- Vecinos dicen que juez Ruth Chamorro llegó con policías y pandilleros que dañaron los ranchos del restaurante El Lagarto Viejo, que reclama candidato a diputado PLC
- Dueños de La Cabaña, El Pelícano y el Hotel Altamar, temen que les ocurra lo mismo
Janelys Carrillo BarriosJosé Luis [email protected]
POCHOMIL/SAN RAFAEL DEL SUR.- Los 35 años de trabajo que Emilia Gómez Mejía empleó para construir su restaurante El Lagarto Viejo, quedaron hechos trizas el viernes, cuando un grupo de civiles y policías dirigidos por una juez capitalina entregó la propiedad a Frank Mena Marenco, candidato a diputado del Parlamento Centroamericano por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
El desalojo se produjo a eso de las 5:30 de la tarde cuando doña Emilia se encontraba sola y, según los vecinos, “unos policías y casi 20 pandilleros arrasaron los ranchos de palma del restaurante, montaron los enseres de la comerciante en un camión y los fueron a botar lejos del lugar”.
Carmen Pérez Álvarez, Marvin José Peralta y José Emilio Flores Navarro, presidente, vicepresidente y responsable de Vigilancia de la Cooperativa de Servicios Turísticos de Pochomil, aseguraron que la actuación de la juez cuarto Civil de Distrito de Managua, Ruth Chamorro, es ilegal, porque el contrato de arrendamiento suscrito entre el Instituto de Turismo y doña Emilia está vigente.
OTROS LOCALES EN PELIGRO
“Lo que trajeron fueron matones que saquearon las pertenencias de Emilia, se le llevaron cinco mil dólares y las prendas que tenía guardadas en el ropero, además, amenazaban con incendiar los ranchos porque decían que era más fácil que destruirlos”, aseguraron los vecinos.
José Gabriel Garmendia Gutiérrez, uno de los tres vigilantes que quedaron cuidando lo que quedó del local, admitió que se mantiene armado y advirtió que si lo provocan no se va a quedar cruzado de brazos.
Tras indicar que las pérdidas económicas sufridas por doña Emilia andan por los 60 mil dólares, los dirigentes de la cooperativa sostuvieron que con argucias legales igualmente intentan desalojar a otros dueños de establecimientos como La Cabaña, El Pelícano y el Hotel Altamar.
La presidenta de la cooperativa indicó que en 1997, el entonces ministro de Turismo Pedro Joaquín Chamorro, suscribió un contrato de arrendamiento con los propietarios de establecimientos, vigente para el período 17 de febrero de 1997 al 17 de febrero del 2002.
Agregaron que cuando Lorenzo Guerrero asumió esa cartera desconoció tales contratos y dejó de recibir los pagos, “argumentando que promulgarían una Ley de Incentivos a la Inversión Turística, que a nosotros no nos sirve para nada porque está dirigida a los capitales grandes y nosotros somos microempresarios”.
Recordaron que a raíz de 1990, el gobierno indemnizó a los que antaño se proclamaron dueños de las costas; entre ellos Heberto Sánchez, que era asesor del dictador Anastasio Somoza, “pero ahora Mena, quien vino a decir que la jueza le estaba llevando el caso por 20 mil dólares, aparece reclamándola aunque entendemos que ésta es un área de proyección turística”.
ALEGAN QUE NO CUMPLIÓ CONTRATO
Ángel García, administrador de las propiedades de Mena, dijo a LA PRENSA que la comerciante firmó un contrato de arrendamiento con Heberto Sánchez, y como ésta no lo cumplió fue ejecutada por la vía judicial.
“Pasaron dos años y no quiso hacer caso a lo que estipulaba el contrato de arriendo, que decía que se le iba a dar un año y luego desalojaría el local. Esto no tiene apelación”, indicó García, lo que fue desmentido por Gómez, pues, según dijo, jamás firmó convenio alguno con Sánchez, pero sí pagó alquiler a Intur.
Marcos Baca, administrador del Centro Turístico, dijo que el problema se arreglará mañana lunes después de ver qué dice el asesor legal.
Reconoció que los contratos que el ex ministro Chamorro firmó con los comerciantes fueron desconocidos por su sucesor, quien se negó a recibir el pago de arrendamiento, justificó que los inquilinos perdieron sus derechos por haberse “atrasado” en sus cuotas.
ALCALDE REPRUEBA ACTUACIÓN JUDICIAL
Mientras Beatriz Guevara, abogada de la comerciante afectada, aseguró que mañana hará del conocimiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la actuación de la judicial Ruth Chamorro, Noel Cerda Méndez, alcalde de San Rafael del Sur, aseguró que tanto Chamorro como Mena incurrieron en abuso de autoridad y usurpación de la propiedad.
El edil sostuvo que las costas son propiedad del gobierno municipal, y, por tanto, lo actuado “es una mala decisión de la juez y una irresponsabilidad de Intur, que desde 1990 se ha tomado derechos sobre aquéllas” y ahora desprotege a la comerciante.
