Néstor Avendaño*
Así como los nicaragüenses pudimos demostrar al mundo que no podíamos pagar la deuda externa al inicio de la última década del Siglo XX, también podremos autodemostrarnos que no tenemos capacidad de pago para honrar la deuda interna en la primera década del Siglo XXI.
Demostrar que la deuda interna es impagable es una tarea fácil, si tenemos en cuenta que su monto ya supera el valor anual del Producto Interno Bruto (PIB) y que, durante el próximo quinquenio, el pago de los intereses a los acreedores internos representa una carga igual al pago de intereses de la deuda externa que ya goza del alivio interino de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (PPME). También podemos argumentar que el gasto social del Presupuesto Nacional representó el 86% de los ingresos tributarios recaudados por el Gobierno Central en 2000.
El primer componente de la deuda interna es lo que el Estado de Nicaragua debe al sector privado, el cual está representado por los siguientes títulos valores:
1. Los Bonos de Pago por Indemnización (BPI), emitidos por el Gobierno Central con el fin de compensar a las personas injustamente confiscadas de sus bienes muebles e inmuebles en la década del ochenta.
2. Los Certificados Negociables de Inversión (CENI), vendidos por el BCN tanto en la Bolsa de Valores como en subastas, asociados con el aumento de las reservas internacionales oficiales, mejor dicho con el capital golondrina que arriba a Nicaragua para usufructuar altas tasas de interés facilitadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN). Al 31 de diciembre de 2001, el saldo adeudado por esta clase de certificado ascendía a C$2,775 millones, equivalentes a US$200 millones y al 52% de las reservas internacionales brutas del BCN. Cabe recordar que la Administración de la Sra. Violeta Barrios viuda de Chamorro heredó una deuda en este concepto de US$46 millones.
3. Los CENI emitidos por los rescates de los bancos quebrados en una forma fraudulenta, que al 31 de diciembre de este año reflejaban un saldo de C$4,807 millones, equivalentes a US$347 millones. Estos papeles no devengan altas tasas de interés y estimo que el costo total de las quiebras bancarias oscilará alrededor de US$530 millones, que serán pagados con los impuestos de los contribuyentes nicaragüenses.
4. Los CENI emitidos para solventar las obligaciones de los productores de café con el Sistema Financiero Nacional, cuyo saldo es de C$140 millones, equivalentes a US$10 millones, a la misma fecha arriba indicada.
5. Los Títulos Especiales de Inversión (TEI) emitidos también por el BCN, con los cuales adquiere recursos de las cotizaciones de la seguridad social de los trabajadores y empleadores, y cuyo saldo es equivalente a US$27 millones a la misma fecha.
6. Los Títulos Especiales de Liquidez (TEL), siempre emitidos por el BCN para pagar a los banqueros los intereses devengados por el aumento marginal de tres puntos porcentuales que experimentó la tasa de encaje legal sobre los depósitos en córdobas y dólares durante el segundo semestre de este año, reflejan un saldo equivalente a US$39 millones al 31 de diciembre del 2001.
7. Los Bonos en Moneda Extranjera (BOMEX), también colocados coercitivamente por el BCN en la banca privada por un plazo de pocos días al final de cada trimestre con el fin de mostrar un menor incumplimiento de la meta del aumento de las reservas internacionales, y que la banca privada los compra con recursos del encaje en moneda extranjera, muestran un saldo de US$21 millones.
En suma, la deuda de corto plazo generada por el BCN en concepto de emisión de títulos valores, incluyendo los relacionados con las quiebras bancarias, asciende a US$645 millones al 31 de diciembre recientemente pasado, siendo equivalente al 26% del PIB esperado en 2001.
El segundo componente de la deuda interna es lo que el Estado de Nicaragua debe al sector público, o sean bonos a favor del BCN en concepto de saneamiento de la banca estatal, pérdidas operativas y cambiarias del BCN y pago del servicio de la deuda externa. La mayor parte de estos bonos no goza de mantenimiento de valor, son de largo plazo y con tasas de interés muy concesionales. A finales de septiembre de 2001, la suma del saldo de estos bonos con el de los BPI, arroja una deuda de C$31,722 millones equivalentes a US$2,325 millones y al 93% del PIB esperado en 2001.
Por lo tanto, actualmente el total de la deuda interna es de US$2,970 millones, se aproxima al 120% del PIB y su pago comienza a golpear más a las deterioradas finanzas públicas, a la posición “ficticia” de las reservas internacionales oficiales y, por ende, al equilibrio monetario. Es muy improbable que la Comunidad de Donantes tenga la voluntad de prestar o donar recursos para financiar el pago de esta deuda, más aún por los actos ilícitos que hay detrás de ella, especialmente los BPI y los CENI por quiebras bancarias.
El festival de bonos que ha salido del BCN nos ha endeudado más, por impedir el desplome de las reservas internacionales oficiales y por mantenerlas artificialmente. Y con la avenencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), se amplía el déficit cuasifiscal a través del creciente pago de intereses a los tenedores de esos títulos.
