- Una de ellas admite haberse
equivocado “involuntariamente” - Funcionarias cuestionadas ejercen sus cargos en Matagalpa
Mario Sánchez [email protected]
Con una queja de 75 páginas, el ingeniero Carlos Santos Berroterán recurrió ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para pedir la destitución de las juezas Karla Emilia Sáenz Terán, del Juzgado Primero de Distrito del Crimen y Regina Tapia Lorío, suplente del Juzgado de Distrito para lo Civil, ambas de Matagalpa.
Santos Berroterán solicita que la CSJ al menos les prohíba ejercer el Derecho durante algún tiempo o aplicarles una multa económica.
Roberto Larios, director de Relaciones Públicas de la CSJ, confirmó que la queja fue entregada en la Secretaría de la Corte, de donde fue remitida a la Inspectoría y de allí sería trasladada a la Comisión Disciplinaria que preside la magistrada Yadira Centeno, quien podría llamar a las juezas aludidas para que amplíen su informe de los casos en que las señala Santos Berroterán. La CSJ tiene un mes para emitir su resolución.
Santos Berroterán se queja de que Tapia Lorío tiene un poder general amplio para representar a la Cooperativa Agropecuaria Denis Gutiérrez Cardoza R.L. a la vez que ocupa el cargo de jueza suplente del Juzgado de Distrito para lo Civil de Matagalpa.
También dice que por ser abogada de esta cooperativa, Tapia Lorío debió inhibirse de ocupar el cargo de juez suplente, como lo establece la Ley 260 o Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que ningún juez propietario o suplente puede ejercer el Derecho mientras ocupe el cargo.
Añade que Tapia Lorío también es defensora de Ramón Orozco Aguirre y de otras personas acusadas de tráfico de drogas, expediente 367/2000, en el Juzgado Primero de Distrito del Crimen de Matagalpa a cargo de Karla Emilia Sáenz Terán.
Afirma que Tapia Lorío introdujo un escrito el 5 de julio de este año (folios 119 y 120) en que pide llamar a declarar a varios testigos que beneficiarían a su defendido. Santos Berroterán alega que Sáenz Terán debió rechazar el escrito, según lo establecido en la Ley 260.
Santos Berroterán también extiende la queja contra Armando Castro, Registrador de la Propiedad de Matagalpa, quien se negó a anular la cuenta registral de la finca La Pita, a favor de la cooperativa Denis Gutiérrez Cardoza R.L.
El Registrador Castro resolvió que él no podía cambiar de hecho esa cuenta registral, sino en base a una sentencia emitida por un juez, por lo que manda a Santos Berroterán a recurrir a un tribunal y abrir un juicio pidiendo la nulidad del asiento registral que está a favor de la cooperativa Denis Gutiérrez Cardoza R.L.
ADMITE ERROR «INVOLUNTARIO»
Al ser consultada sobre la queja en su contra la jueza Tapia Lorío dijo que ella ya informó sobre el caso de drogas, expediente 367/2000 a la doctora Yadira Centeno, presidenta de la Comisión Disciplinaria de la CSJ.
Explicó que verdaderamente cometió un error involuntario, pero lo corrigió al hacer otro escrito en que le pidió a la Jueza Sáenz Terán “que el escrito anterior lo tuviera como no puesto”, a la vez que renunció a la defensa del reo Orozco Aguirre.
Afirmó que considera que Santos Berroterán presentó la queja en la Corte contra ella y contra Sáenz Terán “como una actitud personal, porque yo fui abogada de los directivos de la cooperativa Denis Gutiérrez Cardoza en el juicio que Santos Berroterán sostuvo en el Juzgado de Distrito para lo Civil, en ese momento a cargo de Karla Emilia Sáenz, quien no dio lugar a la solicitud de cancelación de asiento registral de la finca La Pita”.
