El dictador Daniel Ortega ordenó dolarizar las tarifas de todos los servicios migratorios, así como aumentar el valor de varios trámites y establecer costos diferenciados para los extranjeros. Las medidas se ejecutarán mediante la reforma a la Ley General de Migración y Extranjería (Ley 761), enviada por Ortega con trámite de urgencia a la Asamblea Nacional.
El régimen alega que es necesario dolarizar los costos de los servicios migratorios para cubrir los gastos e inversiones que han hecho en los puestos fronterizos, tanto en oficinas para mayor cobertura como a través de sistemas en línea para agilizar los trámites.
Los cobros impuestos van desde 0.14 dólares hasta los 21.56 dólares por servicios de migración, entre los que están el formulario, el permiso del salvoconducto de viaje, hasta la libreta del pasaporte ordinario, entre otros.
Las visas múltiples para salida de menores de edad costarán 8.62 dólares para las vigentes por tres meses; 14.24 dólares por las de seis meses y 34.49 dólares con vigencia de un año.
En tanto las certificaciones de pasaportes, movimientos migratorios, así como de los diferentes certificados de movimientos migratorios para menores de edad y las agilizaciones para que se los entreguen en un plazo menor costarán entre 1.72 dólares y 5.74 dólares.
La pérdida del pasaporte tendrá una multa de 5.74 dólares, mientras por detección de documentos y sellos anómalos en el pasaporte en Migración cobrarán 143.72 dólares.
La obtención de la visa ordinaria para residentes, la de duración por tres meses, la que permite salir varias veces al año, la de tránsito y la de prórroga de estancia por un mes tendrán valor de entre 10, 20, 25, 40, 50 y 80 dólares, según la iniciativa de reforma a la Ley de Migración y Extranjería.
Al momento de llegar a las fronteras nicaragüenses también tendrán que pagar nuevas tasas, tanto nacionales como extranjeros. El régimen estableció que el despacho migratorio para salir o entrar al país costará 3 dólares, quedando exentos los ciudadanos de los países del CA-4, que incluye a El Salvador, Honduras y Guatemala. Por “permiso vecinal” solo los nicaragüenses pagarán 2.87 dólares, en tanto el servicio de “enrollo y desenrollos” solo para extranjeros pagarán 20 dólares.
Aumentos para residentes
Los residentes y ciudadanos nacionalizados también pagarán más, incluso son los costos más exorbitantes. Las tasas serán de dos dólares por el formulario de revalidación de la residencia y tres dólares por el formulario de residencia y nacionalidad.
Pero el trámite para obtener la residencia temporal anual costará 200 dólares y 100 dólares para “los dependientes, jubilados y pensionados no avalados por el Instituto Nicaragüense de Turismo” (Intur). Obtener la residencia permanente por cinco años costará 250 dólares para los jubilados y pensionados, en tanto el resto pagará 500 dólares. Mientras la reposición de la cédula de residente costará 50 dólares, igual precio tendrá la autorización para estancia en el exterior.
Los trámites para obtener la nacionalidad también costarán 500 dólares, pero renunciar a esta tendrá un costo de 700 dólares y volverla a adquirir costará mil dólares.
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“Esta reforma mantiene las tasas de los servicios y multas para los ciudadanos nicaragüenses, únicamente las fijas en moneda dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, pagaderas en su equivalente en córdobas utilizando el tipo de cambio oficial que publica el Banco Central de Nicaragua al momento de generarse el pago, al establecerse en esta moneda, se mantendrá el valor adquisitivo sin tener que incrementar año con año las tasas”, argumenta Ortega en la exposición de motivo de la iniciativa de reforma a la Ley 761.
Pero al fijar en dólares los costos y las multas de los servicios migratorios en la práctica significa que a diario habrá un aumento de las tasas debido al deslizamiento del valor del córdoba frente al dólar.
La medida recaudatoria la ejecuta el régimen orteguista justo cuando cientos de nicaragüenses que residían en Panamá, Costa Rica, Guatemala y en el resto de Centroamérica han decidido regresar a Nicaragua debido a la falta de empleos en esos países, por la crisis económica causada por la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19.
Otra de las medidas en el ámbito migratorio adoptada por el régimen de Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, con fines recaudatorios, es la implementación del cobro de 150 dólares por la prueba de detección del Covid-19 para nacionales y extranjeros que quieran salir del país, además cobrará 30 dólares por la vacuna contra la fiebre amarilla.
