El despido sorpresivo e inmediato del médico infectológo Carlos Quant este jueves por autoridades del hospital Manolo Morales es arbitrario, según el jurista laboral José Antonio López, ya que no se respetó el procedimiento legal establecido en la Ley Sanitaria y la Ley de Carrera Civil y Administrativa.
El doctor Quant, por medio de su opinión independencia, ha sido una de las principales voces criticas sobre cómo el régimen orteguista viene manejando la pandemia del Covid-19.
Al médico además le violaron sus derechos constitucionales a como es el derecho al trabajo, el derecho a un trato igualitario y respeto a un debido proceso, que está ligado al derecho constitucional de acceso a la justicia.
Quant, trabajó 25 años consecutivos en el sistema nacional de salud fue notificado este jueves de su despedido, argumentando una falta muy grave, supuesto abandono del puesto de trabajo del 22 al 29 de mayo, situación que es negada por el médico.
Puede interesarle: Cinco profesionales de la salud con síntomas de Covid-19 murieron en un día en Nicaragua
Lo que dice la ley
Según el artículo 42 de la Ley de Carrera Sanitaria, sobre las faltas graves en su inciso 6, es motivo de procedimiento disciplinario, la inasistencia injustificada del personal de la carrera sanitaria por tres días en el periodo de un mes; pero este procedimiento se regirá de acuerdo a lo dispuesto en el Convenio Colectivo y Salarial vigente y su Reglamento de Aplicación, según el artículo 44 de la Ley Sanitaria.
«El artículo 45 de la Ley Sanitaria sobre la notificación de faltas, manda a que el superior inmediato del funcionario o empleado afectado conociera de la falta grave notificará por escrito a la instancia de Recursos Humanos dentro de los diez días hábiles siguientes de haber tenido conocimiento del hecho acontecido, adjuntando las pruebas y el criterio del porqué constituye falta y solicitando se inicie el proceso disciplinario, enviando copia al funcionario o empleado, para que pueda hacer uso del derecho a la defensa. Este procedimiento no se cumplió», explicó el abogado laborista López.
Mientras el doctor Quant explicó que a él no se le notificó nada. «Lo del abandono de trabajo no es cierto. No me citaron a ninguna reunión o proceso disciplinario, donde me muestren las pruebas de mi supuesta ausencia. Violaron todo el proceso y lo que establece el convenio colectivo firmado por Fetsalud que cubre a todos los trabajadores públicos de la salud que se deben conformar comisiones bipartita y tripartita», dijo el galeno.
Lea Además: Asociaciones Médicas se solidarizan con profesionales de la salud que han sufrido represalias
Violaron proceso
Según el artículo 46 del mismo cuerpo de ley, la instancia designada para conocer y resolver el proceso disciplinario en primera instancia es el responsable de Recursos Humanos o a quien delegue debidamente acreditado y estará facultado legalmente para resolver conforme a derecho, en un plazo no mayor de treinta días hábiles, a partir de que se comenzó a conocer de la causa.
«Una vez agotada la vía administrativa y no quedando conforme el afectado, quedan a salvo los derechos, para recurrir ante autoridades laborales e instancias administrativas y judiciales correspondientes. Aquí vamos ante el Ministerio del Trabajo a formar la comisión tripartita, sino resuelven apegados a derecho podemos irnos en la vía judicial a pedir el reintegro o bien interponer un recurso de Amparo», explicó el abogado laboralista López.
Durante el desarrollo de la pandemia varios médicos han sido removidos de sus puestos como el caso de la directora médica del hospital Manolo Morales. El personal médico también está enfrentando el deceso de muchos de sus miembros a causa del Covid-19, según asociaciones médicas van más de 40 personas fallecidas por esta causa en este gremio.
Puede Interesarle: Asociaciones médicas: salida del doctor Carlos Quant deja al sistema público de salud con 4 infectólogos en medio de la pandemia
El régimen está usando el mismo método de represión que usó contra médicos que apoyaron las marchas sociales en el 2018, donde el número de corridos superaron las 500 personas, entre estas médicos y profesores. Un caso ejemplar fue el despido arbitrario del médico urológo Luis Borge, quien laboraba en el hospital público Lenín Fonseca, y fue removido sin haberle hecho un proceso de acuerdo a la ley.
