La Comisión Interámericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Carlos Edy Monterrey, editorialista de la radio “La Costeñísima”, indicando que se encuentra en riesgo actualmente en Nicaragua. Esta radio es un medio independiente que funciona en el caribe sur de Nicaragua.
El 15 de junio de 2019, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor del periodista Sergio Warren León Corea y su familia, quienes se encontraban en riesgo por las labores periodísticas que realiza a través de “La Costenísima” en el contexto de Nicaragua.
La CIDH informó que el 17 de enero de 2020 solicitó información al Estado para que brinde sus observaciones a la solicitud de ampliación de medidas a favor de Monterrey, pero a la fecha, el Estado no ha remitido su respuesta.
Según la CIDH tras analizar la información presentada por el afectado demuestra que los derechos a la vida e integridad personal de Carlos Edy Monterrey, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita al Estado de Nicaragua que:
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a) Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Carlos Edy Monterrey. A tales efectos, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de las personas beneficiarias de conformidad con los estándares establecidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros;
b) Adopte las medidas necesarias para que Carlos Edy Monterrey pueda desarrollar sus labores como periodista sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas, estigmatización por parte de altas autoridades, u otros hechos de violencia en el ejercicio de las mismas.
Además, concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Según información enviada por los periodistas a la CIDH, el objetivo de la intimidación, represalias, amenazas y acoso policial tienen como propósito silenciar a “La Costeñísima”, único medio independiente en el Caribe Sur de Nicaragua.
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Amenazas y más
Pruebas enviada a la CIDH el 1 de octubre de 2019, aproximadamente a las 7:30 a.m., Carlos Eddy Monterrey, editorialista de la radio “La Costeñísima”, habría sido insultado por Manuel Herrera, Ex Secretario Político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en el municipio de El Tortuguero, quien le gritó: “¡golpista!, ¡terrorista! y le habría acusado de haber sido comprado por el imperio”, refiriéndose a los Estados Unidos.
El mismo día, aproximadamente a las 11:00 a.m., Monterrey Duarte, habría sido agredido verbalmente por un individuo identificado como Agustín Soza, simpatizante del FSLN. El hecho habría ocurrido frente a la ferretería Balto Amador en el Barrio Central, en la ciudad de Bluefields.
Entre otras denuncias está el acoso que al menos diez agentes de la Policía Nacional, de la Dirección de Operaciones Especiales conocidos como antimotines y otros policías de línea, con el uniforme celeste de la institución, hacen contra el periodista, apostándose frente a su vivienda, haciendo fotos y videos de su casa y familia.
Los agentes se habrían presentado armados con fusiles AK y las luces de la sirena policial encendida, permanecen por un tiempo aproximado de dos horas frente a la vivienda del señor Monterrey, desde las 5:00 a.m. hasta las 7:00 a.m. en los días hábiles y un poco más tarde durante el fin de semana.
“El 31 de octubre de 2019, la Policía filmó su casa y tomaron varias fotografías al inmueble. Uno de los policías llegó frente a la vivienda gritando: “Salí hijueputa!” Para proteger su seguridad, el periodista ha optado por no salir de la casa cuando hay presencia policial. Ese día, la radio divulgó un video denunciando el asedio policial”, se lee en el informe de la CIDH.
Otros medios de asedio utilizados contra radio La Costeñísima es el ofrecimiento de prebendas y beneficios y restringir la pauta de publicidad por parte de instituciones del Estado y otras. La representación de los beneficiados indicó que muchos generadores de opinión se han abstenido de dar declaraciones a “La Costeñísima” porque cuando se critica al gobierno se sufrirían represalias, por lo cual preferirían no exponerse.
Además, funcionarios públicos habrían sido orientados para no escucharlos, porque la consideran un medio “golpista’’. Los oyentes deben escuchar en sus propios hogares la emisora, ya que en el trabajo serían vigilados por los Gabinetes de Familia, los Consejos de Poder Ciudadano (CPC) y los Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS), quienes informan a sus superiores si los descubren escuchando la radio. La representación indicó que el asedio ya no es solo policial sino también político.
Ataques al sitio web
Entre los actos denunciados está el del 27 de julio de 2019 cuando personas no identificadas intentaron destruir la página web. Según una revisión técnica de la página web reveló que tenían un ataque masivo de 36,153 personas que intentaron bloquear la página, lo cual fue evitado por el sistema de seguridad. Según indicó el periodista Sergio León: “…es obvio que el objetivo es botarnos la página y sacarnos fuera del sistema cibernético, al menos la página web”.
Medidas buscan evitar daños irreparables
Las medidas cautelares buscan evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos. Con respecto al carácter cautelar, las medidas cautelares tienen como propósito preservar una situación jurídica mientras está siendo considerada por la CIDH.
El carácter cautelar tiene por objeto y fin preservar los derechos en posible riesgo hasta tanto se resuelva la petición que se encuentra bajo conocimiento en el Sistema Interamericano. Su objeto y fin son los de asegurar la integridad y la efectividad de la decisión de fondo y, de esta manera, evitar que se lesionen los derechos alegados, situación que podría hacer inocua o desvirtuar el efecto útil de la decisión final.
En tal sentido, las medidas cautelares o provisionales permiten así que el Estado en cuestión pueda cumplir la decisión final y, de ser necesario, cumplir con las reparaciones ordenadas.