- Lineamientos del ESAF van encaminados al ingreso de la HIPC para el último trimestre del año
- Noel Ramírez asegura que fortalecimiento de la Contraloría es efectivo
GUSTAVO ORTEGA CAMPOS
Reformar la Ley de la Contraloría General de la República (CGR) tomando en cuenta las recomendaciones de la comunidad cooperante es uno de los compromisos que el Gobierno estableció ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ser ejecutado antes de septiembre.
Aspecto que podría aumentar la controversia luego de conocerse la resolución del ente fiscalizador ante los señalamientos de corrupción en algunos funcionarios públicos y que donde al final la CGR no encontró pruebas suficientes para ser remitidos a los tribunales, pese a reiteradas denuncias públicas.
Dicha resolución fue criticada por la comunidad internacional, pues la calificó de “insuficiente”, partiendo del hecho de que las investigaciones no fueron profundizadas, sin embargo, para el presidente del Banco Central este aspecto concluyó “con buen suceso”.
Y es que recientemente el FMI realizó su evaluación trimestral del programa de ajuste estructural conocido como ESAF, cuya segunda fase entró en vigencia en marzo de 1998 luego de haberse suspendido la primer etapa por incumplimiento de los compromisos definidos en la administración de Violeta Chamorro.
Tras esta última inspección, el Gobierno estableció nuevos lineamientos y compromisos que serán revisados por el directorio del FMI como parte de los requisitos para ingresar a la iniciativa de condonación masiva de la deuda externa.
Según Ramírez, la misión del FMI evaluará estos compromisos que deben ejecutarse antes de septiembre, fecha en la que anunciarán su visto bueno para que el Gobierno ejecute nuevas políticas de ajustes para el período 2000-2001.
De ser ejecutados y de aprobarse los lineamientos, según el funcionario, Nicaragua estará accediendo al “punto de decisión” de la Iniciativa para países pobres altamente endeudados (HIPC por sus siglas en inglés) en el último trimestre del año.
Con ello Nicaragua tendrá la alternativa de librarse de un monto aproximado de 4,500 millones de dólares del saldo de la deuda externa que a la fecha ronda los 6,300 millones de dólares una vez que se haga efectivo el “punto de culminación”, estimado para finales del 2001.
Sin embargo, esto será posible una vez que la comunidad cooperante defina los mecanismos de financiamiento de la condonación, premisa que ya ha sido anunciada en foros internacionales, pero que aún no ha sido efectiva.
Otros compromisos son estabilizar el nivel de reservas internacionales, las que hasta abril mostraron un descenso de casi 90 millones de dólares, sin embargo, Ramírez aseguró que antes de que finalice junio “volverán a su nivel establecido”.
Este nivel, según indicó, oscila entre los 325 millones de dólares. “Las cosas van por buen camino, la misión se mostró satisfecha en todos los aspectos”, indicó.
Asimismo, se definió la reducción del gasto público, aquí Ramírez no supo precisar el monto establecido pero aseguró que “este aspecto ha venido cumpliéndose a cabalidad”, descartando que ello implique despidos en el aparato gubernamental.
Otra de las acciones a ejecutar es la regulación de las tarifas de electricidad y telefonía, además de emitir las invitaciones para el proceso de licitación pública de las empresas que prestan ambos servicios.
Además de garantizar que todos los ingresos provenientes de entidades gubernamentales sean registrados en un sistema centralizado en la Tesorería General de la República antes de septiembre, es uno de los compromisos que el Gobierno definió ante el FMI.
