trabajo de los auditores del INSS y después vamos a proceder de conformidad con la ley”, dijo el contralor Guillermo Argüello .
El Consejo de Contralores aplicará el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que señala que cuando por medio de las actividades de la auditoría interna, sean éstas regulares o especiales, se evidencien hechos delictivos que perjudiquen o pongan en peligro los intereses económicos de las entidades estatales, se procederá conforme al artículo 138 de la misma ley.
Este último artículo de la Ley Orgánica de la Contraloría se refiere específicamente al establecimiento de la presunción de Responsabilidad Penal de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
“Ésta es la primera vez que vamos a aplicar el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Contraloría. Nunca se ha hecho”, expresó Argüello.
“De esa manera queremos que no se nos señale de dilatar años las auditorías”, agregó.
Por su parte, el presidente de la entidad fiscalizadora, Francisco Ramírez, dijo que antes de emitir la resolución se solicitará a la presidenta del INSS, Edda Callejas, los papeles de trabajo de la auditoría para verificar que ésta no tenga fallas o se hayan omitido algunos procedimientos de auditoriaje.
El informe del auditor del INSS, Humberto Sandoval, remitido a la Contraloría en abril pasado, indica que el Estado perdió 83.3 millones de córdobas, en la compra de los BPI durante los períodos 2000, 2001 y enero de 2002.
La auditoría se realizó en el rubro de Inversiones por la compra de 2,287 Bonos de Pago por Indemnización que se ejecutaron como compras directas a través del Banco de la Producción, desconociendo los criterios de selección y contratación.
De acuerdo con la auditoría, el INSS pagó 240.7 millones de córdobas por los BPI, cuando el valor máximo de mercado cotizado en la Bolsa de Valores, por esos BPI, debió ser de 157.4 millones de córdobas.
ENREDÓ A LA DIRECTIVA
El ex Presidente del INSS dijo en un campo pagado publicado el pasado 26 de abril que toda la operación fue autorizada por el Consejo Directivo del INSS y que no ha habido ningún tipo de ilegalidad en esas operaciones financieras.
En tanto, la nueva presidenta de la instancia de Seguridad Social, ha dicho que Aguado engañó al Consejo Directivo al no decirle que los bonos iban a ser comprados a un precio superior del que tenían en el mercado de valores.
Aguado está fuera del país desde el 24 de abril. Primero viajó a Honduras vía terrestre con su esposa, María Idis Montealegre, y uno de sus hijos. Más tarde se conoció que estaba en Chile, adonde supuestamente asistió a reuniones relacionadas con su trabajo. Ha prometido volver, pero no lo ha hecho.
EXPRESO HACIA LOS JUZGADOS
“La ley dice que cuando el informe de auditoría interna viene aquí y se percibe que hay situaciones que podrían dar origen a responsabilidades civiles y presunciones penales, la Contraloría puede hacer suyo ese informe. Nosotros ya recibimos el informe, le dimos una revisada rápida. Miramos que tiene algunas cosas importantes, pero para poder hacerlo nuestro necesitamos que nos manden los papeles de trabajo, para analizarlos y ver si se cumplió con todos los requisitos establecidos en la ley. Si se cumplieron, lo hacemos nuestro, sacamos una resolución y lo mandamos a las autoridades que corresponda. En este caso, las autoridades judiciales”, expresó el presidente de la Contraloría, Francisco Ramírez.
“Si no cumple con los requisitos que establecen las normas, pero de alguna manera está bien, entonces lo que hacemos es establecer un trabajo complementario”, agregó Ramírez.
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