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CONTENIDO EXCLUSIVO.El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y antiguo operador político del Frente Sandinista, Rafael Solís, opina que la certificación emitida por el Consejo Supremo Electoral (CSE) para ampliar el período para solicitar personería jurídica para nuevos partidos políticos, deja claro que no habrá negociaciones sobre reformas electorales en estos próximos meses, hasta que transcurran las elecciones en Estados Unidos, previstas para el próximo 3 de noviembre.
“No habrá negociaciones de reformas electorales hasta que no pasen las elecciones en Estados Unidos. La prórroga está jugando con el factor tiempo, para llevar al suave la cuestión de las reformas. Probablemente quieren ver si Donald Trump pierde y ganan los demócratas, que pudieran tener otro tipo de posición referente a Nicaragua”, dijo Solís, quien por años fue operario del Frente Sandinista en el poder judicial, hasta renunciar a su cargo el 10 de enero de 2019, aduciendo su inconformidad con la sangrienta represión desatada por el régimen en contra de las protestas civiles de 2018.
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Proceso de reforma fue ilegal, pero es válido
Respecto a la forma en que el CSE amplió el plazo para buscar personería jurídica, el exmagistrado expresó que en estricto derecho se debió enviar el proyecto de reforma a la Asamblea Nacional y ahí hacerlas, y no por medio de una simple certificación, como hizo el Consejo Supremo Electoral.
“En realidad el acuerdo es válido mientras la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no lo declare inconstitucional, lo que nunca va a hacer, aunque lo recurran partidos y organizaciones, porque ellos tienen el control del poder judicial y electoral”, señaló Solís.
Reconoce que poder electoral busca fomentar zancudismo político
Solís agregó que esta supuesta benevolencia del CSE hacia los nuevos partidos políticos encierra también una estrategia divisionista del régimen, ya que la intención es hacer más partidos políticos “zancudos” para dividir más el voto que adversa al régimen, además de fomentar que la oposición política “se pelee por las casillas”.
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“La verdadera intención también es dividir más a la oposición y hacer partidos zancudos. Lo bueno es que amplió por 11 meses el plazo para tener personería jurídica. Antes de la nueva disposición el plazo vencía un año antes de las elecciones, es decir dentro de cuatro meses. Ahora al prorrogarlo tienen hasta 1 de junio del próximo año (11 meses) para sacar su personería jurídica, que es más tiempo”, dijo.
El exmagistrado explicó que era difícil cumplir en cuatro meses con los requisitos que exige la Ley Electoral vigente, sobre todo las referidas a que implica hacer una asamblea partidaria en cada uno de los 153 municipios y elegir la junta directiva municipal de cada partido y que a esta elección pueda ir un delegado del CSE.
“El partido que no fuera partido al próximo 7 de noviembre, quedaba fuera y las alianzas en la Ley Electoral actual tienen sus plazos para constituirse y son alianzas entre partidos políticos. Eso es un problema, porque actualmente no podés aliar un partido con una organización empresarial, o un partido con una organización juvenil o con una organización social, entonces tiene que ser un partido político, por ese lado, el que debe aprovecharse de la prórroga”, dijo Solís.
Para Solís, incluso, el régimen orteguista puede discutir reformas electorales hasta enero del 2021 y negociar solo con los partidos políticos que están dentro de la Asamblea Nacional.
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Prioridades para la oposición
Para Solís, la oposición debe priorizar las reformas electorales por encima de las mismas reformas constitucionales, porque estas son más complicadas y deben hacerlas en dos años distintos.
Además, deben discutir otros temas importantes como la liberación de los presos políticos, el ejercicio de libertad de prensa, manifestación pública, de asociación, el cese de los operativos de los paramilitares y un retorno seguro de los exiliados.
Para el próximo 19 de julio, Solís espera que Daniel Ortega realice anuncios para su militancia. “No sé cuáles son, me parece deben ser habladurías para cohesionar a su militancia”, opinó. Rafael Solís tiene dos años y siete meses de estar exiliado en Costa Rica.
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