- Bancada sandinista presentará demanda por malversación, fraude y peculado el martes próximo
- “No podemos llevar el asunto al plenario porque la Asamblea Nacional no puede quitarle facultades a la CGR”, argumenta Primer Secretario
- Demanda podría ser incluida en proceso iniciado por Rafael Córdoba Alvarez
HUMBERTO MEZA
El Director General de Ingresos saliente Byron Jerez Solís, enfrentará una segunda demanda judicial por los delitos de malversación, fraude y peculado, como una respuesta a la decisión parlamentaria de engavetar el dictamen de la Comisión Anticorrupción sobre la emisión irregular de 14 cheques.
A pesar de la aceptación que tuvo en su momento el dictamen legislativo, la mesa directiva aprobó por mayoría no pasar la resolución a Plenario, situación que empujó a la Bancada Sandinista a presentar otra demanda el martes próximo.
“Aún no sabemos en qué Juzgado va a ser presentada la demanda judicial. Hay muchas posibilidades de llevarlo al Juzgado Primero para fortalecer la demanda de Rafael Córdoba y así agilizar el proceso penal, pero pudiera ser que iniciemos la causa criminal en un Juzgado independiente con los elementos que consideró la comisión legislativa”, señaló el tercer secretario del Parlamento, Wálmaro Gutiérrez.
A finales de mayo, la comisión parlamentaria sorprendió con un dictamen suscrito por unanimidad, recomendando la destitución de Jerez y el inicio de un proceso judicial en la Procuraduría General de Justicia, pero esto no fue recogido en la resolución que esta semana presentó la Contraloría sobre el caso.
Para llenar el vacío, los miembros de la comisión plantearon el trámite del dictamen hasta llegar al plenario, para luego enviarlo al Procurador, en un procedimiento similar al que se usó en 1998 con las denuncias contra el ex contralor Agustín Jarquín, por haber recibido supuestas transferencias irregulares durante el traspaso de gobierno.
No obstante, cuatro de los siete directivos decidieron enviar el dictamen al Departamento de Asesoría Legal y no ante el Plenario, para que defina si tiene o no sustento legal.
“La importancia de que este dictamen sea conocido en el Plenario, es para que este Poder del Estado tenga una posición oficial, lo demás sólo serían tácticas dilatorias que en este caso no caben”, agregó Gutiérrez.
LIBERALES: “UN ASUNTO DE FACULTADES”
Sin embargo, el argumento del sector mayoritario en la Junta Directiva radica en un asunto de “conflicto de competencias”, entre la Contraloría y el propio Poder Legislativo.
Según el liberal y Primer Secretario, Pedro Joaquín Ríos, el Parlamento no puede presentar una posición sobre el tema de Jerez, aduciendo que ya lo hizo la CGR.
“La Comisión Anticorrupción ya dijo lo que le correspondía. Y ahora quieren que nosotros digamos que la Contraloría no actuó correctamente para asaltar sus facultades. Nosotros hicimos esa Contraloría para que funcione y aquí se le aprobó su ley orgánica. ¿Por qué vamos a venir a asaltar ahora, lo que no nos corresponde como diputados?”, reaccionó el directivo liberal.
