La falta de información inclusiva y accesible; falta de consideración y participación en la toma de medidas de prevención, la situación en cárceles u hospitales psiquiátricos; que viven las personas con discapacidad son algunas de las preocupaciones que se han generado durante la pandemia, de acuerdo a un panel de expertos que participaron en un webinar organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH, representada por Stuardo Ralón, Comisionado y Relator sobre los derechos de las personas con discapacidad, reiteró la importancia de involucrar a este sector “en los procesos relativos a sus derechos, porque esta situación contribuye a que exista una visibilización de las necesidades particulares de esta población vulnerable”, dijo.
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Por su parte, Anderson Sant´Anna, Presidente del Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), dice que han realizado una evaluación de las condiciones generales y el atendimiento de las políticas públicas de los países integrantes.
Después de dicha evaluación, se declaran sumamente preocupados por la situación de las personas con discapacidad. “Como saben ustedes nuestro grupo ya es vulnerable en condiciones normales y con todas las restricciones y las condiciones de emergencia que estamos sufriendo son todavía más sentidas”, expresó Sant´Anna.
Entre las preocupaciones se encuentran la falta de ajustes de medidas que les permitan tener la asistencia personal que muchos necesitan, atención de calidad en el sistema de salud y la brecha digital que influye en que los estados no tengan datos confiables sobre personas con discapacidad.
Necesitamos políticas públicas inclusivas, transversales e interseccionales
Pamela Molina, Especialista en discapacidad de la OEA-Chile, insistió en trabajar políticas públicas que respondan a las emergencias, como la pandemia, de forma inclusiva, transversal e interseccional.
“Estas políticas públicas deben cumplir con los principios de igualdad y no discriminación con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque interseccional, porque todas las personas tenemos más de una categorización social y tenemos más de una identidad”, dijo Molina.
Resaltó las barreras que las personas con discapacidad enfrentan ante las medidas de prevención; minimización y control de riesgos; y de atención y cuidados en salud; esto debido a que estas medidas no son accesibles.
Mariana Díaz, Académica de la Facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, mencionó que los servidores de salud no tienen una perspectiva de derecho de las personas con discapacidad, por esto, pueden realizar acciones que terminan perjudicando el ejercicio de derechos.
“Por ejemplo, infantilizando a las personas con discapacidad, no dándoles la información accesible, adecuada, sencilla, que les permite tomar decisiones de manera autónoma”, dijo Díaz.
Además, Pamela Molina agregó que los estados necesitan generar información desglosada en los diferentes grupos de vulneración para generar medidas al personal de salud y a todos los profesionales de todas las áreas sobre la situación de grupos en vulneración.
“Para el diseño de soluciones se necesita consultar a la propia persona, las personas con discapacidad tenemos muchas sugerencias con mínimo costo, pero solucionan las barreras que acabo de mencionar. Recordemos la frase: lo que tú haces por mí, sin mí, siempre va a ser contra mí”, finalizó Molina.
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Atención especial a las personas con discapacidad privadas de libertad
La CIDH ha resaltado la situación en que se encuentran las personas con discapacidad privadas de su libertad, ya sea en cárceles, hospitales psiquiátricos u otros centros de asistencia social.
“Los estados deben asegurar que estos centros cuenten con las condiciones necesarias que permitan evitar la transmisión del Covid-19. Y en caso de que exista algún brote de contagio, proveer la atención médica adecuada para su tratamiento”, dijo Stuardo Ralón.
“En ese sentido, se debe reforzar la prohibición de aislamiento, de restricciones de medicalización no consensuada y un largo etcétera que son asignaturas pendientes hoy en la región, en materia de derechos de las personas con discapacidad psicosocial sobretodo”, señaló Agustina Palacios, Investigadora de CONICET-Universidad Nacional de Mar de plata, Argentina.
