MARIO SÁNCHEZ [email protected]
Cuatro oficiales del Sistema Penitenciario de Juigalpa (SPJ) están siendo acusados en los tribunales de ser los principales abastecedores de drogas a los reos revendedores o consumidores.
Los funcionarios del SPJ fueron denunciados en el Juzgado de Distrito del Crimen de Juigalpa por varios reos que fueron interrogados luego de que uno de ellos fue descubierto traficando con droga dentro del penal.
Esta denuncia también fue hecha en la reunión trimestral que los jueces de Chontales y la Procuraduría Departamental sostuvieron el 30 de mayo de este año con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Apelaciones de Juigalpa, y la subdirección del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) y del penal de la región, en ese momento dirigido por el subcomandante Edwin Cadena.
Como los jueces manifestaron su preocupación y rechazo a esta actuación de los oficiales, la dirección del SPN prometió investigar y ayudar a la Policía y a los jueces para comprobar la denuncia, declaró Octavio Rothschuh Andino, juez de Distrito del Crimen de Juigalpa.
Los acusados son los tenientes Gilberto Bermúdez, Ramón Patrocinio, Oscar Alonso, Carlos Alonso y Néstor Ruiz Urbina. Según la denuncia, varios de estos oficiales acusados son traficantes y consumidores de drogas.
El subcomandante Darving Centeno declaró que él desconoce la veracidad de la acusación contra los oficiales porque hace apenas tres semanas que asumió la dirección de esa penitenciaría.
Aseguró que como medida preventiva para reducir el tráfico y consumo de drogas en el penal, los acusados fueron transferidos a los penales Tipitapa, Granada y Chinandega.
Sin embargo el subcomandante Centeno desestimó la veracidad de la acusación al decir que los reos a quienes se les descubrió en posesión de drogas, acusan a los oficiales en venganza.
El capitán Ernesto Requene, de la Policía de Juigalpa, dijo por su parte que la acusación contra los oficiales no ha sido comprobada y que la acusación la hacen los reos que fueron descubiertos por los mismos oficiales del penal, cuando estaban en posesión de paquetes de marihuana.
Los reos que trafican con drogas son José Donald Blandón López, alias “El Pelón” con nueve bolsitas, y René Pérez Lazo, quien a finales de febrero le encontraron 21 puros de marihuana y un paquete de la misma hierba.
Juan Manuel Morales Lumbí, uno de los reos, declaró en el juzgado que él no es consumidor, pero que el 22 de febrero le dijeron que a Blandón López y a Morales Lumbí, de la celda 12 de la galería uno, les habían encontrado drogas.
Aseguró que la droga no falla dentro del penal, porque la introducen los mismos oficiales que luego la venden a través de los reos pucheros y que más del 50 por ciento de los convictos consumen drogas.
Este reo pidió protección física porque dijo temer represalias después de haber hecho esta revelación, en que acusa al teniente Wilberto Bermúdez de introducir la droga al penal, y éste a su vez la distribuye a través del reo Alfredo Rafael Gómez Cruz, recién descubierto con cinco bolsitas de marihuana y condenado a 30 años de cárcel por doble asesinato.
Otro acusado es el oficial Oscar Alonso, quien según Morales Lumbí, al igual que Bermúdez, le pidió que le ayudara a vender la hierba, pero como se negó, fue enllavado en su celda.
Aseguró que en la galería 4, la distribuyen Julio Antonio y uno de nombre Léster; Pedro Lazo en la galería 2; en la 3 uno que le dicen Cardoza. Ellos venden la tila a 20 córdobas y otros hasta en 50 córdobas.
Mientras que Hilton Alvarado Rubio de 40 años, originario de Bluefields, declaró que la droga es introducida y distribuida por los mismos funcionarios del penal, entre éstos Gilberto Bermúdez, Néstor Ruiz Urbina y otros conocidos con los motes de “El Diablo” y “El Macho”.
Siete de los reos llamados a declarar señalaron a José Donald Blandón López, René Pérez Lazo y a los cuatro funcionarios del penal de ser traficantes de drogas, por lo que la Policía los había acusado del delito de tráfico ilegal de estupefacientes en perjuicio del Estado.
Sin embargo, el juez Rothschuh Andino se vio obligado a sobreseerlos definitivamente, porque la Policía cometió el error de enviar la acusación sin incluir el dictamen del Ministerio de Salud o del Laboratorio Central de Criminalística de la Policía que demostrara científicamente que la hierba incautada era marihuana.
En el caso de los oficiales del SPN, la causa quedó abierta y en esperas de los resultados de las investigaciones de la Policía.
