- Empresarios rechazan incremento de salario mínimo
AFP
GUATEMALA.- El alza en el salario mínimo decretada por el gobierno de Guatemala el pasado martes pone en riesgo de cierre a 125 empresas y 75,000 puestos de trabajo, afirmó el presidente de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa (Fepyme), Julio Reyes.
El líder empresarial, citado este jueves por la prensa local, aseguró que las empresas no están en capacidad de absorber el nuevo incremento al salario mínimo, de un 8% para las labores del campo y 9% para la ciudad.
Con la medida, publicada el miércoles en el diario oficial para que entre en vigencia el 1 de enero, el nuevo salario para las actividades agrícolas será de 27.50 quetzales diarios (3.4 dólares), mientras que para las no agrícolas será de 30 quetzales (3.8 dólares).
“Los empresarios cada día tenemos más dificultades económicas para mantener las plazas, y con ello (el alza) se empobrece y desprotege a la familia por la falta de ingreso digno y sostenido que únicamente le proporciona el trabajo formal”, aseveró Reyes.
El empresario recordó que al inicio de la administración del presidente Alfonso Portillo, en enero del 2000, se emitió un aumento salarial que generó “en los últimos dos años más de 250,000 despidos y el cierre de 240 empresas”.
La decisión gubernamental fue rechazada desde el principio por la cúpula empresarial, que considera que la medida, en lugar de reactivar la economía, empeorará la crisis por el estancamiento que vive el país desde 1998.
Por su parte, las agrupaciones sindicales, obreras y populares han refutado las amenazas de los empresarios y anunciado protestas si éstas se concretan, pues estiman que el alza es insuficiente y no representa amenaza para el sector privado.
El gobierno guatemalteco decretó el alza salarial tras el fracaso de las negociaciones entre una Comisión Tripartita de Salarios sobre los montos en discusión.
La Comisión, integrada por delegados del gobierno, patronos y empleados, fracasó cuando una propuesta del Ministerio de Trabajo de otorgar un aumento del 15% a los trabajadores agrícolas, los obreros y otros sectores no agrícolas, fue objetada por empresarios y trabajadores.