Cobro en dólares viola Leyes
El economista y exdirector de Ingresos, Róger Arteaga, cuestionó al régimen por dolarizar el cobro de los servicios migratorios porque representa otro golpe a las débiles finanzas de los ciudadanos que enfrentan una crisis económica y sanitaria, pero también porque viola las leyes que establecen que el córdoba es la moneda oficial en el país y por tanto es la moneda en que se cobran los impuestos, tasas, multas o cualquier servicio que brinde el Estado.
“Es una medida desesperada porque el hueco financiero que tienen en las finanzas públicas es enorme, porque no hay desembolsos de los préstamos, donaciones y los impuestos están disminuyendo porque la actividad económica está en depresión. Buscan sacar dinero a como sea”, señaló Arteaga.
La reforma a la Ley de Migración y Extranjería será aprobada este martes 4 de agosto en la Asamblea Nacional.
La dictadura al dolarizar el cobro por los servicios migratorios viola la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua (Ley 732) y el artículo 3 de la Ley Monetaria (Ley 1-92).
“Al dolarizarlo lo que quieren es recoger los dólares que andan circulando por el temor de que se pueda producir una devaluación (del córdoba) si no se controla la masa monetaria con las reservas internacionales del Banco Central, pero la disposición de un ministerio no está por encima de las leyes para hacerlo, porque están de hecho dejando de reconocer la moneda oficial que es el córdoba y aceptando que el dólar es la moneda de transacción oficial en Nicaragua”, refirió Arteaga.
La Ley del BCN en su artículo 34 refiere que “la unidad monetaria de la República de Nicaragua es el córdoba, que se subdivide en cien partes iguales denominadas centavos de Córdobas. Su símbolo es C$”.
Y el artículo 36 de la misma ley, claramente establece que “los precios, impuestos, tasas, tarifas, honorarios, sueldos, salarios, contratos y obligaciones de cualquier clase o naturaleza que deban ser pagados, cobrados o ejecutados en el país se expresarán y liquidarán en Córdobas”. Ese mismo articulado claramente indica que “toda cláusula calificativa o restrictiva, que imponga pagos en metales, monedas o divisas extranjeras o cualquier unidad monetaria o medio de pago que no sea el Córdoba será nula”.
Esas mismas restricciones sobre en qué tipo de moneda deben cobrarse los impuestos y cualquier servicios del Estado lo establece la Ley Monetaria.
Con base en esas disposiciones legales es que el exdirector de Ingresos, Arteaga, señaló que para que se cobren los trámites migratorios debería reformarse la Ley del BCN como cualquier otra norma, para desconocer al córdoba como la moneda oficial en el país.
Arteaga dijo que Ortega “está engañando al pueblo y le roba sus derechos, prueba de ello es que cientos de nicaragüenses querían entrar a su país, pero se les negó hacerle la prueba del coronavirus” por parte de la dictadura, teniendo que ser organismos sociales y hospitales de Costa Rica quienes se solidarizaron y ayudaron a esos nicas varados en la frontera de Peñas Blancas.
“Ortega no ha dado ni un paso a favor de los pobres, por eso de que es un gobierno de los pobres es una gran falacia, una mentira, y se está quitando la máscara”, dijo Arteaga.
Tarifas a los hoteles también encarecen
La dictadura también dolarizó los pagos por los servicios migratorios a los hoteles, hospedajes y negocios similares, además de las multas para quienes contraten a extranjeros sin que estos tengan permiso de laborar en el país.
La iniciativa de reforma a la Ley establece el pago anual del registro de los libros de asistencia de turistas, de hoteles y hospedajes en 5.74 dólares, siendo la misma tarifa para la inscripción automatizada en línea.
Por alojar a ciudadanos extranjeros ilegales los dueños de hoteles pagarán un multa de 28.74 dólares.
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Además por contratar a extranjeros indocumentados en los hoteles tendrá una multa de 143.72 dólares; por dar empleo a residentes y no residentes sin reportarlo a Migración tendrá una sanción económica de 71.86 dólares. Se duplicará la multa cuando haya residencia, según la iniciativa de reforma a la Ley de Migración y Extranjería.
La sed por obtener ingresos de parte del régimen también golpeará a los barcos, yates y otros tipos de transporte marítimo ya que los servicios migratorios andarán desde los 1.27 dólares para autorizar a los cayucos, hasta los 100 dólares para los barcos con nacionalidad nicaragüense y 150 para los extranjeros.
Para los barcos pequeños, camaroneros, acopio y langosteros el despacho en Migración andará desde los 19.09, 25.45, hasta los 40 dólares. En horarios extendidos la tarifa será de 50 dólares a barcos con bandera de otras nacionalidades.