El juez Ernesto Rodríguez rectificó la sentencia que dictó ayer en contra del concejal capitalino Luciano García, estableciendo la multa de 431,906 córdobas.

[doap_video url=»http://cdn.laprensani.com/wp-content/uploads/2011/06/MErivasCarter.mov» poster=»http://cdn.laprensani.com/wp-content/uploads/2011/06/Imagen-521.png» title=»Roberto Rivas dice que el Centro Carter no ha pedido cita con el CSE» width=»640″ height=»360″ class=»video-normal»]

Las alianzas Partido Liberal Independiente (PLI) y Partido Liberal Constitucionalista (PLC) denunciaron que una vez más el Consejo Supremo Electoral (CSE) hace a un lado la Ley Electoral para imponer “un criterio partidario”, al negarse a dar credenciales como fiscales electorales nacionales a Dionisio Palacios (PLI) y Alejandro Samaniego (PLC).

“Los ciudadanos que estén ‘encachimbados’ por el alza en la energía eléctrica, por el alto costo de la canasta básica, por la falta de observación electoral, por la violación a la Constitución Política y por la ilegal candidatura de (Daniel) Ortega, pueden protestar este 9 de julio”, dijo Marvin Parrales, del Movimiento Pedro Joaquín Chamorro (MPJCh).

El magistrado y presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, dijo ayer que no recibirán a ningún grupo de observación electoral hasta el 16 de agosto próximo, cuando esté aprobada la normativa para la acreditación de observadores o acompañantes electorales, términos que utilizó indistintamente.

Veintiún años han pasado desde que los líderes de la contrarrevolución aceptaron entregar las armas para poner fin a la guerra civil de la década de los ochenta, tras la derrota electoral del Frente Sandinista (FSLN), en 1990.

El juez Ernesto Rodríguez dio la gran sorpresa ayer al imponer 800 mil córdobas de multa al concejal Luciano García, a través de un cálculo aritmético que viola el Código Penal del país.

Ayer se celebró el Día Nacional del Periodista en Venezuela, pero los profesionales de la información poco tienen que festejar en medio de un marco jurídico que limita el ejercicio y las agresiones verbales y físicas por parte de simpatizantes del oficialismo.

Sea por cumplir con la obligación pastoral de convertirse en voz de los sin voz, como afirman los obispos; o porque una vez más el contexto los ha obligado a asumir el rol de oposición, como opinan otros, la Iglesia católica es una de las pocas instituciones que se mantiene en la lucha para garantizar la presencia de observadores nacionales e internacionales en el actual proceso electoral.

Douglas Marenco viajó diez kilómetros desde Nandaime a Granada para ir a solicitar la cédula de identidad de su hijo de 18 años, y cuando llegó a las oficinas del Consejo Electoral Departamental (CED) de Granada se enteró de que estaban cerradas, porque las cambiarán de lugar.