Ese déficit cuasifiscal o pérdidas operativas del BCN han incrementado la deuda interna en un monto equivalente a US$200 millones en los últimos cinco años y, por ley, tenemos que pagarlos con nuestros impuestos. Además, con la inapropiada política de colocación de bonos del BCN, fácilmente se puede pronosticar que sus pérdidas se aproximarán a US$85 millones en 2002: en los últimos dos meses de 2001, el BCN ha aumentado las reservas internacionales brutas en US$110 millones, con la ayuda de la “cordobización” de US$70 millones y la compra de US$67 millones en la mesa de cambios que estuvieron asociadas con la colocación de CENI por C$1,207 millones, equivalentes a US$88 millones, en 13 subastas realizadas en noviembre y diciembre recientemente pasados.
Una solución simplista a este problema es entregar a los acreedores internos, en el momento en que se venzan sus actuales certificados, nuevos bonos a 10 ó 15 años de plazo y con más altas tasas de interés. Creo que esta acción, en términos generales, no sería aceptada por la mayor parte de los acreedores, porque equivaldría, según nuestro léxico popular, a resellar los certificados emitidos tanto por el Gobierno Central como por el Banco Central de Nicaragua. Curiosa la anécdota económica nicaragüense: antes, con una hiperinflación, se resellaron billetes; hoy, con un aumento artificial de reservas internacionales, se resellarían bonos del BCN.
Por consiguiente, ante el muy probable incumplimiento de las obligaciones contractuales de la deuda interna en el corto y mediano plazo, la próxima administración pública del Ing. Enrique Bolaños necesitará formular una estrategia de canje de la deuda interna. Este canje significa reducir el pago de intereses y diferir el pago de las amortizaciones que tiene que enfrentar la nación nicaragüense, dada la insuficiencia de recursos del Tesoro Nacional.
El canje de la deuda interna no es más que sustituir los actuales certificados que devengan altas tasas de interés por bonos nuevos con una tasa de interés más baja, pero garantizados, en principio, con la recaudación impositiva.
Y el canje debería ser “voluntario”, con los propósitos de que el gobierno no declare formalmente la cesación de pagos de la deuda interna y de que los acreedores no accionen judicialmente alegando que existen suficientes reservas en el BCN. Una cosa está clara: en la medida que la banca central redima sus certificados de corto plazo, en la misma medida caerían sus reservas internacionales, poniendo en riesgo la libre convertibilidad del córdoba.
Por eso creo que existirá una plena comprensión y una amplia colaboración del Sistema Financiero Nacional (SFN) con las autoridades gubernamentales para desendeudarnos internamente. Las inversiones del SFN suman US$400 millones, de los cuales el 50% corresponde a CENI y TEL en córdobas, el 22% a BPI y el 12% a BOMEX y TEL en dólares. Si algunos acreedores se resistieran a aceptar el canje, el gobierno tendría que hacer uso de algunos instrumentos fiscales y monetarios para “compensar” parcialmente la pérdida de los tenedores de bonos. Pero este tema sería mejor discutirlo teniendo presente el entorno económico del momento en que se decida el canje de la deuda interna.
También los inversionistas financieros, nacionales y extranjeros, saben muy bien que es riesgoso invertir en una adquisición de bonos en Nicaragua que, en los últimos dos meses, ha dado entre 19% y 16% de intereses y con mantenimiento de valor a 360 días de plazo, mientras que la tasa de interés LIBOR a 12 meses plazo ha oscilado entre 2.71% y 2.15% en el mismo período. Por otro lado, con respecto a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos de América con un plazo de 12 meses, estos inversionistas financieros en Nicaragua están recibiendo un diferencial de 14 puntos porcentuales, o sea que actualmente están obteniendo ocho veces lo que conseguirían si compraran bonos del Tesoro estadounidense.
Y si la inversión financiera sale mal, no creo que el Fondo Monetario Internacional, o el Banco Mundial, o el Banco Interamericano de Desarrollo, salgan al rescate de los tenedores de certificados emitidos por el BCN. Creo que si un inversionista toma un riesgo grande y pierde, no debe pasar la cuenta a otras instituciones, o a los contribuyentes de los países donantes que ayudan a Nicaragua en la lucha contra la pobreza, o a los contribuyentes nicaragüenses que a duras penas financian el gasto en educación y salud pública: debería pasar la cuenta a quienes decidieron correr el riesgo.
Así como el FMI condiciona al sector público de Nicaragua a no contratar ni avalar préstamos externos no concesionales, asimismo debería condicionarlo a que no coloque bonos a exageradas, les llaman “atractivas”, tasas de interés en perjuicio de los contribuyentes nacionales y en detrimento de la lucha contra la pobreza humana del país.
Ahora que la Comunidad de Donantes nos ha facilitado optar por el alivio interino del pago de la deuda externa, que será la principal ayuda internacional que tendrá Nicaragua en los próximos tres o cuatro años al dejar de pagar un monto promedio anual de US$160 millones a los acreedores externos, nosotros, la Sociedad Civil, debemos preocuparnos por establecer un mecanismo de control para la asignación de esa ayuda e impedir que sea desviada hacia el pago de la deuda interna.
El autor es Economista.