El régimen de Daniel Ortega ordenó la expulsión de privados de libertad extranjeros que están cumpliendo pena en los distintos sistema penitenciarios del país, hacia sus países de origen bajo la figura de la “Expulsión” contemplada en el artículo 95 del Código Penal de Nicaragua, revelaron fuentes vinculadas al poder judicial. Sin embargo, esta figura está siendo mal utilizada por la dictadura, según penalistas independientes.
Extraoficialmente se conoce que la medida es para descongestionar las cárceles del país ante la posible presencia del Covid-19, ya que las autoridades no brindan información oficial sobre el contagio de esta pandemia dentro de las prisiones.
Según el Código Penal de Nicaragua la figura de la expulsión se aplica a reos extranjeros cuyas penas privativas de libertad impuestas son inferiores a cinco años. Además, estos reos deben estar con entrada o permanencia ilegal en Nicaragua y las penas podrán ser sustituidas por su expulsión del territorio nacional a instancia del Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público la debe solicitar.
“El extranjero expulsado no podrá regresar a Nicaragua por un período no menor al doble de la pena impuesta por el delito cometido, contado a partir de la fecha de su expulsión. Si regresa cumplirá las penas que le hayan sido sustituidas”, ordena el citado artículo.
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Reos extranjeros tienen penas mayores
Sin embargo, penalistas consultados advierten que los extranjeros condenados en Nicaragua en su mayoría están cumpliendo penas mayores a los cinco años de cárcel por lo que no pueden ser expulsados a través de esta figura.
Un ejemplo claro de la forma ilegal en que el régimen a través del sistema de justicia está aplicando la figura de la Expulsión, es la orden que dio el juez de Tipitapa este 18 de mayo, quien ordenó la expulsión del reo estadounidense Cristhian Alberto Jarquín Durán, acusado de Asesinato en perjuicio de Cristopher Li Medrano González.
“Ese auto no cumple con las exigencias del art 95 del Código Penal. La ley penal sustantiva requiere la existencia de una condena privativa de libertad en contra de la persona extranjera inferior a los 5 años de prisión. En el presente caso, se observa que el ciudadano extranjero aún estaba su proceso en primera instancia pendiente de la celebración de juicio oral y público, de manera que no se cumple con esta exigencia del art 95”, explicó el abogado Elton Ortega.
Además, agregó el penalista, “esta resolución es cuestionable, porque la persona acusada lo estaba siendo por coautoría del delito de asesinato. De manera que de resultar culpable la pena a imponer sería superior a los cinco años que exige el art 95, se vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva a la víctima del delito”, dijo Ortega.
Según penalistas, lo que cabe para reos extranjeros es la extradición, pero esa figura debe coordinarse con autoridades del sistema de justicia de cada país. También participa Cancillería o Relaciones exteriores de cada país.
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La figura de la extradición garantiza el cumplimiento de pena del privado de libertad en su país de origen, mientras la expulsión no. “La extradición es coordinada porque las autoridades deben garantizar que el reo continué cumpliendo su pena allá. Son personas culpables se comprobó su participación en un hecho punible y hay personas afectadas y debe cumplirse el principio de justicia que es universal”, recalcó otro abogado.
Los últimos extranjeros condenados en Nicaragua son los que participaron en el asesinato y tráfico de drogas junto al diputado Francisco Sarria. Las penas son de 30 años de cárcel. Se desconoce que pasará con los reos extranjeros con este tipo de penas.