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Gerardo Mairena, productor de la comunidad Los Ángeles, ubicada a cuatro kilómetros al oeste del municipio de San José de Bocay, en el departamento de Jinotega, denunció ayer que un miembro del Consejo del Poder Ciudadano (CPC) de ese lugar, identificado como Ramón Carrasco, junto con dos personas más que no son de esa zona, se presentaron ahí a finales de julio para reunir a 35 productores y campesinos y les quitaron dinero en efectivo, escrituras de sus parcelas y cartas de venta de sus vacas con la promesa de darles un financiamiento productivo.
Pero casi dos meses después de esa visita, Mairena cree que fueron estafados por los CPC, pues no han regresado al lugar.
El municipio de San José de Bocay, a más de 200 kilómetros de Managua, es uno de los más empobrecidos del país, con bajo nivel de servicios sociales, incluso falta de letrinas.
Mairena relató que Carrasco y compañía les prometieron financiar el cultivo de frijoles, maíz, café y la crianza de ganado, pero pidieron dinero y escrituras como garantía. El coordinador departamental de los CPC, Félix Hernández, aceptó que algunos miembros de estos Consejos abusan de la población de Jinotega.
“Mis dos vaquitas paridas que tenía para que mis niños bebieran leche y comieran cuajada las tengo, pero sin prueba de que sean mías, porque se las pueden robar y después venderlas con esas cartas de venta que se llevaron y no se han vuelto a asomar después de ese engaño”, denunció Mairena.
COORDINADOR DE CPC ADMITE ABUSOS
El coordinador de los CPC en Jinotega, Félix Hernández, aceptó ante LA PRENSA que existen abusos de varios miembros de los CPC en Los Ángeles y otras comunidades del departamento, pero dijo que los CPC no están facultados para pedir dinero o exigir escrituras y cartas de venta a cambio de obtener supuestos beneficios gubernamentales, por lo que sugirió a Mairena denunciar la estafa de la que fueron víctimas él y otros productores y campesinos.
Según Hernández, los miembros de los CPC que estafen a otros serán destituidos y sancionados, porque insistió en que “ningún miembro de los Consejos del Poder Ciudadano está autorizado” para pedir escrituras de parcelas, casas u otros bienes como supuesta garantía.
Hernández agregó que en la comunidad de Mancotal ya destituyeron al coordinador de los CPC, Julio Rizo, y que viajarán hasta la zona para “aclarar la situación y el abuso a los campesinos de esa comunidad y obligar al abusivo a devolver el dinero que recogió entre los campesinos”, cuyo monto aún desconocen.
El coordinador departamental de los CPC también dijo que el dirigente de los CPC en la comunidad La Vencedora, Wilfredo Palacios, cobró entre 35 y 55 córdobas a varias familias por otro beneficio del Gobierno, pero supuestamente ya lo están obligando a devolver el dinero a la gente. “La misión que tenemos es trabajar a la par de las autoridades en beneficio del pueblo”, subrayó Hernández.
El productor Gerardo Mairena, quien también es auxiliar del alcalde en la comunidad de Los Ángeles, calculó que en el caso de esa zona los 35 afectados entregaron un total de unos 30 mil córdobas, además de sus escrituras y cartas de venta de sus animales.
Mairena agregó que entre los perjudicados están cuatro madres solteras, que al igual que los demás fueron estafadas por Carrasco y sus colaboradores que se aprovecharon de la pobreza de los campesinos y sus deseos de salir adelante.
CPC SIN FUTURO Y CARENTES DE CREDIBILIDAD
Ayer en la Universidad Americana (UAM) en Managua el Centro de Estudios y Análisis Político (CEAP) presentó el estudio Consejos del Poder Ciudadano y gestión pública en Nicaragua, a cargo del investigador y responsable del área de Diálogo Social y Desarrollo Sostenible, Roberto Stuart.
La investigación concluye que la falta de pluralismo político y la dependencia gubernamental de los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano (GPC), creados en el 2007 como espacios de participación paraestatales por el gobierno del Frente Sandinista, carecen de legitimidad y son insostenibles para convertirse en una alternativa de organización para toda la sociedad, sobre todo más allá de este gobierno sandinista.
El CEAP confirma que los CPC y los GPC tienen una estrecha relación con el Estado y el Frente Sandinista que los convierte en parte de la cadena de administración pública.
Así, el tipo de participación al que apuestan los CPC invade los roles de la administración pública y se vuelve instrumental a la prestación de bienes y servicios, que deja a los mismos poco margen para incidir en la definición de políticas o la fiscalización del poder que los ha nombrado.
