Meyling Calero (dcha), primero viceministra de Turismo y ahora ministra de la Familia, ha asumido los cargos de forma ilegal en las dos ocasiones porque no ha sido ratificada por la Asamblea Nacional. (LA PRENSA/ B. Picado)

Exigen legalizar a funcionarios

Directivos del parlamento quieren obligar a Ortega mande a ratificar a funcionarios en ilegalidad ante ese poder del Estado [doap_box title=»Los diplomáticos» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»] Por lo menos ocho diplomáticos que representan a diez misiones de Nicaragua en el exterior no han sido ratificados en la Asamblea Nacional, como exige la Constitución de la República. Gilda […]

  • Directivos del parlamento quieren obligar a Ortega mande a ratificar a funcionarios en ilegalidad ante ese poder del Estado
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Por lo menos ocho diplomáticos que representan a diez misiones de Nicaragua en el exterior no han sido ratificados en la Asamblea Nacional, como exige la Constitución de la República.

Gilda María Bolt, José Cuadra Chamorro, Carlos Enrique Corea L., David Sydney McFields M., Rosa Adilia Vizcaya B., Mauricio Lautaro Sandino Montes, Ramón Enrique Leets Castillo (dos nombramientos) y Saúl Arana Castellón son los jefes de misiones diplomáticas que no han sido ratificados en el parlamento.

El presidente Daniel Ortega ha defendido en todo momento la existencia de un sistema de gobierno parlamentarista en Nicaragua, sin embargo algunos diputados lo critican porque ni siquiera respeta lo que está vigente en la Constitución.

“Estamos en una situación de total irrespeto a la Constitución y las leyes de parte del presidente Ortega, legalmente esos nombramientos, todo el accionar de esos funcionarios, es ilegal y la única presión que existe es declarar la ilegalidad de las actuaciones de estos funcionarios”, indicó Wilfredo Navarro.

“Aquí hemos visto que el Gobierno ha estado cambiando ministros y embajadores sin que sean ratificados y eso es arrogancia, soberbia del Presidente”, comentó Carlos García.

Respetar leyes

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Algunos viceministros y al menos ocho embajadores no han cumplido con ese requisito constitucional

“Todo lo que orienta o determina la Constitución tiene que cumplirse, porque éste es un país apegado a derecho y si no se está haciendo lo correcto, lo práctico es aclararlo. Lo importante es aclarar las cosas, qué se hace fuera del marco legal y qué tiene sanciones en este sentido”, dijo ayer el diputado Juan Ramón Jiménez, aliado al FSLN.

Los diputados liberales ante la Asamblea Nacional prometieron que para hoy, en la reunión de Junta Directiva, exigirán formalmente que el presidente Daniel Ortega envíe, para su ratificación en el parlamento, a los ministros, viceministros y embajadores que ha nombrado desde el año pasado.

El primer secretario de la junta directiva, Wilfredo Navarro (Partido Liberal Constitucionalista, PLC), detalló que los nombramientos de Ortega violan la Constitución y representan un conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, que en última instancia debería ser resuelto por el Poder Judicial.

Mientras, el segundo vicepresidente y miembro de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Carlos García, manifestó que los funcionarios que no han sido ratificados han firmado convenios y contratos fuera de la ley.

Entre el PLC y ALN suman a cuatro de siete directivos, lo cual les daría la posibilidad de ordenar al presidente Ortega que envíe al congreso, para su ratificación, a los funcionarios nombrados.

Por su parte, el diputado Juan Ramón Jiménez, de la Bancada por la Unidad Nicaragüense (BUN), se pronunció a favor de que se respete la Constitución, aunque no aclaró si respaldará la demanda legislativa que obligaría al presidente Ortega enviar al parlamento la ratificación de los ministros, viceministros y embajadores que ha nombrado desde el 20 de enero de 2008.

El presidente de la Comisión de Asuntos del Exterior, Francisco Aguirre Sacasa, informó el lunes pasado que el nombramiento presidencial de al menos ocho embajadores (que representan a diez misiones diplomáticas) no han sido ratificados en la Asamblea Nacional con el respaldo del sesenta por ciento de los diputados (56), como lo estipula el artículo 138, en su numeral 30, la Constitución de la República.

De acuerdo al escrito que supuestamente introducirá hoy Navarro ante la Junta Directiva, Ortega “comete el delito tipificado en la legislación penal como ‘delito contra la Constitución Política’, con las consecuencias que esa acción ilegal conlleva”.

¿POR QUÉ NO HAN HECHO NADA?

Sin embargo, si el presidente Ortega ha nombrado a sus ministros, viceministros y embajadores desde enero de 2008, sin la ratificación del congreso, la pregunta que gravita en el ambiente es ¿por qué los diputados de oposición no han tomado cartas en el asunto?

“Nos hemos enfocado más en cuestiones políticas, a (que) si hay o no unidad, a ver quién es el líder de la oposición y no nos hemos enfocado en el respeto de las leyes y la Constitución”, respondió García.

Las bancadas del PLC, ALN, Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) y Movimiento Renovador Sandinista (MRS) suman 45 votos.

Navarro sostuvo que el presidente Ortega ha evitado la ratificación de los ministros por dos motivos: no tiene los 56 votos para lograr la aprobación de sus nombramientos, pero tampoco tiene en su contra a esos mismos 56 diputados, lo cual le permite atropellar las facultades del Poder Legislativo.

“La Asamblea puede demandar oficialmente al Presidente para que cumpla con la Constitución. Si el Presidente desacata la Constitución, hay que iniciar un proceso penal por desacato a la Constitución, pero volvemos a lo mismo: el Presidente tiene una investidura y un control sobre la Asamblea Nacional”, admitió Navarro.

FUNCIONARIOS AL MARGEN DE LA LEY

Navarro y García coincidieron en que los ministros, viceministros y embajadores que no han sido ratificados en la Asamblea Nacional han actuado al margen de las leyes.

“El ejercicio de estos cargos sin la ratificación de la Asamblea Nacional invalida cualquier actuación que estos funcionarios realicen, pues estos nombramientos no se consideran firmes hasta su ratificación y constituyen un atropello al Estado de Derecho, profundizando el irrespeto del Presidente de la República a la Constitución, a las Leyes y a la Asamblea Nacional”, establece parte del documento que Navarro dijo introducirá hoy ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

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