De los cien nicaragüenses que el régimen de Daniel Ortega autorizó entrar al país el viernes lograron ingresar 89 por el puesto fronterizo de Peñas Blancas, la noche de este sábado, de un total de 848 migrantes nicaragüenses que están varados en la frontera entre Costa Rica y Panamá.
Los afectados llegaron al puesto fronterizo a eso de las 5:30 de la tarde, pero la entrada fue lenta de 3 en 3, según un equipo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que los recibió en el lugar, ya que los afectados habían puesto denuncia en el formato en línea, que muchos no andaban dinero para regresarse a sus lugares de origen acá en Nicaragua.
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“Nosotros dimos seguimiento a las denuncias, enviamos cartas a las autoridades de Cancillería de Nicaragua porque los denunciantes nos decían que el gran pegón estaba en Migración de Nicaragua. Luego buscamos donantes para cubrir el transporte de al menos 40 migrantes hacia sus casas”, dijo Pablo Cuevas, abogado de la CPDH.
Cuevas también señaló que con todo este protocolo, que las autoridades están imponiendo a los nacionales para entrar al país, están violando el artículo 31 de la Constitución Política que dice que: “Los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país”.
Violan acuerdos
El resto de nicaragüenses que siguen varados en Chiriquí, entre la frontera de Costa Rica y Panamá, siguen en albergues ubicados por las autoridades panameñas en las instalaciones deportivas del Estadio Keny Serracín, y otros en un campamento de Jacú, correspondiente a una iglesia cuadrangular.
Las condiciones son de hacinamiento en los albergues, peligroso por la panademia del Covid-19, denunciaron los afectados. Según Cuevas la preocupación del resto de nicaragüenses es que las autoridades de Migración de Nicaragua no están cumpliendo el acuerdo de dejar entrar al país de 100 en 100 migrantes, cada ocho horas y que el proceso seguirá hasta este lunes, obligándolos a pasar un día más en albergues.
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Los migrantes nicaragüenses irregulares en Panamá se organizaron y solicitaron a las autoridades de ese país que les ayudaran a abandonar ese territorio, porque ya no soportaban las condiciones económicas en que se encontraban, ante la falta de trabajo por la pandemia del Covid-19 en ese país Centromericano.
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El viernes 3 de julio llegaron a territorio fronterizo entre Panamá y Costa Rica los 848 nicaragüenses de los 1,180 que Panamá apoyó con el traslado.