- Consideran que propuesta establecida en proyecto es realmente menor a la asignada para el año en curso
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La Contraloría General de la República (CGR) solicitó al Ejecutivo un presupuesto de 85 millones de córdobas para el año entrante, es decir 21 millones más que lo otorgado este año. Sin embargo el Ministerio de Hacienda redujo esa solicitud de aumento a un millón de córdobas, según consta en el proyecto del Presupuesto General de la República, incremento que no reconoce ni siquiera el deslizamiento, a criterio de dos contralores.
Los contralores Francisco Ramírez (presidente en funciones) y Luis Ángel Montenegro dijeron que la propuesta de presupuesto presentada por ministro de Hacienda y Crédito Público encierra una disminución sustancial del presupuesto de la CGR, porque se incluye en él una partida de más de tres millones de córdobas que corresponden a recursos amarrados como parte de compromisos del Estado nicaragüense con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Nos están asignando 65 millones de córdobas, pero si le quitamos los tres millones que son una contrapartida del Estado de Nicaragua para una ayuda del BID que servirá para la implementación del nuevo manual de control interno de las instituciones del Estado, eso significa que nos están dando menos recursos que este año”, señalaron ambos contralores.
“El presupuesto ha sido disminuido sustancialmente en vez de ser incrementado, aun cuando contablemente dicen que nos están dando dos millones de córdobas. Nadie ha dicho de que dentro del presupuesto que ha recomendado el ministro de Hacienda va incorporada una partida de tres millones 200 mil córdobas, que es la contrapartida de una ayuda que va a dar el Banco Interamericano de Desarrollo para implementar en las instituciones del Estado el nuevo manual de control interno del Estado”, precisó Montenegro.
Tanto Ramírez como Montenegro coincidieron en que esa disminución de recursos provocará el inevitable cierre de al menos una de las tres sedes que tiene la Contraloría en Chontales y las Regiones Autónomas del Atlántico, y la no apertura de la sede de Chinandega que estaba prevista para el próximo año.
“Estamos revisando números, ahora, y creo que va a ser inevitable el cierre de una de nuestras sedes, no sabemos cuál, pero con este presupuesto disminuido va a ser difícil sostenerla”, agregó Ramírez.
El contralor Ramírez agregó que esta disminución en el presupuesto afectará la ejecución de auditorías en las instituciones del Estado. “Es que ni siquiera nos están reconociendo el deslizamiento. Esto va a afectar el funcionamiento total de la Contraloría”, indicó.
