Veinte casos de violación a la libertad de prensa documentó la Fundación Violeta B. de Chamorro (FVBCH) durante el mes de agosto; de los cuales 11 refieren ataques y agresiones, seis acceso a la información y tres procesos judiciales.
El informe sobre el monitoreo y seguimiento a los casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua indica que de los 20 casos registrados, 14 fueron perpetrados en contra de periodistas y otros trabajadores; en cambio 6 fueron dirigidos en contra de medios de comunicación.
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La FVBCH también señala que de los 20 casos de violaciones a la libertad de prensa, registrados solamente en agosto, el 80%, es decir 16 de ellos, fueron perpetrados por agentes estatales. Mientras que el 10%, o sea 2 de los casos fueron ejecutados por agentes no estatales y el otro 10%, es decir 2 de las violaciones no se logró identificar al o los agresores.
“Fue evidente observar una ola represiva manifestada en procesos judiciales perpetrados contra periodistas, alertamos de este nuevo método represivo que utiliza el Gobierno actual en su feroz intento por intimidar y silenciar la labor informativa de la prensa independiente”, manifiesta la FVBCH en su informe.
¿Quiénes son los periodistas independientes que enfrentan amenazas y procesos judiciales?
La FVBCH menciona que conoció que tres periodistas independientes han sido acusados por delitos de injurias y calumnias.
El pasado 11 de agosto, la periodista Kalúa Salazar, de radio La Costeñísima, de Bluefields, fue demandada por el delito de injurias y calumnias por tres funcionarias de la Alcaldía de El Rama, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS).
Tres días después, el director de la plataforma digital Boletín Ecológico, David Quintana, denunció a través de redes sociales una acusación por injurias y calumnias interpuesta por un excamarógrafo de un medio oficialista y su esposa.
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La periodista Elsa Espinoza y William Aragón, ambos miembros del directorio de PCIN (Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua), también denunciaron que están enfrentando casos similares de injurias y calumnias por parte de simpatizantes sandinistas.
“Todavía persiste un ambiente adverso, sin ningún tipo de garantías, para que los hombres y las mujeres de prensa puedan ejercer su labor periodística sin ningún tipo de obstáculos”, expresa la FVBCH en su informe, divulgado este jueves 17 de septiembre.
Sin embargo, el informe no refleja el embargo por 21 millones de córdobas al medio televisivo de Canal 12, ejecutado por el régimen de Daniel Ortega a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), el pasado 11 de septiembre.