Varios policías fueron testigos que en medio de la trifulca Pedro Orozco, representando a los agresores, conversó con el padre Bismarck Conde. (LA PRENSA / ARCHIVO / O. NAVARRETE)

Turbas siguen impunes a pesar de las pruebas

Agredidos declaran para “cumplir requisito”, ya que no confían en que se haga justicia [doap_box title=»Lo que dice la ley» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»] La vocera de la Coordinadora Civil, Luisa Molina, recordó que la ley es clara al señalar que si una persona agrede es violenta o afecta los derechos de otras, hay penas establecidas en […]

  • Agredidos declaran para “cumplir requisito”, ya que no confían en que se haga justicia
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La vocera de la Coordinadora Civil, Luisa Molina, recordó que la ley es clara al señalar que si una persona agrede es violenta o afecta los derechos de otras, hay penas establecidas en el Código Penal y en el Civil y se debe abrir un proceso.

Aunque la Policía aún no actúa contra las personas señaladas de la agresión del pasado 8 de agosto, los integrantes de la CC afirman que no desistirán de su denuncia hasta lograr que se haga justicia.

Además, solicitan a la población, que haya identificado a otros agresores, proporcionar la información para denunciarlos.

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Integrantes de la Coordinadora Civil (CC) nuevamente acusaron ayer, ante la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), a la Ministra de Mifamilia, Meyling Calero; a Cándida Huete, secretaria política del Frente Sandinista (FSLN) en el Distrito Cinco y a los hermanos Pedro y Jorge Orozco, de ser los responsables de la agresión que sufrieron hace algunas semanas.

Sin embargo, aseguran que reiteraron la denuncia por “cumplir el requisito”, porque no confían en que el caso prospere, ya que hace más de dos semanas el periodista Mario Sánchez, quien fue el primer citado por la DAJ a rendir su declaración, presentó fotos y vídeos de los agresores y hasta hoy la Policía ni siquiera les informa del avance de la investigación.

Luisa Molina, Irving Larios e Iván García, por más de una hora cada uno, relataron ante un agente de la DAJ los detalles de la agresión sufrida el sábado 8 de agosto, primero en la Carretera a Masaya, frente al Pollo Campero, y posteriormente en los predios de la Catedral de Managua, donde tenían previsto realizar un acto cultural.

Luisa Molina, vocera de la CC, lamentó la “actitud permisiva” de la Policía hacia los grupos paraestatales y la “falta de preocupación” por hacer cumplir la Constitución.

Agregó que lo único que les piden es que garanticen el resguardo físico al que todos los nicaragüenses tienen derecho y castiguen a quienes han violado ese derecho.

“El caso está estancado. En otros casos la Policía de manera rápida resuelve los casos que son de su interés”, criticó Molina.

Molina relató que pidió al oficial que les tomó la declaración, una explicación de por qué la ministra Calero, Huete y los hermanos Orozco aún no han sido llamados a declarar cuando existe evidencia clara de su participación en los hechos. El oficial le respondió que no tenía información, porque no es el responsable del caso y aseguró desconocer quién podría brindar esos datos.

“Calero estuvo presidiendo los actos de la Patria. Me llama la atención la actitud de la Policía y del Gobierno, de permitir que personas agresivas, violentas y agresivas, que no tienen calidad moral, puedan ser representantes de un Ministerio de la Familia, es preocupante realmente”, señaló Molina.

Además, denunció “persecución” policial contra miembros de la Comisión Coordinadora de la CC, en diferentes zonas del país. “La semana pasada fue citado por la Policía Fernando Sánchez, coordinador de Carazo. La explicación fue que habían recibido una denuncia acusándolos de estar planeando obstaculizar el paso de la antorcha. Algo similar ocurrió en Las Minas”, reveló.

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