- Deben hacerlo los mismos periodistas
William Briones Loá[email protected]
La Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua entró en vigencia al ser promulgada por el Presidente Arnoldo Alemán y publicada en La Gaceta número 70 del 16 de abril del 2001, sin embargo, no será reglamentada por el Ejecutivo, en respuesta a la “auto-regulación del ejercicio del periodismo”, según el doctor Dolores Barquero, miembro del equipo de Asesoría Jurídica de Casa Presidencial.
La Ley establece 15 días a partir de su publicación para integrar una comisión organizadora, y hasta tres meses para conformar el Colegio de Periodistas, plazo que vence el 27 de junio próximo.
“El Ejecutivo no va a reglamentar la ley porque la misma ley establece que son las dos organizaciones (APN y UPN), las que deben convocar a sus agremiados, para conformarse como Colegio para auto-regularse. Son ellos los que deben establecer sus normativas internas”, explicó.
“Será una normativa interna, o sea que los periodistas se van a auto-regular. Cuando una ley debe reglamentarse, lo establece expresamente la Ley”, explicó.
RECURRANLA
Según el asesor presidencial “como quedó la ley, no atenta contra la libertad de expresión, porque la misma establece en su artículo # 7 que no se sujetan a la ley las contribuciones esporádicas de particulares. Significa que cualquier persona puede escribir lo que desea, sin llamarse periodista. Lo que hicimos fue dejar la ley de manera que no ofendiera a los periodistas ni a la ciudadanía”, dijo.
Barquero formó parte del equipo jurídico que en la Presidencia analizó la ley aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre pasado, y dijo conocerla detalladamente, por eso asegura que no atenta contra la libertad de expresión, ni contiene roces constitucionales, pero consideró “una medicina legal, el hecho que se pida el control constitucional. Sería bueno que la recurran por inconstitucionalidad, porque se disiparían de una vez todas las dudas”, comentó.
Importantes sectores del periodismo nacional se han opuesto a esta legislación por considerarla contradictoria con la Constitución y convenios internacionales que defienden los derechos individuales y políticos y en particular la libertad de expresión en todas sus manifestaciones.
