El Artículo 1 de la Declaración 53/144 de las Naciones Unidas sobre el derecho de promover y proteger los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, dice que “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.
A las personas que realizan actividades con objetivo de proteger los derechos se les conoce como defensores y defensoras de derechos humanos. Ellos y ellas son actores fundamentales en el fortalecimiento y consolidación de las democracias, porque esta se funda en el respeto de los derechos humanos.
“Las personas defensoras realizan actividades de vigilancia, denuncia, difusión y educación, el apoyo a víctimas, la representación y defensa de personas cuyos derechos pueden verse amenazados, y por ello contribuyen de manera especial al respeto, protección y promoción de derechos humanos y libertades fundamentales de las personas”, dijo Fiorella Melzi, Coordinadora de la Sección de Monitoreo I de la CIDH.
Los Estados deben dar garantía a este derecho, pues va de la mano con otros derechos contenidos en la Declaración Interamericana como: la vida, la integridad personal, libertad de expresión, asociación y protección judicial.
“Estas garantías para la Corte, en su conjunto, constituyen un vehículo de realización de este derecho y permiten un ejercicio libre de las actividades de defensa y protección de derechos humanos. Puesto que solo cuando las defensoras y defensores cuenten con una apropiada protección de sus derechos pueden buscar libremente la protección de los derechos de otra personas”, mencionó Melzi.
En el Manual para periodistas “Comunicando con un Enfoque Basado en Derechos Humanos” de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, recalcan las responsabilidades del Estado de aplicar y respetar las disposiciones de la Declaración 53/144.
El gobierno debe “Garantizar que toda persona sometida a su jurisdicción pueda disfrutar en la práctica de todos los derechos y libertadas sociales, económicas, políticas y de otra índole”.
Además hace mención de que el Gobierno debe “garantizar y apoyar la creación y el desarrollo de instituciones nacionales independientes encargadas de promover y proteger los derechos humanos; por ejemplo, mediadores o comisiones de derechos humanos”.
Pero ser defensor o defensora de derechos humanos implica un riesgo para la integridad de las personas, según la CIDH el 35% de las medidas cautelares otorgadas corresponde a personas defensoras de derechos humanos.
En Nicaragua, desde la crisis sociopolítica del 2018, la situación de riesgo ha aumentado para los defensores y las defensoras de derechos humanos, por su trabajo en documentación y acompañamiento a las víctimas de la represión. Muchos han sido criminalizados; víctimas de agresiones físicas, hostigamiento, amenazas de muerte, actos de intimidación y desprestigio, privados de libertad, etc.
Además, nueve organizaciones han sido privadas de su personería jurídica arbitrariamente y esta situación de riesgo ha ocasionado que muchos defensores y defensoras hayan huido a otros países para resguardar su vida.
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Sin embargo, la mayoría continúa con su labor de defensa de derechos desde el exilio como Salvador Lulio Marenco, quién en su momento fue parte del equipo de defensores de derechos humanos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, una de las organizaciones a las que les fue retirada su personería jurídica.
“Ya en el exilio conformamos el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, el cual está enfocado en la preservación de la memoria histórica y en seguir documentando las violaciones a derechos humanos por el régimen Ortega-Murillo”, dice Lulio.
Comenta que el motor de su trabajo sigue siendo ayudar a que las víctimas, por vías internacionales, tengan reparación, la cual va a significar en el futuro cambios para reconstruir una Nicaragua en la que se respeten los Derechos Humanos.
“Si bien es cierto no van a tener una efecto inmediato en su situación o la situación del país, a largo plazo contribuirán a realizar cambios estructurales, cambios necesarios en el país para que las graves violaciones a derechos humanos no queden más que en la memoria y en el pasado, y comenzar a reconstruir una Nicaragua en la cual se respeten los derechos humanos y las personas defensoras de los derechos humanos”.
