- Obispo fue asesinado hace 35 meses
Edin Hernández (AFP)
GUATEMALA.- El asesinato del obispo guatemalteco Juan Gerardi, cumple 35 meses este lunes, cuando se realiza el segundo día de debates en un esperado juicio que pretende acabar con la impunidad del crimen y en el que figuran como acusados -con diferente grado de responsabilidad- tres militares, un sacerdote y una cocinera.
El Tribunal Tercero de Sentencia logró abrir el debate el pasado viernes, tras dos postergaciones un día antes y una suspensión el 15 de febrero, de un juicio que según el fiscal del caso, Leopoldo Zeissig, debió iniciar en agosto pasado.
AMENAZAS Y ACUSACIONES
Tras el crimen, perpetrado el 26 de abril de 1998, se han registrado amenazas contra miembros de la Iglesia Católica y personas vinculadas al proceso, e incluso debieron salir al exilio un fiscal, un juez y cinco testigos.
El pasado miércoles, desconocidos lanzaron dos granadas contra la casa de la Jueza Jazmín Barrios, una de las dos vocales del tribunal, causando sólo daños materiales.
Los militares acusados del delito de ejecución extrajudicial son el coronel (r) Disrael Lima Estrada, ex jefe de Inteligencia Militar; su hijo, el capitán del Ejército Byron Lima Oliva; y el ex especialista militar, Obdulio Villanueva.
Por el delito de asesinato fue acusado el sacerdote Mario Orantes, un cercano colaborador de Gerardi, y la ex cocinera de éste, la doméstica Margarita López, por encubrimiento.
RAZONES
Aunque la acusación no define a ninguno de los tres militares como autores materiales o intelectuales del crimen, sostiene que Lima Estrada estuvo cerca de la escena del asesinato “para controlar personalmente el crimen que había sido previamente planificado de común acuerdo con los otros dos militares y el sacerdote Mario Orantes”.
Para cumplir su labor de planificación y vigilancia, Lima Estrada se habría valido de su “amplio récord militar en la dirección de Inteligencia Militar” y de otros cargos en su carrera militar iniciada en los años 60, con especialización en inteligencia y lucha contrainsurgente, asegura la acusación.
Aunque el fiscal no precisó el móvil político como causa del crimen, sostiene que los militares pretendían “minimizar el impacto” de un informe que Gerardi coordinó, sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra en Guatemala (1960-1996).
Los militares “sabían” que el Informe Recuperación de la Memoria Histórica (REHMI), que Gerardi presentó dos días antes de su muerte, “podría afectarles por el impacto que podía tener en la sociedad guatemalteca al conocer los abusos cometidos durante el conflicto armado y querían minimizar su alcance”, señala la acusación, según los cargos formulados por la Fiscalía.
114 TESTIGOS
Lima Oliva calificó de “ridícula” y falsa la acusación.
Los defensores de los cinco procesados denunciaron el pasado viernes una serie de errores en el proceso, porque entre otras cosas, según ellos, no existía una plena tipificación del delito, y pidieron anular la causa y liberar a sus clientes.
Al rechazar esos argumentos, el fiscal Zeissig aseguró tener prueba testimonial y documental para probar cada acusación durante el debate, el cual podría prolongarse por unos tres meses.
Por su parte, el presidente del Tribunal, José Cojulún, anunció que este lunes responderá las peticiones de la defensa, donde se definirá la continuidad del proceso, en el que desfilarán 114 testigos, pero como algunos son requeridos por más de una instancia, el número se eleva a 209.
Cojulún anunció que del 26 al 30 de marzo serán escuchados los testigos de la fiscalía, los días 2, 6 y del 9 al 11 de abril los de la parte acusadora (Iglesia Católica), y el 16, 20, 23 y 27 de abril, los testigos de la defensa.
Para este lunes está previsto que los cinco acusados deban declarar, aunque la ley les permite abstenerse, y hacerlo cuando lo consideren pertinente.
