- Magistrados de la Corte Suprema de Justicia reconocen que hay “abusos” en la aplicación del concepto
- Sin embargo, las reformas a la ley son avaladas con toda clase de precauciones y hasta con expresiones de indiferencia
Consuelo Sandoval [email protected]
Varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia se pronunciaron a favor de una reforma a la Ley de Inmunidad, en cuya enmienda debería quedar claramente definido que ese privilegio se limita a proteger a los funcionarios públicos de sus opiniones y de sus acciones adoptadas en el ejercicio de sus funciones.
El presidente del máximo Tribunal de Justicia, Iván Escobar, estimó que siempre debe existir inmunidad.
Sugirió que a los funcionarios que cometan delitos en el ejercicio de sus cargos se les debe promover un juicio político en el Parlamento, en el caso que hayan sido electos por ese poder del Estado, y referente a los hechos comunes dijo que tienen que despojarse de su inmunidad y posteriormente pasar a los tribunales. Recordó que actualmente la inmunidad cubre todos los delitos, por lo cual consideró que una enmienda tendría que ser bien estudiada.
EXAGERACIONES Y ABUSOS
“Esto es un problema de sociología jurídica, hay que estudiar bien qué es lo que le conviene a Nicaragua de acuerdo a su situación política y social. Esto (la inmunidad) surgió en Inglaterra en donde a los diputados los mandaban a la Torre de Londres y de allí sólo salían a cortarle la cabeza con hacha”.
El presidente de la Sala Constitucional, Guillermo Selva, opinó que la Ley de Inmunidad debería ser reformada, porque ha habido exageraciones y abusos en su interpretación y aplicación, pero señaló que a su juicio debe haber algunas excepciones.
El magistrado de la Corte ofreció estas declaraciones al margen de que la legislación nicaragüense no contempla inmunidad para los casos de pensión alimenticia.
SOLÍS: “LEY CON OTRO ESPÍRITU”
Su colega, Rafael Solís, afirmó que los funcionarios públicos han abusado de la Ley de Inmunidad, cuyo espíritu fue para protegerlos de venganzas, represiones o demandas que interpusieran en su contra por sus acciones u opiniones políticas.
“Un diputado que no pague la casa donde vive debe ser demandado, o por deudas contraídas con bancos, y los delitos comunes no deberían ser cubiertos por la inmunidad porque no caben”, expresó.
El magistrado Marvin Aguilar se mostró despreocupado de la existencia o no de la Ley de Inmunidad.
“A mí me da igual si existe o no Ley de Inmunidad. En principio, aquí todo se malinterpreta. Si uno hace, se malinterpreta; si no se hace, se malinterpreta, éste es un asunto de la Asamblea Nacional”, reaccionó.
¡QUE LEGULEYADA!
“Se le puede suspender la inmunidad a un funcionario cuando cometa un delito común. Si un magistrado asalta un banco va preso, si está asesinando a alguien en la calle no hay inmunidad que valga, pero si lo van a estar molestando con pensiones alimenticias para que no cumpla con sus deberes adecuadamente sería como una especie de leguleyada”, declaró el presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Guillermo Selva.
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