La Fiscalía pidió una pena de 17 años y seis meses de prisión para el colombiano
Martha Vásquez
El próximo 12 de julio se leerá la sentencia al colombiano Luis Felipe Ríos Castaño, acusado de intrusión y revelación de secretos de Estado en perjuicio del Estado de Nicaragua.
Durante la audiencia a puertas cerradas, realizada en el Juzgado Quinto Penal de Audiencia, la abogada Silvia Sánchez solicitó cuatro años de prisión para el colombiano alegando concurso ideal de delito, es decir que el señalado en un mismo hecho infringió dos tipos penales.
“Puede decir que pide disculpas, la realidad de las cosas es que él aquí pretendió hacer un daño a la seguridad nacional y tiene que responder conforme a las leyes de este país”, dijo el jefe militar.
Tras conocerse públicamente el caso, algunos medios de comunicación de Colombia han minimizado el hecho y hasta han tildado la información de tener características peliculescas.
ELÍZABETH ROMERO
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“Él comete la intrusión y la revelación de secretos en un mismo hecho, el artículo 85 te dice que tenés que cumplir la pena que le corresponde al delito más grave, que es el de la intrusión de cuatro a ocho, pero la mitad superior, que es la mitad de la pena máxima que son cuatro años, eso fue lo que yo pedí”, explicó Sánchez.
Además aseguró que debe tomarse como atenuante, o circunstancia para disminuir la pena, el hecho que su defendido admitió los hechos por espontánea voluntad.
“Debe tomarse en cuenta como atenuante la admisión de hechos, que hizo el 26 de junio durante audiencia inicial, a como lo contempla la ley”, refirió la abogada.
INTERÉS ECONÓMICO
Mientras tanto la Fiscalía solicitó durante la audiencia 17 años de cárcel, incluyendo los dos delitos, más tres supuestos agravantes.
Según la abogada, una de las agravantes que supuestamente solicitó la Fiscalía fue el móvil de interés económico, es decir cuando se ejecuta el hecho mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria, por el hecho de que el colombiano pagaba por información a los dos miembros del Ejército de Nicaragua, que ya están condenados.
“Para un debate de pena el abogado debe venir preparado y a conciencia solicitar lo que en derecho corresponde, no podemos venir a pedir agravantes inexistentes. Hay agravantes específicas establecidas en cada tipo penal, pero en delitos que atentan contra la seguridad del Estado ningún tipo penal, tiene agravantes específicas y solo hay agravantes genéricas, por la aparente remuneración económica que existió, pero es la única agravante que pudiera tomar en cuenta el juez a la hora de dictar sentencia”, dijo Sánchez.
La abogada espera que se respeten los plazos para la lectura de sentencia y que sea una sentencia aplicada a la ley y la Constitución.
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