- El Estado y la empresa privada están obligados por ley a contratar personas con discapacidad, pero esto no se cumple
Benjamín Blanco [email protected]
Las personas con discapacidad en Nicaragua cuentan con una Ley que, en teoría, las protege de cualquier barrera y las defiende de todo tipo de discriminación.
Sin embargo, en la práctica, la Ley no se respeta y es muy poco conocida aún por las mismas asociaciones de personas con discapacidad.
Se trata de la Ley 202 o Ley de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, la cual fue promulgada en agosto de 1995 y reglamentada dos años después.
El artículo 9 del decreto de reglamento a dicha ley establece que son las comisiones departamentales y regionales nombradas por el Minsa las que “deberán constatar que las empresas estatales, privadas o mixtas tengan contratada a una persona con discapacidad por cada 50 trabajadores, según la planilla de la empresa”. Sin embargo tales comisiones ni siquiera existen.
Luego, el artículo 12 de ese mismos decreto claramente señala que “las empresas están obligadas a contratar a personas con discapacidad, y no podrán afectarlos en sus derechos y salarios, sino que gozarán de las mismas prestaciones que los otros trabajadores”.
El artículo 27 indica textualmente que “el incumplimiento de la ley y del presente reglamento será sancionado con responsabilidades administrativas y civiles”.
LA PRENSA trató de conocer si el Ministerio del Trabajo (Mitrab) cuenta con algún control o supervisión en las empresas del país para hacer cumplir los artículos señalados anteriormente, sin embargo, en ese ministerio nos dijeron que la funcionaria encargada de este asunto se encontraba en un seminario fuera de Managua.
TEMA NO ES PRIORIDAD
Por su parte Henry Lind, representante de la Asociación Danesa de Discapacitados, dijo que “hemos visto que es muy poca la prioridad que ha dado el Estado al sector discapacitado y pensamos que es necesario que las mismas personas discapacitadas a través de sus organizaciones reclamen sus derechos”, señaló.
Lind agregó: “Yo pienso que la Ley es un primer paso positivo. De un día para otro no se pueden esperar maravillas, pues la Ley no soluciona todos los problemas de las personas con discapacidad. Creo que la Ley necesita ser cambiada, incluir más cosas, asegurar la educación a todos”, sugirió.
La Asociación Danesa de Discapacitados trabaja en el país desde los últimos dos años y actualmente ejecuta el Programa de Fomento de las Organizaciones de Discapacitados en Nicaragua (Prodinic), cuyo objetivo es fortalecer las asociaciones nicaragüenses de discapacitados.
Desde que empezó el plan de cooperación con Nicaragua, esta asociación del país de Dinamarca destinó 2 millones de dólares para cuatro años, de los cuales ya han desembolsado un millón.
“Apoyamos actualmente 20 diferentes asociaciones de discapacitados de Managua, Masaya, León, Juigalpa y Estelí”, afirmó Lind.
