- Tratado de la OEA obligaba
a Nicaragua a confirmar con
Panamá el trueque de armas
Mario Sánchez P. [email protected]
Las autoridades panameñas acusaron ayer al Estado de Nicaragua de violar el artículo nueve de un tratado internacional que ha sido ratificado por la Asamblea Nacional, y es de obligatorio cumplimiento según la Constitución Política.
Las autoridades panameñas aseguraron que la operación de trueque de armas que realizó la Policía Nacional con la empresa GIRSA no fue transparente, y que no se cumplieron las leyes nicaragüenses, porque se violó un tratado de la OEA, del cual Nicaragua es firmante.
El Tratado de la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) obliga a Nicaragua a verificar con Panamá si en efecto ese país recibiría las armas.
Según el tratado, la Policía de Nicaragua no podía vender esas armas a GIRSA, sin verificar con Panamá y sin obtener la licencia o autorización para realizar la transacción y para el ingreso de las armas al país. “Panamá nunca fue consultada”, afirmó Salas.
La afirmación de Salas fue respaldada por el canciller de ese país, Harmodio Vargas, y el director de la Policía, Carlos Barés, así como por Ramiro Yarvis, Secretario del Consejo de Seguridad de Panamá. Ellos sostuvieron que la Policía de Nicaragua nunca pidió a la Policía panameña que les confirmara si era verdad que había solicitado la compra de los 3,000 fusiles AK y 2.5 millones de proyectiles para la misma arma.
UN ARSENAL, “AL PORTADOR”
Según la Orden de Compra de la Policía panameña 954-00 otorgada “al portador”, la solicitud de compra era mayor a los 3,000 fusiles entregados. La orden original era un verdaderon arsenal para lo que parecía un pequeño ejército en guerra.
El detalle incluía 10,000 fusiles AK, 1,000 ametralladoras PKMS, 1,000 lanzacohetes RPG-7, 1,000 fusiles Dragonov, 10,000 cohetes para RPG-7 y lo 5 millones de proyectiles para fusiles AK; todo valorado en 5 millones 125,000 dólares.
El ministro Salas afirmó que en reuniones de jefes de Policía, ocurridas en junio de 2001 en Panamá, reclamaron a la jefatura de la Policía de Nicaragua por qué nunca pidió información o confirmación de la presunta solicitud de compra de armas que había hecho Panamá.
Salas declaró que cuando se descubrió la operación, la jefatura de la Policía de Nicaragua le pidió que la investigación se guardara en confidencialidad para descubrir quiénes eran los traficantes y capturarlos, y que hasta le aseguraron que tenían información de que los traficantes ejecutarían otro traslado de armas y que aprovecharían para capturarlos.
“Pero la operación no se realizó y nunca nos respondieron nada”, se quejaron el ministro Salas y Barés, el jefe de la Policía, hasta que el periodista Jorge Durán del diario El Tiempo de Bogotá, Colombia, obtuvo la información y destapó la “Operación Otterloo”, nombre del barco panameño que trasladó el arsenal.
Fue hasta finales de enero que oficiales de la Policía de Nicaragua llegaron a Panamá, donde se les demostró que los documentos no eran originales y que las firmas y sellos eran falsos.
NI UNA SOLA PREGUNTA
Salas insistió de que en las comunicaciones que las policías de la región y en las reuniones de las policías del istmo, la jefatura de la Policía Nacional de Nicaragua jamás trató el tema de las armas. Nunca dio información a las autoridades panameñas ni les preguntó si era cierto que necesitaban semejante arsenal, sino que guardaron silencio.
Panamá sentenció que también se investigará a fondo, y que si alguien resulta involucrado en la operación deberá ser sancionado “hasta las últimas consecuencias”, pero “les aseguro que las armas jamás pasaron por Panamá”, expresó.
ASAMBLEA NACIONAL NO INVESTIGARÁ
La Comisión de Defensa y Gobernación de la Asamblea Nacional no investigará el supuesto tráfico de armas nicaragüenses a Panamá que presuntamente fueron desviadas a Colombia, por considerar que la transacción fue hecha conforme a la ley, según Pedro Joaquín Ríos, presidente de la comisión parlamentaria.
“La comisión no puede hacer nada. En el futuro vamos a tratar de mejorar los controles, pero en este caso todo parece indicar que fue bien hecho, lo malo ocurrió fuera del país”, comentó.
