- Comisionada Sacasa reconoce que han ocurrido casos de “amenaza y coacción”
Juan Rodríguez juan.rodrí[email protected]
El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), doctor Lino Hernández, aseguró que la Policía “viola los derechos humanos” más de lo que indica un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que señaló “863 casos de abuso policial o exceso en el uso de la fuerza”.
Hernández denunció que la Policía “continúa con prácticas de tortura con algunos detenidos para que se declaren culpables” y que la CPDH recibió 14 casos de tortura que “fueron verificadas”.
La inspectora general de la Policía, comisionada Eva Sacasa, declaró que “las torturas se nos han presentado eventualmente en las cárceles, pero sólo tenemos un caso donde un reo fue golpeado en el interior de la celda”.
“Los abusos o excesos de fuerza de parte de algunos agentes del orden público se han dado al momento de las capturas, la mayoría de las veces, y no en las celdas”, explicó Sacasa.
El informe del Departamento de Estado, publicado hace un mes, señala que también la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) conoció de 70 quejas de ciudadanos por presuntas torturas o trato inhumano de parte de las autoridades policiales.
“Lo importante es que se pueda aplicar una política de capacitación, sobre cómo sacar información a los reos sin torturas, pero también implementar una política de castigo a los agentes que caigan en estos abusos”, recomendó Hernández.
Según la CPDH, pocos policías han sido remitidos a los jueces para que respondan por abusos o corrupción. “La tortura es un delito, según la Constitución de Nicaragua, pero no está tipificado en el Código Penal”, comentó Hernández.
La comisionada Sacasa dijo que “la tortura aplicada en las celdas está prohibida para los miembros de la Policía” y “posiblemente las denuncias fueron interpuestas en los organismos de derechos humanos y no en la inspectoría general de la Policía, por eso las desconocemos”.
Señaló que a veces “los organismos pasan a esta oficina muy tarde las quejas, llegan hasta tres o seis meses después de ocurridas y resulta muy difícil para nosotros verificar algún tipo de maltrato”.
“Realmente no tenemos comprobación de denuncias de torturas, sólo conocimos de dos casos, uno fue constatado y el responsable fue dado de baja inmediatamente”, afirmó la jefa policial.
Aceptó que a veces los policías usan “la amenaza y la coacción” contra los reos. “Si no firmás no podes irte de aquí, se le puede decir a un sospechoso, pero no podemos obligar a nadie a que se declare culpable”, comentó Sacasa.
MáS DE MIL QUEJAS
Durante el año 2000, la Policía recibió 1,186 denuncias sobre acciones indebidas de sus agentes y funcionarios, por violación a los derechos humanos, actos de corrupción o infracciones disciplinarias. Fueron 215 denuncias más que durante 1999.
Las quejas sobre violaciones a los derechos humanos sumaron 863, pero sólo 117 casos resultaron positivas, pero dejaron pendiente de investigación 102 casos. “A veces no se comprueba porque la denuncia fue muy tardía, la denuncia se debe hacer inmediatamente para captar las evidencias”, dijo Sacasa.
En el año 2000, a 89 policías les dieron de baja deshonrosa o les privaron de grados, otros 22 agentes fueron democionados de sus cargos pero quedaron activos en la institución.
DOS CASOS
La CPDH dijo que los hermanos Julio y William Espinosa Burgos, detenidos el 10 de junio en Río Blanco, Matagalpa, por el presunto tráfico de droga, denunciaron que eran sacados de sus celdas a media noche por los policías, para interrogarlos, fueron golpeados y presionados para que se declararan culpables de los cargos que les imputaban.
Los detenidos resultaron inocentes y una vez libres denunciaron a los policías, los que fueron remitidos a los juzgados de ese poblado.
Otro caso es el de Rommel Rubén Espinosa Rodríguez, detenido el 2 de octubre del 2000 en el sector de Villa El Carmen acusado de un presunto robo. “Fue golpeado por el instructor, ellos mismos prepararon su declaración y a punta de golpes le obligaron a firmar una declaración que no había hecho”, dijo Lino Hernández.
