- Agustín Jarquín pide que les permitan votar
A pesar de los preceptos de las diferentes Convenciones y Tratados, sobre el respeto a los derechos humanos fundamentales de los migrantes, Alejandro Morlachetti, un especialista argentino, estima que los gobiernos deben hacer un poco más para que los mismos se cumplan más ampliamente.
Durante un taller organizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) y el Parlamento Centroamericano (Parlacen), Morlachetti recordó que la Convención de Migrantes reconoce que las personas que tienen un estatus legal en otro país “se benefician de la legitimidad para reclamar más derechos que los inmigrantes indocumentados”, lo que no implica que no se respete los derechos fundamentales de los indocumentados.
Ante diputados de la Asamblea Nacional, que dictaminan la Ley de Migración y Extranjería, Morlachetti destacó que la Convención de Migrantes es “innovadora”, porque se basa en la noción fundamental de que todos los inmigrantes deberían tener acceso a un grado mínimo de protección.
El especialista en derechos humanos indicó que ese marco jurídico busca “asegurar su derecho (del migrante) a la igualdad ante la ley”, mediante “procedimientos acordes al debido proceso, que tengan acceso a servicios de interpretación y que no sean sentenciados a penas desproporcionadas o injustificadas, como las expulsiones masivas”.
Junko Sazaki, representante del UNFPA en Nicaragua, manifestó que uno de los principales temores que enfrentan los migrantes es reclamar sus derechos, en los países de destino, ya que por su condición de indocumentados consideran que lo más probable es que procedan a deportarlos, y perderían la oportunidad de mejorar las condiciones de vida de las familias que dejan en el país de origen.
Una de las preocupaciones de Sazaki es que también se lesiona a los niños, cuando las familias deciden migrar, porque muchas veces los niños no van a la escuela, no tienen protección y no cuentan con acceso a la salud.
Para la representante del UNFPA, el impacto positivo de la migración es el flujo de remesas que llegan a los países de origen, lo que en Nicaragua significa el diez por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque informaciones recientes indican que los montos de las remesas tienden a disminuir.
La presidenta de la Comisión de Salud, Seguridad Social, Población y Asuntos Laborales y Gremiales del Parlacen, Xanthis Suárez, expresó que esa instancia ha aprobado una buena cantidad de resoluciones sobre el tema de la migración, encaminadas a impulsar estrategias que fomenten los derechos de los migrantes, las cuales, insistió, deben homogenizarse para que sean acordes a las realidades que enfrenta cada país del área centroamericana.
El diputado de la Asamblea Nacional, Agustín Jarquín Anaya, reconoce que debe haber preocupación por defender a los migrantes que son “criminalizados”, al ser calificados como delincuentes, lo que violenta los convenios internacionales.
Sugirió impulsar políticas para los nicaragüenses que radican en el extranjero y han logrado formar familias y establecer negocios, lo que les permite en muchas ocasiones poder incidir para traer brigadas médicas, entre otras ayudas, por lo que debe haber una orientación del Estado para incentivar ese tipo de inversión.
Jarquín Anaya también se pronunció por el respeto de las autoridades gubernamentales a los derechos políticos y civiles de los migrantes, tomando en cuenta su aporte a la economía del país, impulsando leyes que les permitan votar, pero sobre todo que tengan las facilidades para obtener su cédula de identidad, lo que se ha convertido en un problema que las instituciones involucradas no han podido resolver.
