Amalia Morales [email protected]
Por lo menos 41 áreas protegidas de las 76 con que cuenta el Sistema Nacional se encuentran desamparadas.
En ellas, no hay planes de manejo ni acciones para preservarlas. Tampoco presencia institucional de ningún tipo. Sólo existe el decreto ejecutivo que las denomina como áreas protegidas, según consta en el primer informe sobre el estado ambiental que se hace en este país.
Jaime Incer, biólogo y ex ministro del Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente (Marena), dice que “las áreas protegidas se caracterizan por estar desprotegidas”.
Incer, que fungió como ministro del Ambiente en los noventa, explica que probablemente más de la mitad de las áreas están indefensas.
Las áreas protegidas representan el 18 por ciento del territorio nacional, abarcan alrededor de 2,242,193 hectáreas.
Sólo Bosawás, la reserva natural de la biosfera reconocida por la organización de Naciones de Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y localizada en el Atlántico Norte del país, cuenta con 730,000 hectáreas, unos ocho mil kilómetros cuadrados.
Según la clasificación de Marena, Bosawás es una de las 12 que cuentan con “infraestructura básica y equipos para operar, presencia institucional, presupuesto y personal permanente para la protección, manejo y cierta actividad turística”.
El estado de conservación en esta reserva se considera alto, de acuerdo con el informe.
Sin embargo, Incer considera que aun en ésas la protección no es efectiva.
SIN PLATA
Y no culpa de eso a las autoridades actuales del Ambiente. Incer dice que es un asunto de falta de fondos para operar.
Hace dos días el titular del Marena, Roberto Stadthagen, coincidió con esto, al decir que no se ha invertido lo necesario en medio ambiente, porque el énfasis del gobierno fue la seguridad ciudadana, la producción y la inversión social: Salud y Educación.
Esta ausencia de fondos lo grafica bien el Presupuesto General de la República, que para el Marena prevé asignar tres millones de 796 mil córdobas. Menos de lo que tendrán instancias como la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero más que el Ministerio del Trabajo, por ejemplo.
Cuando Incer fue ministro, de cada 100 dólares que se invirtieron en recursos naturales nada más cinco provinieron del Estado, el resto era apoyo de organismos internacionales.
Sin embargo, considera que esa participación externa ha disminuido en los últimos años, en parte porque no se han resuelto problemas sensibles como la demarcación de los territorios indígenas.
El ex funcionario cree que hay unas 10 áreas con un grado de conservación satisfactorio. Algunas de ellas se localizan en el Pacífico y Norte del país.
De acuerdo con el informe, 23 de las áreas cuentan con algún tipo de presencia institucional. Incer cree que éstas deben co-manejarse, es decir, combinar la participación del Estado y organizaciones con capacidad para trabajar en el manejo de estas zonas.
Y a pesar de que las zonas tienen que sortear con enemigos como el avance de la frontera agrícola por parte de campesinos que buscan tierras donde sembrar, Incer cree que hay cierto grado de conciencia entre la población, que debe acentuarse en las futuras décadas.