La bancada oficialista y sus aliados aprobaron ayer la última reforma del presupuesto 2009, que incluye una caída de 1,200 millones de córdobas en ingresos, y una reducción de 613 millones de córdobas en los gastos.
La reforma fue aprobada con 47 votos a favor y 39 en contra. Con la bancada oficialista votaron Ana Julia Balladares, Guillermo Osorno y Carlos Olivas, entre otros.
La única reforma que sufrió el proyecto de ley fue a instancias de una moción presentada por el diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Ramiro Silva, en el sentido de aumentar el presupuesto para el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) en 15 millones, los que saldrán del incremento previsto a otras tres instituciones. A la Dirección General del Ingresos (DGI) le restarán 7 millones, a la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) 5 millones y al Ministerio de Defensa 3 millones.
Otra moción aprobada fue condicionar el desembolso al Consejo Supremo Electoral (CSE), “el más premiado” según las bancadas de oposición, a que los incrementos asignados sean exclusivamente destinados a la verificación del proceso electoral.
Los diputados oficialistas y sus aliados no quisieron tocar en lo más mínimo el presupuesto del CSE, una institución cuestionada por haber apañado el fraude electoral en los comicios municipales de noviembre pasado.
Una de las mociones rechazadas fue la del diputado liberal Ramón Macías, quien propuso quitar al CSE 500 mil córdobas para reparaciones de escuelas en Managua. Los diputados oficialistas decidieron que es más importante el CSE, que desde la última reforma al presupuesto del 2008, en diciembre, ha recibido incrementos adicionales cercanos a los 100 millones de córdobas.
Una moción del diputado Eliseo Núñez Hernández, de ALN, se estrelló contra el muro oficialista cuando propuso quitar al CSE casi 10 millones de córdobas para pasarlos al MTI.
DGI y DGA BAJO FUEGO
Los diputados de las bancadas de oposición arremetieron contra los incrementos de más de 21 millones de córdobas, que el Poder Ejecutivo propuso para la DGI y la DGA.
“Esto es para impulsar el terrorismo fiscal”, destacó el diputado Freddy Torres, de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), quien calificó de fracasado al gobierno de Daniel Ortega, porque no ha sido capaz de obtener recursos para financiar el presupuesto.
La oposición señaló que el grueso del gasto del Estado está dirigido a la burocracia, en vez de a la inversión. “Un gobierno tiene que apoyar la economía en tiempos de crisis y la mejor forma es a través de la inversión pública, y no con gasto burocrático”, destacó el liberal Eduardo Montealegre, de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN).
Montealegre señaló que por cada córdoba de inversión de capital en el país, el gobierno gasta 3.64 córdobas en burocracia.
El diputado de esta misma bancada, Pedro Joaquín Chamorro señaló que el CSE ha recibido el mayor incremento de las instituciones públicas en las últimas reformas al presupuesto, con un crecimiento del 14 por ciento.
Víctor Hugo Tinoco, del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), denunció que el Gobierno ha utilizado las finanzas públicas para invertir en la compra de empresas privadas, como el Hotel Seminole.
