- Junta Directiva acordó enviar carta al Presidente, exigiendo que ministros sean ratificados en el parlamento
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La junta directiva de la Asamblea Nacional acordó ayer exigir al presidente Daniel Ortega que envíe, para su ratificación, la lista de ministros, viceministros, embajadores y directores de instituciones que ha nombrado desde el 21 de enero de 2008, lo cual podría terminar salpicando a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Fiscalía General de la República (FGR).
El primer secretario de la junta directiva del parlamento, el diputado liberal Wilfredo Navarro, explicó que si el presidente Ortega no acata la demanda del congreso, podría iniciarse un conflicto entre poderes del Estado y además se abriría un proceso penal en contra de las personas que han violado la Constitución y las leyes.
Las reformas constitucionales que están vigentes fueron impulsadas por los propios sandinistas cuando Enrique Bolaños era Presidente, con la intención de controlarlo. Ahora que Ortega es Presidente, no acata lo que él mismo promovió.
Navarro dijo que estaba previsto que se enviara ayer mismo al Presidente la notificación de la junta directiva de la Asamblea Nacional, demandándole la ratificación de los altos funcionarios nombrados, según lo contempla el artículo 138, numeral 30, de la Constitución.
Ayer participaron cinco de siete directivos en la reunión: los sandinistas René Núñez (presidente del congreso) y Alba Palacios; los liberales Navarro y Óscar Moncada, así como el conservador Alejandro Ruiz.
Carlos García se encontraba en Costa Rica y Juan Ramón Jiménez no asistió debido a asuntos familiares.
“Cuando planteé la solicitud (de que el parlamento exija la ratificación de los ministros), no hubo ninguna oposición y todas las personas que están con la ley y la Constitución estarán de acuerdo con lo que estamos planteando”, sostuvo ayer Navarro.
Ninguno de los directivos sandinistas estuvo disponible para comentar lo sucedido en la reunión de junta directiva.
El jueves, el coordinador de la bancada sandinista, Edwin Castro, negó que el presidente Ortega haya nombrado a funcionarios en los últimos 19 meses, pese a que las publicaciones de La Gaceta lo desmienten.
¿PUGNA ENTRE PODERES?
El diputado Navarro indicó que son por lo menos 24 funcionarios los que deben ser ratificados en la Asamblea Nacional.
“Si (el presidente Ortega) no responde la carta, se crea un problema eminentemente político entre dos poderes del Estado (…). Esto plantearía la posibilidad de un conflicto de poderes, que tendría que iniciar un trámite, el cual sería resuelto por la Corte Suprema de Justicia”, señaló Navarro.
FUNCIONARIOS ILEGALES CON DINERO PÚBLICO
Otro aspecto del conflicto podría desembocar en acusaciones penales en contra de las personas que han violado la Constitución, detalló Navarro, lo cual incluiría al presidente Ortega, quien —en todo caso— goza de inmunidad.
Sin embargo, también podrían abrirse procesos penales en contra de los ministros, viceministros, embajadores y directores de instituciones públicas.
“La Fiscalía tendría que hacerse cargo de las violaciones correspondientes por la violación a la Constitución contra la persona que violó la Constitución, en este caso es el Presidente, quien no está cumpliendo con el artículo 138, numeral 30 de la Constitución; y podrían iniciarse también acciones penales por usurpación de funciones y por manejo de fondos públicos sin tener la autorización”, añadió Navarro.
“La Fiscalía tendría que hacer uso de los mecanismos legales (para seguir el proceso penal); hay por lo menos 10 delitos cometidos con estos nombramientos, sin que tengan la validez que corresponde”, indicó el legislador.
Navarro sostuvo que son por lo menos 24 los funcionarios que actúan ilegalmente, aunque los sandinistas le habrían dicho que a lo máximo son cuatro los nombramientos que deben ser ratificados en el congreso.
NO IMPORTA LA CANTIDAD
“Los sandinistas están diciendo que no son 24, que son dos, tres o cuatro, pero es igual la violación. Con uno que no haya mandado a la ratificación están violentando la Constitución y el Presidente, que es el principal funcionario que tiene que cumplir con la ley, está desacatando lo que está en la cumbre de la pirámide de Kelsey, que es la Constitución”, mantuvo Navarro.
